
A pocas horas del atentado contra la sede del Ministerio Público en la ciudad de Trujillo (La Libertad), el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, respaldó al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y adelantó que el gobierno “no tiene previsto hacer cambios”. No obstante, desde el Congreso, un sector de la derecha recién ha empezado a cuestionar al polémico abogado.
Al ser consultado sobre si cabía la salida de Santiváñez, Adrianzén respondió que “menos en este momento” y que el Ejecutivo “no tiene previsto hacer cambios ministeriales”.
“Y si hay que hacer reformas y mejoras lo haremos, la disposición final la tiene siempre la señora presidenta [Dina Boluarte] respecto no solo de Santiváñez sino de todos los ministros. De momento, lo que anuncio es que la continuidad del Gabinete está garantizada y vamos a hacer reformas, sobre todo en estrategias para enfrentar el crimen organizado, empezando por Trujillo”, manifestó en RPP.
Al respecto, el portavoz de la bancada de Fuerza Popular, Arturo Alegría, consideró que Adrianzén ha tenido una “lectura equivocada”, al sostener que no hay nada que evaluar, a pesar del desborde de la criminalidad en el país.
“Yo sí creo que, en este momento, donde las cosas están muy complicadas, sí se debe evaluar qué se hizo, qué no se hizo [en el Mininter]”, manifestó.
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En comunicación con El Comercio, lamentó el atentado sufrido por la fiscalía en Trujillo y advirtió que el país se está acercando “a un límite donde el punto de retorno será complicado”.
Alegría dijo, a título personal, que los estados de emergencia en Lima, La Libertad y otras partes del país “evidentemente no han funcionado”.
“Cada día hay más muertos, cuando se han planteado estados de emergencia con cercos, lo único que ha hecho la criminalidad es migrar donde no hay este resguardo. El Ejecutivo debe evaluar en todo momento a sus ministros, y ante una noticia tan terrible, más, si la presidenta Boluarte y el primer ministro no tienen claro eso, están desconectados [de la realidad]”, subrayó.
A través de su cuenta de X, la primera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Juárez (Fuerza Popular) exigió a Boluarte y a sus ministros que “dejen de cruzarse de brazos y actúen con firmeza”. “¡El Perú exige seguridad! El atentado contra la sede de la Fiscalía en Trujillo es prueba de que vivimos a merced de la criminalidad”, complementó.
Fuentes cercanas a la cúpula del partido fujimorista señalaron a este Diario que esta semana su comité político se reunirá para evaluar la situación de inseguridad en el país. Añadieron que dentro de Fuerza Popular hay voces que no solo están a favor de la salida de Santiváñez del Mininter, sino también de “un refresh” del Gabinete Ministerial, incluyendo la salida de Adrianzén.
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“Es hora de decisiones radicales”
Desde Alianza para el Progreso (APP), partido liderado por César Acuña y que conduce la Mesa Directiva del Parlamento, la congresista Lady Camones sostuvo que al ministro del Interior “se le han brindado todas las oportunidades que ha necesitado y solicitado para el control de la seguridad ciudadana”, pero pese a ello “sus planes no han funcionado”.
“No tenemos acciones concretas, los estados de emergencia no funcionan. Y mientras eso ocurre, la población es la directamente afectada. Ya es hora de que desde el Ejecutivo se tomen decisiones radicales y concretas para el cambio del titular sin esperar el procedimiento parlamentario de censura”, expresó en diálogo con El Comercio.

Camones, expresidenta del Congreso, refirió, además, que los peruanos “vivimos con miedo y zozobra” y no solo por el atentado en Trujillo, sino por el desborde criminal que se ha dado en todo el país. “En mi región Ancash, también se están dando casos de sicariato y la delincuencia aumenta sin control”, acotó.
“Este es el límite para el ministro del Interior”
A su turno, la parlamentaria Diana Gonzales (Avanza País) señaló, a título personal, que no descarta respaldar una eventual moción de censura en contra del titular del Mininter.
