El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial. En dicha demanda se buscaba establecer las condiciones en las que un jefe de Estado puede ser acusado.
La demanda, interpuesta el 25 de julio de 2024, alegaba un “menoscabo en sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la presidenta de la República”.
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Sin embargo, el TC concluyó que, si bien el Consejo de Ministros aprobó la interposición de la demanda, esta careció de una “autorización expresa de la titular del Poder Ejecutivo para que el presidente del Consejo de Ministros interponga una demanda competencial”.
“En virtud de lo expuesto, corresponde declarar inadmisible la demanda”, se lee en el auto de inadmisibilidad.
Ante ello, el Tribunal Constitucional otorgó al Ejecutivo cinco días hábiles “para que subsane la omisión advertida, bajo apercibimiento de declarar la improcedencia de la demanda”.
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El pasado 17 de mayo de 2024, el Consejo de Ministros acordó, de manera unánime, interponer una demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, alegando un “menoscabo” en el ejercicio de las competencias y funciones de la Presidenta de la República. Esta demanda fue presentada oficialmente el 7 de agosto.
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