:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/BBCCZ3BHJBFQJPWNFWY7J7JL6U.jpg)
Carlos Neyra
El congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular) retornó ayer al Parlamento después de cumplir una suspensión de 120 días en sus funciones por la denuncia de tocamientos indebidos a una tripulante de la aerolínea Latam.
Sin embargo, además de ese caso –que la fiscalía continúa indagando–, el legislador es investigado por el presunto delito de lavado de activos y está pendiente de resolverse una acusación por el delito contra la administración de justicia en forma de falsa declaración.
La investigación por lavado de activos, que lleva abierta más de dos años, se inició a raíz de una denuncia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por mentir en su hoja de vida cuando postuló al Legislativo en las elecciones del 2016.
En la declaración jurada que Mamani presentó al JNE, declaró ingresos anuales por S/466.000, además de seis terrenos por un valor de S/4’505.000; sin embargo, una pesquisa de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) de la PNP –efectuada para la indagación por ese delito– revela que el congresista fujimorista omitió información al ente electoral.
De acuerdo con la policía, el parlamentario tiene nueve inmuebles en Lima, Puno y San Martín valorizados en US$9’739.000. Es decir, más de S/32 millones.
► ¿Qué políticos involucraron a sus familiares en casos de corrupción y lavado de activos?
► Miguel Atala y otros testaferros detrás de los presidentes
—El expediente—
El Comercio accedió al expediente sobre Mamani que contiene tres informes emitidos entre el 2017 y 2019 por la Dirila. Estos concluyen que, tras analizar la información de 254 inmuebles vinculados al congresista, varias direcciones que figuran como de compañías son inexistentes o no fueron ubicadas.
La hipótesis policial indica: “[Se] habrían constituido diversas ‘empresas de papel’, a fin de ocultar sus activos ilegales bajo la apariencia de negocios lícitos a fin de dar apariencia de legitimidad a los activos”.
En marzo de este año, la policía además identificó nueve inmuebles de Mamani: dos están en Lima, dos en Puno y cinco en San Martín. El congresista ha reconocido estas propiedades, pero en algunos casos estaban subvaluadas, ya que se trata de edificios, viviendas construidas y fundos agrícolas. Las pesquisas policiales han determinado que el valor comercial de estos asciende a US$9’739.000.
Para la Dirila, estos “inmuebles reúnen las condiciones para su incautación [por la investigación] que se sigue a Moisés Mamani a cargo de la Fiscalía Provincial en delitos de lavado de activos de Juliaca”.
Por este motivo, la PNP requirió a la fiscalía de Puno “aplicar la orden de inhibición sobre los bienes, muebles e inmuebles de Moisés Mamani, como medida preventiva para evitar su venta o posibles embargos”.
Cabe destacar que el fiscal Héctor Huacasi, quien inició la indagación a Mamani en agosto del 2016, fue reemplazado por Sandra Huayta.
La magistrada solo ha solicitado que la policía realice la verificación de una denuncia periodística que vincularía al parlamentario con actos ilícitos que habrían ocurrido en la provincia de Sandia, en Puno.
Si bien Huayta también apeló la negativa del Poder Judicial para levantarle el secreto bancario, bursátil y tributario a Mamani, el pedido no procedió porque no se le ha retirado la inmunidad por este caso.
El plazo de la investigación preliminar al congresista por lavado de activos vence en agosto de este año.
Sobre el tema de la inmunidad, la ex procuradora de lavado de activos Janet Briones recordó que “en el caso de Joaquín Ramírez se le levantó el secreto bancario al parlamentario Osías Ramírez; entonces, no fue impedimento que sea congresista. Lo que la norma no permite es que sea procesado”.
Recalcó que la fiscalía “no necesita conocer el delito fuente [para formalizar una investigación], sino una actividad criminal que produce ganancias ilícitas que te proveen los activos delictivos”.
Respecto al estimado que realizó la policía a los bienes, Mamani respondió a este Diario: “Que saquen la pericia [peritaje]. […] Bueno, la policía me justificará eso, no sé de dónde ellos sacan esa cantidad de dinero. Si la policía dice que tengo US$ 10’000.000, ellos tendrán que sustentarlo. Yo no puedo decir nada”, enfatizó.
—Las irregularidades en la hoja de vida—
En su hoja de vida presentada para las elecciones del 2016, Moisés Mamani consignó que laboró como gerente de la empresa Seguridad y Vigilancia Privada entre los años 2005 y 2015, pero, según las verificaciones del JNE y la fiscalía, la compañía estaba de baja de oficio desde el 6 de enero del 2009. Así lo indica la acusación presentada por la fiscal Marcia Gonzales Álvarez, a la que este Diario accedió.
Cabe recordar que el 3 de marzo del 2016, un mes antes de las elecciones, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Puno advirtió irregularidades en la hoja de vida de Mamani, como haber consignado un centro de trabajo inexistente y la falta de acreditación con documentos de su formación académica. Pese a ello, no objetó la candidatura al Congreso.
En diálogo con El Comercio, el parlamentario dijo: “Nunca he faltado a la verdad ni he mentido”.
Para el abogado en temas electorales Julio Castiglioni, el JEE de Puno “debió haberlo excluido de la lista por haber mentido en su hoja de vida […]. Se podía excluir a los candidatos que habían sido condenados o los que habían faltado a la verdad, hasta un día [antes de las elecciones] según la ley vigente”.
—El dato—
La fiscalía investiga a Moisés Mamani por encabezar una supuesta organización criminal que lava activos producto de la minería ilegal, la defraudación tributaria y el narcotráfico.
