Zavala, cambie su chip, la columna de Diana Seminario

Los gestos son muy importantes, especialmente en política. Por eso resulta inaudito que el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, haya declarado sin mayor sobresalto que las empresas constructoras que hayan participado en consorcios con Odebrecht, y que no tengan sentencia por corrupción, podrán licitar con el Estado Peruano y participar en el proceso de reconstrucción.

En declaraciones a la prensa, Zavala explicó la semana pasada que las restricciones de las empresas para contratar con el Estado son que “hayan sido sentenciadas por corrupción o que hayan declarado que son culpables por corrupción. Si una empresa no está sujeta a esas dos disposiciones, puede participar en el proceso de reconstrucción. El Poder Ejecutivo no es juez para decidir si esta empresa cometió o no [delitos]”.

Entendemos que Fernando Zavala proceda de la empresa privada, donde las compañías suelen interpretar las leyes desde el ámbito que las beneficie, y se ampararán en que no están cometiendo ilegalidad alguna; sin embargo, la política se rige con otros parámetros, y uno de ellos es la percepción. Ya es momento de que cambie el chip.

Bajo el razonamiento del titular de la PCM, empresas como Graña y Montero o JJ Camet, que formaron consorcios con Odebrecht, sí podrían participar en la reconstrucción.

Si bien no hay ninguna sentencia firme que afecte a las empresas mencionadas, son insoslayables las dudas que se ciernen sobre ellas, sobre todo respecto a si estaban al tanto de los pagos ilegales confesados por su socia brasileña.

No en vano la procuradora Katherine Ampuero interpuso contra estas una denuncia penal. Estas compañías, en consorcio con Odebrecht, ganaron la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, por cuya adjudicación el ex presidente Alejandro Toledo habría recibido 20 millones de dólares de soborno, y por lo que se ha solicitado su prisión preventiva.

Si bien Odebrecht no tiene sentencia en el Perú, la confesión de sus delitos hace legalmente imposible que contrate con el Estado, según lo establecido en el Decreto de Urgencia 003. Distinto es el caso de sus socias peruanas que, al negar irregularidades y carecer de sentencia, están legalmente habilitadas para participar en el reto de reconstruir las zonas más afectadas por El Niño costero. Si bien esta es la situación actual, esto podría cambiar si se aprueba el proyecto de ley presentado por la congresista de Fuerza Popular Karina Beteta, que tiene por objeto ampliar la restricción a las empresas asociadas o vinculadas con las compañías corruptoras al momento de la comisión del delito.

Resulta urgente poner todos los candados necesarios para evitar la impunidad en cualquiera de sus formas. No es una buena señal de cara a la opinión pública que instituciones que tuvieron directamente que ver con el escándalo que involucra a funcionarios y a dos ex presidentes de los últimos tres gobiernos puedan seguir actuando como si nada hubiera pasado.

Y es peor aun que estas señales de pragmatismo legal sean promovidas por el Ejecutivo. Ya es momento de que las autoridades del Ejecutivo se despojen del traje de técnico y se vistan con el de político.

MÁS EN POLÍTICA...