¿Político o técnico? Expertos opinan sobre informe de contraloría

El informe de la Contraloría General de la República que recomienda acciones legales contra once funcionarios, entre ellos el ex ministro de Transportes Martín Vizcarra, por presuntas irregularidades en la adenda del proyecto de Chinchero ha generado una fuerte respuesta de parte del Gobierno, desde donde han acusado al contralor de actuar de manera política con una auditoría deficiente.

El informe considera dos grandes motivos por los cuales la adenda sería irregular:

1. La adenda fue firmada el 3 de febrero del 2017 antes de que se cumpla el plazo de tres años desde la firma del contrato y se hizo sin que haya un acreedor permitido aprobado por el MTC.
2. La adenda modificó las condiciones de competencia del proceso sin mantener el equilibrio económico financiero, lo que generaría una pérdida de más de 40 millones de dólares.

Al respecto, ya se han pronunciado tanto el ex ministro Martín Vizcarra como su reemplazo, Fiorella Molinelli, así como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El Comercio consultó con el ex procurador anticorrupción Christian Salas y con el economista especialista en políticas públicas Pablo Secada sobre la validez, tanto del informe de la Contraloría como de las críticas por parte del Gobierno.

- ¿El informe es político?
​Según Salas, la labor de la contraloría se ha llevado a cabo dentro del marco de lo que le faculta la ley. "El informe es eminentemente técnico. No está concluyendo responsabilidades penales. Encuentra datos que generan sospechas y por eso, luego, procede a dar recomendaciones que las autoridades deciden si acatan o no", señaló.

Sin embargo, Secada consideró que el trabajo de la Contraloría General de la República está siendo utilizada con fines políticos para desestabilizar al Ejecutivo y que el propio contralor trabaja para "asegurar su supervivencia". "Edgar Alarcón está en la mira del fujimorismo por haber sido nombrado por allegados a Ollanta Humala en el Gobierno anterior", indicó.

Salas no descartó el aprovechamiento político del informe sobre la adenda de Chinchero, pero añadió que eso ya no le compete a la contraloría. "Cualquier acción legal en el Poder Judicial, Ministerio Público o una procuraduría que esté referida a un funcionario público va a generar un impacto político", comentó.

- ¿Es deficiente?
Christian Salas consideró que el informe está bien hecho y que ha detectado elementos suficientes para que haya sospecha de que el Estado se vería afectado con esta asociación público privada (APP). "No se puede seguir adelante si partimos de contratos donde habrían actos de corrupción porque los intereses del país están por encima de todo", subrayó. 

Secada consideró que el informe es irregular por recomendar acciones legales contra funcionarios sin que especifique cómo se llevó a cabo el presunto delito de negociación incompatible. "Solo con dolo se puede hablar de un proceso penal. No puede decir que Vizcarra y Molinelli deben ser sometidos a procesos penales. La contraloría no tiene el marco legal para hacer eso", aseguró.

- ¿Es vinculante?
​El Gobierno anuló el contrato y la adenda del proyecto de Chinchero antes de que fuera público el informe de la contraloría. Vizcarra indicó que fue por "falta de consenso político" que no podía seguir adelante la concesión con Kuntur Wasi, pero previamente había asegurado en reiteradas ocasiones que acataría los resultados de la auditoría del ente contralor.

"La Contraloría no tiene la capacidad para decirle al Ejecutivo que frente algo. El Gobierno podría no haberle hecho caso y seguir, así como ocurrió con la Interoceánica, pero saben que más adelante se verán involucrados en un proceso de corrupción de funcionarios", aseguró el ex procurador Salas.

Pablo Secada concluyó que la única manera de considerar como determinante el informe de un contralor es que se haga a través de un ente que sea realmente autónoma del poder político y con una carrera de servicio civil.

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