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El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, informó que esta semana se presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley Nº 31018, que suspende el pago de peajes en la red vial nacional, departamental y local concesionada en tanto dure la emergencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19).
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“Esta semana última hemos presentado, a instancias del Ministerio de Justicia, una acción de inconstitucionalidad contra esta norma. Reiteramos los argumentos de siempre: primero contraviene abiertamente la Constitución, y segundo, el tráfico es bastante menor por la inmovilización”, expresó en RPP.
“Tercero, hay gastos de mantenimiento en las carreteras. ¿Quién lo va a asumir? El Parlamento no, el Ejecutivo. Cuarto, se deja abierta la posibilidad de que los contratistas acudan al Ciadi y eso va a significar para el erario nacional costos de reparación civil que se pudieran estar generando”, añadió.
En ese sentido, Zabellos cuestionó que, pese a la exposición de motivos por el cual dicha norma no cumplía con las observaciones de los ministros de Transportes y Comunicaciones, y de Economía y Finanzas, el Parlamento haya insistido en que proceda.
“El Poder Ejecutivo, a través de los ministros de Economía y de Transportes, estuvo en el Congreso sustentando sustentando todas las consideraciones técnicas, legales, económicas e institucionales que permitan tener mayores elementos de juicio al momento de deliberar y luego aprobar esta norma, y a pesar de eso no tuvo mayor resonancia porque se siguió adelante”, aseveró.
Del mismo modo, el primer ministro pidió no sobredimensionar la carta enviada al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, por los embajadores de Canadá, Australia, Francia y Colombia, donde expresan su preocupación por la aprobación de la ley que suspende el pago de peajes administrados por concesionarias.
“Este procedimiento no es usual, en principio tiene que canalizarse a través de cancillería, pero no tiene que sobredimensionarse este tipo de actitudes. Ya cancillería estará reuniéndose con dichas autoridades diplomáticas para establecer los canales preestablecidos en el marco internacional”, acotó.
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Caso Richard Swing
De otro lado, aseguró que los polémicos contratos por S/175 mil firmados entre el Ministerio de Cultura y el cantante Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, no pueden comprometer al mandatario Martín Vizcarra ni mucho menos al Gobierno con hechos irregulares.
“El presidente ya ha sentado una posición de responsabilidades. Ya ha tomado incidencia en las investigaciones no solamente el Congreso: de manera casi unánime le ha entregado a la comisión en Fiscalización facultades de investigación. La propia fiscalía ya ha tomado participación de una investigación preliminar”, expresó.
“Como gobierno daremos todas las facilidades para recabar la documentación y todos los instrumentos que sean necesarios para el esclarecimiento de responsabilidades, pero esto de ninguna manera puede comprometer al presidente de la Republica ni mucho menos que el gobierno está inmerso en hechos inescrupulosos o irregulares”, finalizó.
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