“Los números dicen que el plan de Santiváñez no funciona”: la crítica del empresariado al gobierno tras el atentado en Trujillo

Por medio de un comunicado, el Colectivo PAS (País Seguro)- que agrupa a 35 gremios y asociaciones de la sociedad civil, entre ellos la Confiep y Transparencia- indicó que el nivel de violencia en el que se encuentra el país “debe generar un sentido de urgencia en el gobierno, de manera que tomen acciones concretas inmediatamente”.

El Colectivo PAS remarcó que los hechos de violencia sucedidos en La Libertad, en referencia a que bandas delincuenciales relacionadas a la minería ilegal volaran torres de alta tensión en Pataz y el ataque con explosivos en contra del Ministerio Público, constituye “un claro desafío y amenaza” del crimen organizado en contra de la institucionalidad y la seguridad.

En ese sentido, exhortó al gobierno y al Congreso “a trabajar para no debilitar las normas que permiten combatir el crimen organizado”. Y, además, a fortalecer las funciones de la administración de justicia y de la Policía Nacional. “No debemos permitir que el terror vuelva a ensombrecer el futuro de todos”, finalizó.

Lee también: Juan José Santiváñez pierde respaldo de congresistas de derecha tras atentado en Trujillo: ¿Quiénes marcan distancia?

“Debe cumplir su palabra”

Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto de la Tore, recordó que el 27 de setiembre pasado, el ministro del Interior manifestó su disposición a renunciar al cargo en caso el estado de emergencia que fue declarado en 14 distritos de Lima y el Callao no tuviera “buenos resultados”.

De la Tore subrayó que el plazo del primer estado de emergencia concluyó el 26 de noviembre y que la extensión de este por 45 días, el último viernes 17 de enero.

“En total, [el estado de emergencia] tuvo 105 días de vigencia. No obstante, las cifras no han mejorado significativamente [...] En el 2024 se ha registrado un total de 2.126 homicidios representando un incremento del 27% respecto al 2023. Y en lo que va de 2025, se han presentado, al menos, 106 asesinatos”, manifestó.

“El visible aumento de la violencia demuestra que el estado de emergencia no ha cumplido con su objetivo principal. En consecuencia, el ministro del Interior, Juan José Santivañez, debe cumplir su palabra”, complementó.

El empresario señaló que el atentado contra la sede del Ministerio Público en Trujillo “sin lugar a duda pone en evidencia la falencia de mecanismos para combatir la inseguridad ciudadana de manera efectiva”. “Como hemos indicado anteriormente, la declaración de estados de emergencia de manera aislada no es la solución”, acotó.

Lee también: La capitulación del Interior

Las cifras no lo respaldan

El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Julio Pérez Alván, consideró que “los números dicen que el plan” de Santiváñez para frenar la ola de inseguridad “no funciona”, al referirse al aumento de las muertes en los primeros días de enero (106 en 19 días), en comparación a las cifras del mismo mes hace un año.

“Lo que él ha planteado no está dando resultados, quisiera escuchar a los alcaldes de los distritos donde se ha dado este estado de emergencia, sería interesante que ellos hablen”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Pérez Alván refirió que si la presidenta Dina Boluarte dice que le dio todos los recursos que el ministro del Interior le solicitó y a pesar de eso, no tiene resultados, “ahí debería haber un cambio” en la cartera.

El titular de ADEX sostuvo que la política del Ejecutivo para frenar al crimen organizado “no es suficiente” y subrayó que el atentado en Trujillo “me hace recordar a las épocas del terrorismo”.

“En la minería ilegal, la dinamita circula abiertamente, que esto haya pasado a la ciudad es gravísimo, lo que se necesita es un nuevo plan, donde todos los sectores intervengan”, acotó.

Lee también: El gobierno del horror

A su turno, el presidente de Comex Perú, Alonso Rey Bustamante, sostuvo que “no existe una decisión” por parte del gobierno de Boluarte de “aplicar mano fuerte” para enfrentar el desborde criminal que vive el país. Agregó que la mandataria no solo debe evaluar la continuidad del ministro del Interior, sino de todos los funcionarios que están por debajo de él.

“El aumento de la violencia no solo es en Trujillo, en Ica han asesinado a un periodista, las autoridades tienen que hablar menos y ejecutar más. Es hora de tomar decisiones drásticas”, manifestó en diálogo con este Diario.

Rey Bustamante dijo que “es evidente” que el estado de emergencia ha fracasado. “No se ha reducido la violencia ni la inseguridad, pedimos que actúen con más firmeza y que sean efectivos”, concluyó.

Por medio de un comunicado, Comex Perú indicó que “el ministro del Interior no está a la altura de las circunstancias”. “Brindar seguridad es el servicio básico y esencial que debe dar el gobierno. Si no es capaz de hacerlo, ha fracasado”, complementó.

