Partidos del nuevo Congreso podrían recibir hasta S/20 millones: aquí te explicamos el porqué

La legislación vigente será puesta a prueba, pues este tipo de financiamiento estatal está planificado para períodos ordinarios de cinco años y no para extraordinarios.

Cuatro especialistas consultados por El Comercio coinciden en que las nuevas organizaciones que han logrado representación en esta última elección deberán ser beneficiadas con esta subvención. Y ya no les corresponde a las que antes la venían recibiendo pero no alcanzaron a poner legisladores tras la disolución.

“Lo manda la ley: las elecciones congresales generan fondos partidarios. Lo que normalmente ocurre es que esta subvención es por cinco años. Pero estamos ante una situación anómala. La ONPE debe hacer un cálculo y hacerlo oficial”, afirma José Tello, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral (IPDE).

“Lo que correspondería es que se redistribuya la torta del financiamiento. Más allá de que la norma esté pensada en cinco años, [...] el financiamiento público directo es un ‘premio’ a la representación. En esa medida, los partidos del 2016-2019 perdieron representación con la disolución y la nueva elección”, sostiene José Ñaupari, experto en derecho electoral.

“La ley otorga financiamiento a quienes logran representación en el Congreso. Teniendo en consideración que hay partidos que ya no están, no tendrían por qué ser financiados”, dice Alejandro Rospigliosi, experto en derecho constitucional.

En tanto, Fernando Tuesta, politólogo de la PUCP, remarca que “los partidos que tienen representación en el Congreso deben recibir financiamiento público directo a partir de marzo”.

Tarea pendiente

En lo que no hubo consenso entre los especialistas es en cuál sería la fórmula para estimar el desembolso: el cálculo habitual se realiza para plazos de cinco años, pero el Congreso extraordinario empieza a mediados de marzo y tendrá 15 meses y medio en funciones.

Para algunos, correspondería transferir solo el equivalente a un período anual; otros creen que se debe desembolsar por la totalidad del tiempo que durará esta nueva legislación. Esto deberá ser dilucidado por la ONPE.

La fórmula habitual para establecer el financiamiento total resulta de multiplicar la cantidad de votos emitidos en las elecciones por el 0,1% de una UIT (S/4,3 al 2020). El dinero les corresponde solo a los partidos que hayan alcanzado escaños en el Parlamento; en este caso, nueve.

Para su distribución, se divide en dos partes: el 40% se fracciona de forma equitativa entre los partidos; mientras que el 60% restante se reparte según la cantidad de votos obtenidos.

Pero el dinero no se transfiere en una sola entrega. Lo que le corresponde al partido deberá dividirse entre cinco, que es la cantidad de años que dura un período parlamentario ordinario. Luego, esa cantidad se fraccionará entre 12, a fin de obtener el monto mensual que será depositado en una cuenta del partido en el Banco de la Nación.

Siguiendo este criterio, a través de un análisis realizado por El Comercio junto con el abogado José Tello del IPDE, se estima que las nueve agrupaciones podrían recibir en conjunto hasta S/20 millones en los 15 meses que tendrá esta gestión [ver gráfico].

Si solo se les desembolsara por un período anual, la cifra descendería a S/16 millones.

Acción Popular recibiría mensualmente unos S/176 mil; mientras a Podemos Perú, el Frepap y APP les corresponderían más de S/150 mil mensuales.

Proyección del financiamiento público directo para el nuevo Congreso:

Caño cerrado

El Frente Amplio y Contigo (antes Peruanos por el Kambio) tenían representación en el Parlamento anterior y accedían al financiamiento estatal. Según confirman a este Diario dos de sus dirigentes, Marco Arana y Salvador Heresi (quien ayer renunció a su militancia), el depósito que recibían mensualmente –y que estaba estimado hasta el 2021– se cortó en setiembre del año pasado, tras la disolución.

“Consideramos que fue arbitrario porque el financiamiento, si bien es cierto era calculado en base al número de congresistas, era al partido. Entonces, al cerrar al Congreso dejan de funcionar las bancadas, pero no los partidos”, dice Arana.

El FA obtuvo en el 2016 veinte parlamentarios. Ahora, con el 6,16% de votos válidos en los comicios del 26 de enero, solo logró poner nueve, por lo que sus ingresos serán significativamente menores.

Heresi indica que tienen claro que disuelto el Parlamento y al no superar la valla en esta elección ya no les corresponde el financiamiento. “Va a ser muy complicado, se tendrá que apelar a los aportes personales, a algún tipo de actividad que permita recabar recursos”, indica.

Fuentes del Partido Morado, que por primera vez alcanza representación en el Congreso, detallan que internamente ya tienen algunos estimados de cuánto les correspondería de financiamiento público.

A lo largo de una semana y por distintos medios, este Diario intentó recoger alguna postura oficial de la ONPE para este informe, pero no hubo respuesta.

Falta capacidad de ejecución

Otro problema que se ha detectado es que los partidos no ejecutan al 100% los montos que les entrega el Estado [ver gráfico]. ¿Qué pasa con ese dinero? José Tello remarca que las agrupaciones políticas lo están reteniendo y no existen mecanismos para que regresen a las arcas públicas.

También resalta que muchos partidos “no son orgánicos” y “no tienen vida partidaria más allá de un proceso electoral”. En ese contexto, al solo activarse en cada elección, algunos no tienen cómo ejecutar la subvención del Estado.

Existe una propuesta para que se cambie esta dinámica y se fomente el principio de anualidad; es decir, que lo que no se reportó como gastado en un año a la ONPE sea devuelto.

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