La conversión, por Jaime De Althaus

La última encuesta de CPI confirma que la intención de voto por Keiko Fujimori, 32,5%, dobla la de su más inmediato perseguidor, Pedro Pablo Kuczynski (19,9%). 

También revela que este último ha crecido principalmente a costa de Alan García, que venía subiendo pero que en la última medición bajó dos puntos, quedando en 10,1%, acaso debido a la megaacusación por los ‘narcoindultos’. 

Es casi seguro que Keiko Fujimori llegue a la segunda vuelta y que tenga ahora más posibilidades de ganar, sobre todo si los ‘narcoindultos’ siguen mellando a Alan García. 

Su principal rival, sin embargo, no será ninguno de los que está en lista, sino el antifujimorismo, que agrupa a los que ven en Fuerza Popular el peligro de una reencarnación del autoritarismo de los 90 o que sencillamente aborrecen el lado oscuro de lo que ocurrió en esa década. Más aun si, como señala esa encuesta, un 20% votaría en blanco, lo que implica, según Alfredo Torres, que hay sitio para un ‘outsider’ moderno al estilo de Gastón Acurio (que no va a participar), solo que no se ve quién podría ser a estas alturas.
 
La principal tarea del fujimorismo, entonces, sería la de persuadir a los antifujimoristas de que ya no son un peligro y que, más bien, están comprometidos con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. 

En la campaña del 2011, Keiko Fujimori pidió perdón por los excesos cometidos por su padre, deslindó con Montesinos y aseguró ser una demócrata.

Pero eso no basta. En el fujimorismo no ha habido una reflexión crítica seria acerca de lo que ocurrió en los 90. No existe un documento que revise los hechos y las decisiones tomadas ni siquiera para entender si había razones objetivas en algunos casos o se trataba de pretextos o de impulsos de fuerza dentro de una estrategia de control político total que permitiera la perpetuación en el poder. Esto a fin de saber si los fujimoristas han desarrollado una auténtica sensibilidad por el Estado de derecho y por el respeto a la ley y una percepción precisa de lo que es una arbitrariedad. Pero también para extraer las lecciones correspondientes y formular recomendaciones de reforma institucional, en la medida en que fallas de diseño pudieran haber creado situaciones inmanejables en medio de una crisis extrema como la que se vivió a inicios de los 90. 
 
Jorge Morelli argumenta que la nuestra es una democracia de baja gobernabilidad porque en ella el Congreso tiene más poder que el Ejecutivo, y el Poder Judicial más que ambos. 

Propone un rediseño de la arquitectura constitucional para restablecer el equilibrio entre poderes redistribuyéndole poder al Ejecutivo. Esa, por ejemplo, sería una propuesta institucional que entroncaría con lo mejor de la experiencia de los 90. Se trataría de encontrar un justo medio entre la concentración de poder en una sola mano y la anarquía de la atomización feudal y partidaria actual.  
 
Algo por el estilo, porque la mayoría no aceptará que el fujimorismo pretenda regresar al poder luego de los atropellos de los 90, sin haber hecho un trabajo serio de conversión democrática.