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Luego de indecisiones, reprogramaciones e intercambio de oficios, la Comisión de Fiscalización del Congreso comunicó que sus integrantes acudirán este lunes 27 a Palacio de Gobierno a las 9:30 a.m. para tomar la declaración del presidente Pedro Castillo en calidad de investigado. El grupo parlamentario indaga las reuniones no transparentadas del mandatario en una vivienda ubicada en el pasaje Sarratea, en el distrito limeño de Breña.
La precisión respecto de la fecha y hora se informó luego de que Castillo Terrones confirmara su intención de responder ante el grupo de trabajo que preside Héctor Ventura, legislador de Fuerza Popular. En diálogo con El Comercio, este consideró que la cita no debería ser reservada: “No solamente espero, sino que debe ser pública”.
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“Ese día haremos mención a que las sesiones de la Comisión de Fiscalización son públicas de acuerdo a la moción de orden del día 1412, pero si el presidente dispone que sea privada pone en tela de juicio su actitud. Se supone que el primer mandatario del país debe ser transparente y directo. No sé por qué tendría que ser privado si no se está tocando temas de secreto de Estado ni vulnerando la honra de algún ciudadano. Acá se está investigando presuntos actos de corrupción que inclusive señalan al presidente”, aseveró.
No obstante, recientes antecedentes contradicen las pretensiones de Ventura. En marzo del 2018, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski recibió a la Comisión Lava Jato del Congreso en Palacio y declaró por más de siete horas.
Un año antes, en febrero, el economista dialogó con la Comisión de Fiscalización en torno a una investigación sobre su otrora asesor Carlos Moreno. Ambas diligencias se desarrollaron en privado.
De otro lado, Ventura estimó que la sesión durará unas tres horas y acotó tener a título personal unas treinta preguntas para Castillo Terrones.
El parlamentario subrayó la importancia de que el presidente Castillo responda de manera clara y transparente, y recordó que no se trata de una diligencia judicial. “Si es que él quiere guardar silencio, está en su derecho constitucional. Pero las preguntas serán objetivas y bastante claras”, agregó.
El último miércoles, legisladores de Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular y Perú Democrático también opinaron que la sesión debería ser pública por transparencia, pese a que los investigados tienen la facultad de pedir reserva en las comisiones investigadoras.
Coordinaciones
Ese día también se conoció que Castillo solicitó a la comisión se le remita el expediente del caso. El grupo puso a disposición del mandatario y sus abogados la documentación, pero precisando que para ello debían acudir a las oficinas del Legislativo.
Fuentes parlamentarias señalaron a El Comercio que, hasta el cierre de este informe, ningún representante del mandatario acudía aún a las oficinas de la comisión.
Desde esta, además, se envió un oficio a la Secretaría General del Despacho Presidencial, con quien se coordinó la fecha y hora de la sesión en Palacio, solicitando las facilidades para la diligencia del lunes.
Dicha comunicación, según fuentes de la comisión, se remitió ante la preocupación porque hasta la tarde de este jueves no había una respuesta concreta del Ejecutivo pese a la difusión de la agenda.
El documento remitido a la secretaría de Palacio contiene la relación de congresistas integrantes de la comisión, personal de servicio parlamentario y asesores del grupo legislativo que participarán en la sesión del lunes. Se trata de los nombres de los 18 miembros de la comisión y unos cinco asesores.
Este Diario se comunicó con Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo, para conocer sus expectativas sobre la cita, pero este se excusó de declarar por encontrarse en el extranjero.
Este jueves, durante una reunión con organizaciones sociales en Chiclayo, el presidente Pedro Castillo refirió que “no se ve ahora” que corruptores estén tras las rejas, además de los corrompidos. “Pero sí quieren callar muchas cosas poniéndonos el cliché de corruptos, quieren callar estos escenarios de corrupción históricos en el Perú que se llevan más de S/22 mil millones al año”, expresó.
