Pedro Castillo: los escenarios y posturas ante el informe que lo acusa de traición a la patria

Dicho documento plantea inhabilitar por 5 años al mandatario en el ejercicio de la función pública producto de presuntas infracciones constitucionales, así como acusarlo por el supuesto delito de traición a la patria. [ver cuadro].

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El primer filtro que tendrá que pasar el informe es la votación en la propia subcomisión. La actual nómina de este grupo que preside Rosío Torres (APP) –17 miembros– está en una situación particular porque podría ver variada su conformación producto de la renovación de integrantes de la Comisión Permanente.

No obstante, fuentes de la subcomisión señalaron a El Comercio que hasta que no se oficialicen los cambios sigue la actual nómina del grupo, que prevé sesionar este viernes o lunes para someter a votación el informe de Soto. “Esta subcomisión ha estado muy equilibrada, en muchas ocasiones la presidenta tuvo que dirimir el voto”, comentaron.

Ese escenario ya ocurrió en febrero pasado, cuando la subcomisión declaró procedente la denuncia contra Castillo por mayoría, tras el voto dirimente de Torres luego de un empate a 8 entre las posturas a favor y en contra.

De acuerdo a las posiciones recogidas por este Diario entre los actuales miembros del grupo y el panorama que vislumbran fuentes de la presidencia de la comisión, la discusión inicia con posturas divididas y se prevé al momento una votación ajustada.

“Muchas cosas pueden ocurrir, incluso si no se aprobase el informe [archivo], se eleva y la Permanente lo voltea [el resultado de la subcomisión] y pide nueva investigación”, agregaron fuentes de la comisión.

Un detalle adicional es que Somos Perú retiró a José Jerí como miembro de la subcomisión. Él se opuso en febrero a que la denuncia sea declarada procedente. La vocera de la bancada, Kira Alcarraz, informó este martes a El Comercio que ella tomará la posta a su colega en la subcomisión.

En tanto, Alejandro Cavero´, de Avanza País, señaló a este Diario que ya no forma parte del grupo y que su puesto será ocupado por su colega Norma Yarrow, quien hizo propia la denuncia constitucional presentada por Lourdes Flores Nano, Francisco Tudela, Frenán Altuve-Febres y otros.

Algunos legisladores dijeron que aún no culminaban de leer el informe de 89 páginas, otros señalaron partir con una opinión favorable a aprobar todos los extremos del escrito y, principalmente desde la izquierda, se apunta a rechazarlo.

Entre los argumentos de la denuncia se señala la imposibilidad del desdoblamiento entre la persona de Pedro Castillo –a raíz de sus comentarios– y su rol como funcionario público de cara a las consecuencias de la declaración de un jefe de Estado. Se cuestiona también su intención de convocar a una consulta popular sobre la modificación de las fronteras peruanas, pese a que en el ordenamiento jurídico nacional no existe alternativa para ello; que haya aseverado que la salida al mar “es un derecho de Bolivia”; y que por ello no actuó en defensa de la Carta Magna.

Entre otros, se señala que incluso su declaración “fue interpretada como una expresión de voluntad del pueblo peruano por el presidente de la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Freddy Mamani, quien, a través de un tuit, el 26 de enero del 2022, con motivo de la salida al mar para Bolivia, agradeció el gesto del presidente Castillo.

En sus descargos, Pedro Castillo sostuvo que no ha cometido infracción constitucional. Ello porque no ha sometido nada a referéndum, no ha cedido territorio, no ha dejado de personificar a la nación, emitió solo una “idea personal” u opinión que no puede constituir delito ni un acto de gobierno, no tiene intención de otorgar salida al mar para Bolivia y su respuesta se basó en el “hipotético caso” planteado por el entrevistador.

También sostuvo que la denuncia no ha desarrollado fáctica ni jurídicamente las infracciones constitucionales imputadas. “En ningún momento, durante la entrevista o después, ha realizado acto en ejercicio de sus facultades, competencias o atribuciones constitucionales para ceder un solo centímetro de territorio peruano de manera temporal o permanente a Bolivia, mucho menos otorgando la soberanía a aquel país sobre el espacio peruano”, apuntó también el informe final.

