(Foto: Presidencia)
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Diana Seminario

“Tengo que preparar el argumento”, le decía el presidente a las autoridades de , a los radicales antimineros que presionaron al Estado a que retroceda frente a la licencia dada a Southern Perú para que ejecute el proyecto minero . Era el 24 de julio de este año, pocas semanas después de haberse dado luz verde a la mina. El viernes 9 de agosto se consumó el ofrecimiento, y el Gobierno suspendió la licencia por 120 días.

“Hay argumentos para retroceder y ya se presentó, vamos a hacerlo, pero no es que pueda hacerlo mañana. O sea, hay que verlo, pero hay que trabajarlo […]. Nos ayuda de que ustedes mismos hagan el sustento”, se escucha decir a Vizcarra en , y otras autoridades de la región. Y efectivamente, eso fue lo que pasó.

Para entonces el Gobierno Regional de Arequipa ya había presentado el recurso de revisión de licencia que precisamente conllevó a la suspensión de la licencia que se hizo pública el viernes.

“Vamos a analizar la posición que han presentado. Ya ustedes saben cuál es mi posición pero no puedo adelantarla públicamente”. De esta manera se infiere que el documento presentado por los arequipeños sería aceptado por el Gobierno, porque esa era la posición del mandatario, quien necesitaba municiones para sustentar la decisión.

Si esto no es claudicar ante el caos, violencia y el bloqueo de carreteras que para entonces ya azotaban al sur ¿qué es?

Resulta indignante escuchar al presidente de la República aliarse con los enemigos del Estado de derecho, del progreso y de la inversión privada. Martín Vizcarra traicionó los ideales que deberían identificar a un estadista.

Es innegable que no se puede promover un proyecto minero a “cualquier costo”, pero también es cierto, que un jefe del Estado no puede ir a capitular con quienes estaban “incendiando el sur”. Y a ellos es quienes les pedía “más argumentos”.

Vizcarra entonces ya había tomado una decisión, por lo que ahora se entiende su silencio respecto a este tema durante el mensaje a la nación del 28 de julio frente al Congreso.

La consigna palaciega es “no hay nada ilícito en esa conversación”, y muchos la repiten convenientemente. Sin embargo, resulta moralmente condenable ver a un jefe del Estado pactando con los enemigos del progreso, planeando una puesta en escena y solo dejando pasar el tiempo para concretar lo que ya estaba decidido.

Fácil es responder que esto es “una estrategia de distracción”, como a las que ya nos tiene acostumbrado este gobierno, también es conveniente polarizar ante esta situación colocando a quienes condenan estos lamentables hechos, como quienes solo buscan “obstruir” la “buena gestión” del Ejecutivo.

¿Cómo confiar en un presidente que dice una cosa públicamente y pacta en secreto decisiones cruciales para el futuro del país?

Es momento de asumir importantes y trascendentales posiciones. No se puede avalar los actos de un mandatario que pacta con los enemigos del Perú. Evaluar una vacancia por incapacidad moral no es un asunto descabellado.