Un concepto fundamental que guió el proceso de la Selección peruana fue el trabajo en equipo. Desde marzo del 2015 fue una regla invariable que se empezó a resquebrajar el 7 de abril de este año, cuando el titular de la FPF, Edwin Oviedo Picchotito, se vio enfrentado a una grave acusación: el fiscal de Chiclayo, Juan Carrasco Millones, solicitó prisión contra Oviedo bajo la presunción de que habría liderado una organización criminal en la azucarera Tumán y sería el presunto autor mediato de dos homicidios.
Cuando la noticia alcanzó las primeras planas, Oviedo informó a sus colaboradores y a quien quisiera escucharlo que se trataba de una “patraña de un fiscal cuestionable”. Sin embargo, a pesar de las recomendaciones que recibió para salir a aclarar públicamente las acusaciones, optó por un extraño silencio y cuando la presión de los periodistas empezó a explotar los teléfonos de La Videna por un asunto extradeportivo, Oviedo optó por emitir apenas un comunicado a la opinión pública.
En dicho documento hizo una afirmación que, en el mes de abril pasado, no llamó la atención pero hoy adquiere otro significado. Escribió: “el 23 de noviembre de 2016, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, conformada, entre otros, por el hoy presidente del Poder Judicial, Dr. Duberlí Rodríguez, y el ex Presidente de dicho Poder del Estado, Dr. Javier Villa Stein, emitió la Sentencia de Casación 326-2016, por la que, de forma clara y contundente, no sólo amparó mi reclamo, sino que le ordenó al mencionado Fiscal Carrasco Millones que ajuste su actuar a los presupuestos que la ley contempla, en respeto de mis derechos”.
Su respuesta no apuntó a desvirtuar los graves cargos que le imputaban. Se limitó a usar el paraguas de una sentencia expedida por dos vocales supremos hoy implicados en tráfico de influencias: Duberlí Rodríguez, a quien menciona en el comunicado, y César Hinostroza Pariachi, que firmó dicha sentencia a su favor, pero al que Oviedo omitió nombrar. Ambos magistrados, hoy se sabe, han recibido, por lo menos, entradas para partidos de la selección peruana, acto cuestionable porque son funcionarios del Poder Judicial y Oviedo está sometido a un proceso.
Tras la denuncia de abril, el fiscal Carrasco Millones avanzó más y en la quincena de mayo solicitó ante el juez del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, una orden de prisión preventiva por doce meses contra Edwin Oviedo. El pedido fue acogido y se convocó a una audiencia para el 21 de mayo de 2018. Entonces, el asunto se hizo más grave porque podía terminar recluido en un penal mientras su proceso se llevaba a cabo.
Es aquí donde el presidente de la FPF olvidó trazar una línea divisoria entre los asuntos personales y los asuntos del fútbol nacional: Peor aún, se hizo cargo personalmente del Caso Paolo Guerrero en medio de esta seria acusación.
Una historia oculta
Desde que explotó el Caso Paolo, en noviembre de 2017, la FPF señaló, más de una vez, que no podía intervenir porque las normas FIFA lo prohibían. Sin embargo, la noche del 17 de mayo –cuatro días antes de la audiencia para la detención preventiva de Oviedo— apareció en La Videna el delantero nacional acompañado de su madre Petronila Gonzales y su abogado. En esa reunión acordaron que Oviedo y Paolo Guerrero viajarían a Suiza para hablar con el presidente de la FIFA para que el futbolista pueda jugar el Mundial.
¿Por qué si la FPF se había mantenido al margen durante meses de pronto todo cambiaba? Tres fuentes coinciden en dos revelaciones. La primera: Oviedo necesitaba frenar las acciones del fiscal Carrasco y, sobre todo, la inminente audiencia de detención preventiva que podría llevarlo a prisión. Entonces, según estas fuentes, recibió el consejo de asumir “la defensa de Paolo” para lograr “el respaldo de la mayoría del país” que exigía, pedía, soñaba con tener a Guerrero como mundialista. Las tres versiones coinciden en indicar que la autoría del consejo provino de un personaje que hoy ha adquirido notoriedad: el empresario Antonio Camayo de la empresa IZA Motors. Todos los que conocen a Edwin Oviedo saben de su gran amistad con Camayo y la marcada influencia que éste ejerce sobre él.
El segundo descubrimiento de esta historia tiene que ver con una pregunta: ¿quién pidió la cita del 17 de mayo? ¿Fue Paolo Guerrero quien tomó la iniciativa para la reunión? No. Esa cita sorprendió hasta a los vigilantes de La Videna cuando vieron llegar al delantero. La convocatoria fue de Edwin Oviedo porque necesitaba el Caso Paolo. Nótese que al finalizar la reunión fue la FPF quien emitió un apurado twitter anunciando: "Culminó la reunión entre el Presidente Edwin Oviedo y Paolo Guerrero en La Videna, cuyos alcances se mantendrán en reserva por mutuo acuerdo". ¿Por qué tenía que mantenerse en secreto lo conversado con una figura del equipo nacional?
