El juez Jorge Chávez Tamariz también dictó la medida coercitiva contra los exministros René Cornejo Días y José Javier Ortíz Rivera, investigados por colusión desleal en agravio del Estado. (Foto: El Comercio)
El juez Jorge Chávez Tamariz también dictó la medida coercitiva contra los exministros René Cornejo Días y José Javier Ortíz Rivera, investigados por colusión desleal en agravio del Estado. (Foto: El Comercio)
Redacción EC

El juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Suprema, dictó 12 meses de impedimento de salida del país contra el expresidente (PPK), en el marco del caso sobre los presuntos actos de corrupción vinculados al Proyecto Carretera Interoceánica Perú-Brasil IIRSA Sur.

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[Declarar] fundado el requerimiento del representante del Ministerio Público (...) impongo la medida coercitiva procesal de impedimento de salida del país por el plazo de 12 meses”, se lee en el documento al que accedió El Comercio.

Además, el magistrado Chávez Tamariz aplicó la misma medida a los exministros René Cornejo Días y José Javier Ortíz Rivera. A los tres investigados se les sindica la comisión del presunto delito de colusión desleal en agravio del Estado.

De esta manera, el Poder Judicial aceptó en parte el requerimiento del fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, y quien solicitaba dictar 36 meses de impedimento de salida del país.

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Pérez alegó ante el juez que su pedido corresponde para “asegurar” los actos de investigación, los mismos que actualmente están en etapa preparatoria, a efecto de continuar en una etapa intermedia y juicio oral. Resaltó que la pena a los investigados es hasta los 15 años.

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Según la fiscalía, PPK, en su condición de titular del Consejo Directivo de Proinversión, cuando ocupó el cargo de ministro de Economía y Finanzas, habría “presuntamente defraudado al Estado concertándose con los representantes de la empresa Odebrecht y asociadas, así como funcionarios públicos para favorecerla en el proceso de la concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánica Perú-Brasil IIRSA SUR, tramo 2 y 3, ocasionando perjuicio patrimonial al Estado, siendo que del desarrollo de los hechos expuestos encontramos las siguientes irregularidades advertidas como indicios de concertación”.

Desde el 2019, el exjefe de Gobierno (2016 - 2018) viene cumpliendo con una orden de arresto domiciliario en medio de su investigación por el caso Westfield Capital, también relacionado a pagos por parte de la constructora brasileña Odebrecht.

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