Solo las posturas desde Perú Libre, el Bloque Magisterial y Cambio Democrático –a las que se podrían sumar Jorge Flores Ancachi, de Acción Popular, y Óscar Zea, de Podemos Perú– suman 8 votos en contra, la mitad de los 17 integrantes de la subcomisión. Si el resto vota a favor, Torres tendría que dirimir.

En diálogo con El Comercio, Zea prefirió no especificar el sentido de su voto, pero se expresó en contra del informe, pues consideró que el presidente Castillo solo hizo “un comentario”. “Lo que ha dicho el presidente Castillo es como una posibilidad, pero en ningún momento expresó que entregaría soberanía […] Hay una formalidad para proceder y esa, en absoluto, no existe. Tenía que haber hecho cosas concretas, empezar con el procedimiento, pero nada de eso hay”, explicó.

En febrero, Flores Ancachi votó en contra de que la denuncia sea declarada procedente y siga su camino en la subcomisión. Consultado por este Diario, Edgard Reymundo, de Cambio Democrático, prefirió no comentar su postura para “no enturbiar” el informe final que alista del caso de la vicepresidenta Dina Boluarte, pero aseguró ya tener una opinión “bien formada” sobre los hechos en torno al jefe de Estado. La vocera alterna de su bancada, Ruth Luque, manifestó en Twitter que se trata de “un informe carente de motivación y que busca forzar la salida del presidente. En resumen, llegar al poder por la puerta falsa”.

Por su parte, la vocera de Perú Libre, Kelly Portalatino, declaró a la prensa que “el golpismo está en todo su esplendor”. “Definitivamente, nosotros no vamos a ir a favor de la inhabilitación que plantea esta acusación constitucional […] Es una desesperación, quieren ya sacarlo del mandato presidencial al presidente Pedro Castillo Terrones, nosotros no vamos a estar sujetos al juego”, refirió.

Alejandro Muñante, representante de Renovación Popular en la subcomisión, indicó a este Diario tener una postura favorable a la aprobación del informe en todos sus extremos. “Me muestro favorable en primera instancia. En principio, las conclusiones estarían ceñidas a lo que el texto constitucional dispone. Este tipo de declaraciones son abiertamente inconstitucionales”, refirió. Su colega de bancada José Cueto dijo esperar que el asunto llegue al pleno del Congreso en un mes.

Martha Moyano aseveró que ella y sus colegas de Fuerza Popular también respaldan las conclusiones del caso. En Avanza País también se respalda el informe de Wilson Soto, de Acción Popular. Este Diario intentó precisar las posturas desde Alianza para el Progreso (APP), pero cabe recordar que María Acuña votó en febrero a favor de que la denuncia se declare procedente y que Rosío Torres, presidenta de la subcomisión, tuvo que dirimir a favor ante un empate.

“Justamente leeré el informe mañana, ya que recién decidí tomar la Subcomisión de Acusaciones y, si hay sustento, por supuesto que lo respaldaría con mi voto”, comentó Kira Alcarraz, vocera de Somos Perú, a El Comercio.

Este proceso contra el presidente Pedro Castillo se da en medio de las investigaciones que se le siguen en el Ministerio Público, en donde se le imputa liderar organizaciones criminales, así como ante voces parlamentarias que promueven una tercera moción de vacancia en su contra. Para Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, “cualquier salida que contemple el cambio de Gobierno es positiva para evitar la crisis que estamos viviendo porque el país está paralizado”.

1

“No voy a responder [...] Yo no tengo tiempo para distraerme en otra cosa".

Pedro Castillo, presidente de la República. 9/8/22

2

"Es una exageración, no tiene fundamentación constitucional para solicitar esa inhabilitación al presidente. Sería un escándalo que a un presidente se le vaque con un informe que no tiene sustento constitucional, legal".

Dina Boluarte, vicepresidenta de la República. 9/8/22

3

“Es un informe inconsistente, que en realidad no encuentra ningún tipo de sustento […] Es un documento inconsistente, ya el presidente articulará su defensa. No podemos tener tanto desprecio por la democracia”.

Alejandro Salas, ministro de Trabajo. 9/8/22