Se debe exigir resultados

El presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Jorge Zapata, también remarcó que los estados de emergencia en Lima, el Callao y La Libertad, entre otras regiones, “no han funcionado”. “No sé si están planificando bien, se habla mucho de que esto permite que intervengan las Fuerzas Armadas, pero nadie nos ha contado sobre cuántos efectivos disponen y su logística”, añadió.

Zapata señaló que el gobierno “sí está perdiendo la batalla” en contra del crimen organizado, en la medida de que este mal “está creciendo diariamente”.

“El elemento principal es tomar la decisión de hacer un verdadero plan, que haga un inventario de las capacidades que tiene el Estado para enfrentar al crimen organizado y que las normas que no sean adecuadas se cambien. También se debe establecer cuáles son las zonas más afectadas”, expresó en declaraciones a El Comercio.

El empresario, además, hizo un llamado al Ejecutivo y al Congreso para que se pongan de acuerdo para que se restablezca lo antes posible la detención preliminar en caso de no flagrancia.

Lee también: Juan José Santiváñez: las consecuencias de su negativa de entregar su cuenta de ICloud a la fiscalía

Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, Eduardo Ferreyros, dijo que su gremio lamenta profundamente el atentado en Trujillo, que ha sido perpetrado “por un grupo reducido de personas que, a través de la violencia, busca la inestabilidad del país”.

“Por ello, en el corto plazo, el gobierno debe activar un equipo profesional de inteligencia para frenar los actos violentos en el país, así como evaluar a las autoridades competentes y exigir resultados tangibles que beneficien a toda la población”, subrayó a este Diario.

Ferreyros, exministro de Comercio Exterior y Turismo, exhortó al Ejecutivo y al Congreso a trabajar juntos para diseñar normas adecuadas “que permitan combatir eficientemente el crimen organizado y fortalezcan las funciones de la administración de justicia y de la Policía Nacional en lugar de debilitarlas”.

“Ya hemos vivido tiempos oscuros donde el terrorismo destruyó nuestro país y no se debe repetir la historia. Tenemos la impresión de que los delincuentes vienen avanzando absolutamente más rápido que la defensa a los ciudadanos, una carrera que venimos perdiendo y están sacando cada vez más ventaja. Se necesitan acciones rápidas para vencerlos”, finalizó.

Además…

Boluarte reconoce que el Perú tiene un problema de criminalidad organizada

Durante su participación en el Foro Económico Mundial, que se realiza en Davos (Suiza), la presidenta de la República, Dina Boluarte, reconoció que el Perú tiene un problema “de criminalidad organizada y trasnacional”. Aunque remarcó que este mal es global y no solo del país.  

Boluarte afirmó que su gobierno “está lidiando” con la criminalidad organizada y refirió que su administración encontró a la Policía Nacional “sin la logística necesaria”. “Ahora estamos entregando uniformes, equipos, camionetas y motos [...] De la noche a la mañana tampoco podemos vencer”, manifestó.  

La jefa de Estado, además, dijo que el Perú ha recuperado su “tranquilidad política, económica y social”. Esto a pesar de que, atentando en Trujillo, donde dinamitaron la sede del Ministerio Público, y el aumento de muertes en el inicio de 2025.  

En conferencia de prensa, tras una nueva sesión del Consejo de Ministros, el titular del Mininter, Juan José Santiváñez, admitió que las denuncias por extorsión han aumentado en los últimos meses. Agregó que la Policía Nacional está “yendo con todas sus fuerzas” en contra de ese mal.  

Santiváñez también criticó a los “opinólogos” que compararon la situación del Perú con la de otros países de América Latina.  

“En México, mueren 100 personas diariamente; en Colombia tuvieron 13 mil muertos en el 2024. Estamos haciendo un trabajo comprometido”, expresó. 

Al ser consultado sobre si daría un paso al costado, el ministro del Interior respondió que “nuestro cargo siempre está a disposición de la presidenta” y del jefe del Gabinete. Añadió que ellos tienen el poder de decidir sobre su continuidad.  

Acuña se lava las manos 

Por su parte, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, sostuvo que la institución responsable de revertir los índices de criminalidad en su jurisdicción y en el país es la Policía Nacional y refirió que él no tiene nada que ver.  

“Porsiacaso las estrategias no las hace el gobernador, el responsable constitucionalmente re revertir esto [la inseguridad] no soy yo, es la Policía Nacional, es el Ejército, nada tengo que ver yo [...] ¿Yo soy general, soy política, yo debo estar persiguiendo al extorsionador, tengo que estar viendo que no utilicen dinamita?”, manifestó en conferencia de prensa en Trujillo.