Susana Villarán: Contratos ficticios validaron US$4 mlls. para la reelección

Después de recibir los aportes económicos para la campaña contra la revocación, Susana Villarán tuvo el mismo gesto con dos ex funcionarios de alto nivel de las constructoras brasileñas: se comunicó con ellos para agradecerles su apoyo. Así lo sostuvieron Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht en el Perú, y José Aldemário Pinheiro (conocido como Léo Pinheiro), ex presidente de OAS, en sus declaraciones ante el equipo especial del Caso Lava Jato que fueron incluidas en el pedido de prisión preventiva para la ex alcaldesa.

El fiscal Carlos Puma Quispe, a cargo de la investigación, también encontró evidencias sobre aportes ilícitos realizados en la campaña en la que Villarán buscó la reelección. Dos colaboradores eficaces declararon que OAS realizó contratos ficticios con dos compañías del empresario César Meiggs para entregar US$4 millones a la causa de la ex alcaldesa.

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El Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva por 36 meses para Villarán, los ex gerentes edilicios José Miguel Castro y Gabriel Prado, y otros tres imputados, por presuntamente haber recibido US$10 millones de Odebrecht y OAS para las campañas contra la revocación (2013) y por la reelección (2014) de la ex alcaldesa. A continuación, las principales evidencias encontradas contra ellos.

1. Castro habría solicitado aportes por igual a Odebrecht y OAS para la campaña del No.

El 2 de enero del 2012, Marco Tulio Gutiérrez adquirió el kit electoral para revocar a la alcaldesa e inició su campaña. Cuatro días después, Villarán nombró a José Miguel Castro gerente municipal y a Domingo Arzubialde gerente de Promoción de la Inversión Privada.

Según la fiscalía, estos nombramientos tuvieron como trasfondo que Villarán se mantuviera en el poder. Así “habría orquestado su idea de pedir dinero para su campaña por la no revocatoria y posteriormente para su reelección, a las empresas brasileñas que tenían intereses en la Municipalidad de Lima, a cambio de beneficios para aquellas obras”, señala el pedido fiscal al que este Diario accedió. Estas constructoras fueron Odebrecht, a cargo del proyecto Vías Nuevas de Lima, y OAS, ejecutora de Línea Amarilla.

Para llevar a cabo la campaña a su favor, Villarán se puso en contacto con el publicista Luis Favre, a través del ex primer ministro Salomón Lerner Ghitis. Favre se contactó con su colega brasileño Valdemir Garreta para realizar la asesoría a través de la empresa FX Comunicaciones.

Garreta se reunió con Villarán en Lima. La ex alcaldesa le habría dicho que la persona encargada de coordinar la campaña era José Miguel Castro. La remuneración del equipo de publicistas fue acordada en US$3 millones.

Entre fines del 2012 e inicios del 2013, Susana Villarán, a través de Castro, solicitó US$3 millones a Odebrecht, y la misma cantidad a OAS, según la fiscalía. Esta información está respaldada en las declaraciones de Barata, el cruce de llamadas entre Castro y los funcionarios de Odebrecht Guilherme Borjes de Queiroz y Raúl Ribeiro Pereira, el testimonio de Valdemir Garreta y declaraciones de colaboradores eficaces.

Castro le habría indicado la forma de pago a Barata: US$2 millones a Garreta para el pago de la asesoría publicitaria y US$1 millón en cuentas y efectivo. Villarán se habría contactado con Barata para insistir en el pedido de Castro, así como para agradecerle por la entrega del dinero. Las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas, la caja 2 usada para contribuciones ilícitas, registran pagos por US$711 mil a ‘Budián’, nombre clave con el que se referían a Castro.

Para la recepción de parte de estos fondos, se abrió una cuenta en la Banca Privada de Andorra, en la que Gabriel Prado era el beneficiario. Su abogado, Eduardo Roy Gates, señaló que no se le hizo ningún depósito. Agregó que aún no ha sido notificado.

2. OAS realizó aportes de su propia división de sobornos con contratos ficticios.

La fiscalía cuenta con el testimonio de un colaborador eficaz que señaló que a inicios del 2013 el ex directivo de OAS Valfredo de Asis fue citado a la Municipalidad de Lima a conversar con Villarán. Ella le habría dicho que el proceso de revocación era “muy duro y que un cambio en la gestión municipal iba a ser muy perjudicial para el desarrollo del proyecto”. A continuación, Castro le dijo que la campaña iba a costar US$8 millones que serían repartidos entre las empresas con concesiones en la municipalidad, por lo que le correspondería pagar US$3 millones a OAS.

Además, Léo Pinheiro afirmó que Castro y Villarán le solicitaron aportes para esta campaña en una reunión. El empresario estaba interesado en mantener la ejecución del proyecto Vía Parque Rímac (o Línea Amarilla).

OAS cumplió los pagos. Para ello realizaron contratos ficticios con la empresa de colocación de avisos en medios Momentum Ogilvy, representada por Óscar Vidaurreta Yzaga, agencia que contrató parte de la publicidad de la campaña contra la revocación. Los contratos ficticios se realizaron con las sucursales de Ogilvy en Ecuador, Colombia y Chile. El colaborador que dio esta información señaló que fueron “completamente ficticios”. La defensa de Vidaurreta indicó que aún analizan el caso.