“El 26 de noviembre del año pasado se cumplieron los 60 días de la primera declaratoria de emergencia [en Lima y el Callao], Santiváñez dijo que, si no había resultados, él ponía su cargo a disposición. No hubo resultados, es un grave error de la presidenta Boluarte mantener en el cargo a Santiváñez, quien claramente no da la talla. Él es un fusible quemado”, expresó a este Diario.
Gonzales afirmó que si la jefa de Estado mantiene en el Gabinete al abogado es porque no necesita ministros, “sino defensores” ante las investigaciones fiscales que afronta.
Por medio de su cuenta de X, el congresista José Williams Zapata (Avanza País), sostuvo que el atentado con explosivos en contra de la fiscalía de Trujillo “muestra la gravedad de lo que busca la delincuencia organizada en esta región y el riesgo de ser repetido en otros lugares”.
“Este es el límite para el ministro del Interior y una seria ineficiencia de las autoridades políticas y policiales particularmente de Trujillo”, agregó.
El expresidente del Congreso también sostuvo este puede ser el inicio de acciones criminales en contra de autoridades estatales, que calificarían como “actos terroristas” y le advirtió a Boluarte que “este sería un nefasto legado que marcaría su gobierno”.
“El ministro del Interior pidió hasta diciembre para evaluar su permanencia, se cumplió el plazo”, finalizó.
Desde sus redes sociales, Alejandro Cavero (Avanza País), tercer vicepresidente del Parlamento afirmó que el “Ejecutivo debe tomar el toro por las astas y realizar acciones claras y concretas: capturas, reorganización de penales, equipamiento y presupuesto, liderazgo policial”. Puntualizó que, “de lo contrario el Congreso tiene que tomar acciones concretas también y remover a aquellos que no estén dando la talla”.
En declaraciones a la prensa, el portavoz de Perú Libre, Flavio Cruz, dijo que el Ejecutivo debe evaluar la situación en Trujillo y ver si el atentado en la fiscalía tiene relación con la administración en el Mininter “y a partir de ahí que tomen una decisión” sobre la continuidad de Santiváñez.
Fuerza Popular, APP, Avanza País y Perú Libre son parte de la actual Mesa Directiva del Congreso.
Renovación analiza censura
La vocera de Renovación Popular, Norma Yarrow, opinó que el ministro del Interior “no puede permanecer un minuto más en el cargo”, tras el atentado en el Ministerio Público de Trujillo.
“La criminalidad es incontrolable y se impone en muchas partes de nuestro país. El grave atentado ocurrido en la fiscalía de Trujillo demuestra que ni el Gobierno Regional de La Libertad ni el gobierno central tienen plan ni reacción ante los delincuentes”, escribió en su cuenta de Twitter.
A través de un comunicado, la bancada celeste indicó que está evaluando si promueve y presenta una moción de censura en contra de Santiváñez.

El portavoz de Honor y Democracia, Jorge Montoya, refirió que su bancada aún no ha analizado si respaldará o no una destitución del ministro del Interior. No obstante, a título personal indicó que Santiváñez tiene una responsabilidad política que debe asumir no solo por el ataque en Trujillo, sino por las altas cifras de inseguridad.
“El estado de emergencia no tenía sentido, las Fuerzas Armadas no están entrenadas para combatir a la delincuencia”, manifestó.
El congresista Héctor Acuña (Honor y Democracia) consideró que la permanencia de Santiváñez “es insostenible”. “Mientras los delincuentes y mafias se fortalecen, la población vive atemorizada. El atentado contra la Fiscalía en #Trujillo es otra muestra de un gobierno incapaz de frenar la ola criminal”, tuiteó.
Desde Acción Popular, el congresista Luis Aragón señaló, a título personal, que el ministro del Interior debe continuar en el cargo, “porque creo que hay algunos logros importantes en la lucha contra la criminalidad, pero me sujetaré a la decisión que tome mi bancada”.
