Paolo Guerrero, capitán de la selección peruana de fútbol en el Mundial de Rusia 2018, declaró durante casi tres horas ante las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, que tienen a su cargo la investigación a “Los Cuellos Blancos del Puerto”. El delantero fue citado en calidad de testigo para dar detalles sobre el viaje que realizó a Suiza en mayo de este año con el entonces presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo.
A su salida de la sede de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional en la Avenida España, el futbolista guardó silencio. Sin embargo, su abogado Julio García dio un breve pronunciamiento.
"Paolo ha sido citado para aclarar algunos temas, como ustedes saben esta es una diligencia reservada. Paolo está dispuesto siempre a colaborar con la justicia [...] Eso es todo [lo que puedo decir], la información es reservada", manifestó.
Fuentes del Ministerio Público indicaron a El Comercio que Oviedo utilizó el referido viaje para evitar la primera citación que le realizó un juzgado de Chiclayo (Lambayeque] por las pesquisas penales que afronta por el presunto delito de homicidio calificado por el Caso “Los Wachiturros de Tumán”.
“Oviedo habría solicitado al reunión con Gianni Infantino [presidente de la FIFA] precisamente para evitar dicha diligencia, obstruyendo así la justicia”, comentaron desde la fiscalía.
Tras la audiencia con Infantino, la defensa de Paolo Guerrero presentó una medida cautelar ante el Tribunal Federal Suizo para dejar sin efecto la decisión del TAS (Tribunal Arbitraje Deportivo), que lo suspendió durante 14 meses por haber dado positivo en una prueba antidoping, medida que le impedía jugar el mundial.
A fines de mayo, el Tribunal Federal Suizo suspendió de manera temporal el castigo del TAS. Con ello, el atacante pudo disputar la Copa del Mundo.
El jueves pasado, la Policía Nacional detuvo preliminarmente a Oviedo, al ser imputado por el Ministerio Público como miembro del tercer nivel de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, integrada por prominentes jueces, ahora destituidos, y hombres de negocios.
Edwin Oviedo, quien dirige la FPF desde enero de 2015, es investigado por "cohecho" y "tráfico de influencias".
Un día después, el juez del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Carlos Chanamé Chumán, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por los presuntos delitos de asociación ilícita en agravio del Estado y homicidio calificado de los dirigentes sindicales Manuel Rimarachín Cascos y Percy Farro Witte.
El fiscal Juan Carrasco afirmó que en la azucarera Tumán "había una organización criminal dedicada a silenciar a todos los opositores a la administración judicial que había sido designada por el señor Edwin Oviedo".
"La teoría de la Fiscalía está relacionada con el hecho de (querer) permanecer en la administración de la empresa Tumán y apropiarse del patrimonio de la empresa (...). Cualquier opositor, definitivamente era callado", explicó Carrasco a RPP Noticias.
En su reemplazo, la Federación es conducida por el vicepresidente Agustín Lozano.