Tras meses alejado del Caso Paolo —existen declaraciones de Oviedo señalando que no podía intervenir— de pronto se convirtió en el escudero del suspendido futbolista y ambos se embarcaron hacia Zúrich el 20 de mayo. Atención a la fecha: el 21 de mayo debía realizarse la audiencia para ver el pedido de detención preventiva por doce meses contra Edwin Oviedo.
La explicación que dio ante los miembros de la FPF es que asumía la defensa de Guerrero porque se trataba de “un asunto de interés nacional”, frase gaseosa que no explicaba nada y significaba, además, una intromisión en el trabajo deportivo liderado por Ricardo Gareca.
Asimismo, cabe una pregunta: ¿quién asumió los costos de los pasajes y estadía en Suiza de Oviedo y Guerrero? Si fue la FPF ¿bajo qué concepto y con qué autorización? Si no fue la FPF ¿entonces quién y por qué?
Ganando tiempo
Ante el viaje de Oviedo, el juez del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, fijó el 27 de junio como nueva fecha para decidir la detención preventiva del presidente de la FPF. Y es aquí donde empiezan a tener vigencia personajes que, en los audios publicados, hablan de “el asunto del gordito” y “el viaje a Rusia”: César Hinostroza Pariachi y Antonio Camayo. Ambos son piezas clave en la obtención de una decisión judicial que, como veremos, ha librado a Oviedo y atado de manos al fiscal de Chiclayo. Las investigaciones deberán señalar si Duberlí Rodríguez Tineo tuvo alguna participación. Lo cierto es que los personajes en mención son muy aficionados al fútbol y han estado relacionados con Oviedo no solo en el Mundial Rusia 2018 sino durante las Eliminatorias.
Pues bien, Oviedo logró en Zúrich la participación del reputado Estudio Kellerhals Carrard —cuyos altos honorarios haría bien en explicar quién abonó— para que presente una medida cautelar que suspenda los efectos de la sanción del TAS contra Paolo Guerrero. Mientras tanto en Lima, Antonio Camayo, consejero de Oviedo y, sobre todo, “hermanito” del vocal César Hinostroza, desarrollaba acciones para que se emita, curiosa coincidencia, también una medida cautelar que suspenda las acciones del fiscal de Chiclayo en contra de Edwin Oviedo.
Las gestiones fueron, ambas, exitosas. La jueza Christina Kiss del Tribunal Federal Suizo suspendió la sanción del TAS y habilitó a Guerrero para jugar el Mundial. De inmediato, Oviedo – señaló una fuente- continuó con el consejo que Camayo y su asesoría mediática le habían dado: “preséntate ante la opinión pública como el hombre que puso a Guerrero en el Mundial, el país te aplaudirá y el fiscal de Chiclayo tendrá que retroceder”. Así, Oviedo se apareció en el hotel Lowen Montafon, Austria, donde Perú culminaba su preparación previa al Mundial. El frío recibimiento que obtuvieron de parte de los seleccionados es otra historia que tiene detalles importantes, por ahora baste señalar que la fría gélida recepción se debió a que a nadie le agradó la intromisión de Oviedo en los predios deportivos.
El paso siguiente fue el retorno del presidente de la FPF a Lima para realizar un tour mediático que lo puso en televisión, radio y diarios —fueron alrededor de doce entrevistas— relatando el “éxito del caso Paolo”.
Dos cosas molestaron al interior de La Videna: el pobre guión de sus presentaciones porque aparecía no como un presidente de la FPF sino como un fan de Paolo Guerrero, y el hecho de utilizar las instalaciones de La Videna para anunciar los resultados de una gestión que nadie había aprobado.
La otra cautelar
En medio del entusiasmo por el inicio del Mundial Rusia 2018, casi nadie tomó en cuenta una noticia que apareció en todos los medios. El día 11 de junio, es decir, a tres días de la inauguración del Mundial y a cinco del debut del seleccionado peruano, la jueza Amanda Lina Magallanes Carbajal, a cargo del Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Lima, concedió una milagrosa medida cautelar ordenando se suspenda la investigación fiscal contra Edwin Oviedo Picchotito, precisando, para que no queden dudas, “la suspensión, en lo que respecta al beneficiario de los actos procesales pendientes”. Esta frase significa que se ordenaba la anulación de la audiencia de prisión preventiva que estaba programada para el 27 de junio.
De este modo, aquel 11 de junio, Oviedo recibió dos magníficas noticias: quedaba a salvo de una probable detención preventiva y, además, quedaban paralizadas todas las investigaciones judiciales en su contra. Podía empezar a disfrutar del Mundial Rusia 2018.
El país no sabía aún que los personajes que estaban detrás —César Hinostroza y Antonio Camayo— eran un magistrado y un empresario implicados en tráfico de influencias en el Poder Judicial y otros presuntos delitos.
La gran preocupación al interior de la FPF es que la inacción de su actual presidente está generando el alejamiento definitivo de Ricardo Gareca, de Juan Carlos Oblitas y de toda la estructura deportiva de la Selección peruana.
(El autor de la nota tenía una cita con el presidente de la FPF el pasado 18 de julio para contrastar esta investigación. La cita no fue concretada por el señor presidente de la FPF)