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La izquierda pide su salida
La portavoz de la bancada del Bloque Democrático Popular, Sigrid Bazán, dijo que Santiváñez “tiene que marcharse” del Mininter. “¿Hasta cuándo Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso van a sostener a un ministro del Interior que ha fracasado?”, cuestionó en X.
A su turno, la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular), indicó que, en 20 días del 2025, más de 80 personas han sido asesinadas en el país y que a eso se suma que dinamitaron la oficina del Ministerio Público.
“¿Qué responsabilidad asumen Dina Boluarte, Juan José Santibáñez? Prefieren usar sus cargos para salvar a su entorno, dejando al país a la deriva. Y por el lado del Congreso evitan tomar una decisión política para restituir la detención preliminar en delitos de no flagrancia”, tuiteó.
En declaraciones a la prensa, el parlamentario Jaime Quito (Bancada Socialista) refirió que el ministro del Interior “tiene que dar un paso al costado”.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, rechazó el atentado a la sede del Ministerio Público en la ciudad de Trujillo, lo que calificó como “execrables hechos”. Agregó que no es posible que el país esté llegando a esos niveles de “altísima criminalidad e inseguridad y sobre la cual no se está haciendo nada por parte de las autoridades responsables”.
Espinoza criticó duramente que la Policía Nacional no tenga presupuesto para fortalecer su inteligencia operativa y realizar acciones de prevención.
En declaraciones a RPP Noticias, la titular del Ministerio Público sostuvo que el atentado en el norte “nos demuestra la necesidad urgente de que se restituya su versión original la figura de la detención preliminar”. “¿Por qué? Porque si nosotros en este momento que ya pasó la flagrancia encontramos a los presuntos responsables de lo que ha sucedido no los vamos a poder detener”, manifestó.
Consideró que esto representa “un gran obstáculo” a la labor de la fiscalía, debido a “la renuencia y terquedad de no querer restituir esta herramienta procesal que es muy importante para brindar la seguridad de que hay una investigación oportuna”.
Espinoza explicó que una investigación preliminar no se da a la ligera, sino que antes existe una calificación del fiscal y que esta debe ser refrendada por un juez de garantías.
“Yo exijo públicamente [al Congreso] lo que ya hemos venido haciendo institucionalmente, que más esperamos, que haya pérdidas humanas que haya más destrozos”, subrayó.
La fiscal de la Nación, en otro momento, informó que los primeros indicios apuntan a que la dinamita utilizada para el atentado en Trujillo “procede de la minería ilegal” y que habría estado dirigido a una representante del Ministerio Público que sigue en caso en contra de la criminalidad organizada. Esta letrada ya venía siendo amenazada con anterioridad, incluso con fotos de su familia.
Espinoza criticó que, a pesar de la urgencia, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no se comunicó con ella de inmediato ni en las primeras horas del lunes.
“No me ha llamado el señor, lamentablemente lo que escuchamos son ataques y ataques al Ministerio Público, pero quisiéramos ver acciones concretas”, remarcó.
Justificó una vez más observación
A su turno, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, justificó, una vez más, las observaciones que hizo el Ejecutivo a último momento a la autógrafa aprobada por el Congreso a mediados de diciembre que restablecía la detención preliminar para casos de no flagrancia.
“No puedo hacer sino disculparme si ha habido un retraso [en la observación], pero se tiene que analizar, tiene que ser objeto de estudio, esto no puede tomarse a la ligera, las observaciones y recomendaciones del Ejecutivo están por escrito, esperemos que sean acogidas por el Congreso”, expresó en RPP Noticias.
Y a pesar de que el atentado de la criminalidad organizada fue en contra del Ministerio Público, Adrianzén criticó a la referida institución señalando que solo ejecutó el 3% de su presupuesto para proyectos y que es intolerable que ciertos fiscales liberen cada semana a integrantes de bandas que la Policía captura.
