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![En la propuesta se detalla que buscan la derogatoria de la norma N° 26519, la cual le brinda este beneficio a los exjefes del Estado | Foto: Congreso / Referencial](https://elcomercio.pe/resizer/aFHTw6u34A7_B50S6KyrQLLtREo=/1200x680/smart/filters:format(jpeg):quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/R2GKAIOK65GBZEGINNWGGQDPNA.jpg)
La segunda vicepresidenta del Congreso, Digna Calle (Podemos Perú), con el apoyo de parlamentarios de su bancada, presentó un proyecto de ley en el que propone derogar la ley que establece la pensión vitalicia para expresidentes de la República.
En la propuesta, que lleva las firmas de los legisladores José Luna Gálvez, Enrique Wong Pujada y José Elías Ávalos, se detalla que buscan la derogatoria de la norma N° 26519, la cual le brinda este beneficio a los exjefes del Estado.
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En el documento, la parlamentaria detalla que luego de haberse aplicado el test de proporcionalidad al régimen de la pensión vitalicia, “se concluye que el mismo no es idóneo, necesario y ponderado”.
“La pensión vitalicia de expresidentes no es idónea, por cuanto la Ley N° 26519, ley que establece pensión para expresidentes Constitucionales de la República, genera una discriminación, al sobreponer a un expresidente frente al resto de la población, más aún, respecto de aquellos aportantes y exaportantes del sistema nacional de pensiones que solo tienen 5 años de aportaciones, no pueden acceder a una pensión”, se lee en el proyecto de ley.
Seguidamente, argumenta que la pensión a un exmandatario es un “gasto superfluo” e innecesario que no aporta en la lucha contra la pobreza y el hambre en el Perú. Calle destaca que, al contrario, demuestra un trato diferenciado entre expresidentes y la población.
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“Por ende, la derogación de la Ley N° 26519, Ley que establece pensión para expresidentes Constitucionales de la República, es oportuna y necesaria”, indica la integrante de la Mesa Directiva del Parlamento.
Asimismo, Digna Calle asegura que la iniciativa legislativa no contraviene ninguna norma de rango constitucional ni legal y tampoco los derechos de las personas que se han beneficiado hasta el momento de este beneficio.
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