La constructora utilizó ‘doleiros’ para introducir los fondos al país y entregárselo a Luis Gómez-Cornejo –por indicación de Castro–, quien lo distribuyó a Anel Townsend y Enrique Juscamaita.

Otros testimonios refieren que el ex directivo Alexander Alves le entregó US$1 millón en efectivo a Gómez-Cornejo. En comunicación con El Comercio, su abogado Karl Borjas rechazó los cargos y señaló que hasta el miércoles fue considerado testigo del caso.

3. También se firmaron contratos ficticios para la campaña por la reelección.

Dos colaboradores eficaces han señalado que en la campaña de reelección de Villarán del 2014 se usó la misma modalidad de recaudación de fondos ilícitos. Según uno de ellos, José Miguel Castro le solicitó a Léo Pinheiro US$4 millones “por el tamaño del proyecto [Vía Parque Rímac]” que tenían en desarrollo. El empresario brasileño aceptó.

De parte de la constructora, Leonardo Fracasi se encargó de realizar contratos ficticios con el empresario César Meiggs, a quien Castro había designado para estos trámites. Los acuerdos fueron suscritos con sus empresas de construcción CMR y Servicios Generales Generación.

“A veces se efectuaban servicios reales con el objeto de disfrazar la generación de caja 2, pero se ponían valorizaciones sobre precios de servicios que no correspondían, eso se hizo en las empresas Generación y CMR”, indicó uno de los colaboradores eficaces.

El informe final de la campaña del 2014 ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registró ingresos por un total de S/1,3 millones. En el proceso de verificación, la fiscalía constató que 39 personas señalaron no haber realizado aportes y que seis dijeron que no dieron recursos para la campaña de Villarán, sino para otras candidaturas de su agrupación. También se detectó que se subvaluaron los gastos en medios de comunicación y paneles publicitarios.

4. Ex funcionarios edilicios sostienen que Villarán dirigió la campaña.

La fiscalía ha considerado los testimonios de los ex colaboradores de Villarán Eduardo Zegarra, Gustavo Guerra García, Anel Townsend, Daniela Maguiña y Marisa Glave para señalar que la campaña contra la revocación fue dirigida por la propia alcaldesa. Como prueba de ello, sostiene que la ex autoridad participó en varias reuniones de planificación, eligió a Luis Favre como publicista y a Townsend como jefa de campaña. Castro también tuvo protagonismo en las coordinaciones, según los testigos.

Además, en el allanamiento de la vivienda de Villarán la fiscalía incautó el libro de la asamblea general de socios de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana. De esta incautación, la fiscalía concluye que ella no solo estaba informada sobre el grupo, sino que lo habría mandado a crear, pues sus integrantes eran miembros de su gestión edilicia.

La asociación fue creada el 21 de noviembre del 2012, cuando el proceso de revocación ya estaba en marcha, y estuvo conformada por los ex funcionarios Marco del Mastro Vecchione, Cecilia Lévano de Rossi, Guillermo Loli Ramírez, Jorge Antonio Torres Padilla, Daniela Maguiña Ugarte y los militantes de Fuerza Social Brigido Marcos Oriundo Naupari y Natividad Marín Lozano. Crearon cuatro cuentas donde se depositaron S/1 millón y US$228 mil, la mayoría en efectivo, proveniente presuntamente de los fondos ilícitos de las constructoras brasileñas.

5. El dinero ilícito se utilizó para el pago de publicistas y contratos en medios.

Los pagos a la empresa de Garreta se realizaron de la siguiente forma: Odebrecht aportó cinco cuotas de US$400 mil cada una, entre mayo del 2014 y mayo del 2015; mientras OAS realizó cuatro entregas de 500 mil reales aproximadamente, entre junio y agosto del 2013. En total, recibieron US$3 millones. Favre cobró medio millón de dólares de estos fondos.

La campaña por el No contrató publicidad con medios y paneles publicitarios por un total de S/5’460.246,33, de acuerdo con las cartas enviadas por las empresas de comunicaciones. La fiscalía tiene la hipótesis de que la mayor parte de este dinero no fue bancarizado ni en las cuentas de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana ni en las de María Julia Méndez Vega, tesorera de la campaña. Por ello, consideran que los aportes en efectivo fueron la vía para inyectar los fondos que Castro recibió de Barata.

Además, la fiscalía da cuenta de contratos entre la Municipalidad de Lima y participantes en la campaña contra la revocación. La empresa Visionaria, representada por Óscar de la Flor Arbulú, participó en la campaña y brindó servicios a la gestión de Villarán por S/571 mil. También incluyó a los artistas Magaly Solier, Julio Andrade y Christian Thorsen, quienes fueron contratados por S/7 mil cada uno en el 2013.

6. Contratos firmados por las constructoras no pasaron por el MEF.

La fiscalía sostiene que el Concejo de la Municipalidad de Lima aprobó la iniciativa privada Proyecto Vías Nuevas de Lima y la adenda al contrato de Línea Amarilla sin contar con la opinión previa del Ministerio de Economía (MEF), pese a que era obligatorio. Ambos contratos fueron firmados en los primeros meses del 2013, después del presunto pedido de aportes a ambas empresas.

*Con la colaboración de Martín Calderón, Rocío La Rosa, Rodrigo Cruz y René Zubieta.