Jerónimo Pimentel

Hace dos semanas, un evento organizado en la librería fue atacado por un grupo de manifestantes que impidió que la presentación de un libro se celebrara con normalidad.

El libro se titula Populistas y lo escribió Carlos Meléndez. El autor decidió invitar a un panel plural para discutir los hallazgos de su estudio empírico: convocó a Sergio Tejada, sociólogo y excongresista de izquierda; a Úrsula Letona, exparlamentaria de la bancada fujimorista; a Vladimir Cerrón, presidente del partido de gobierno; y a dos reconocidos periodistas: Valerie Vásquez de Velasco y Ricardo Uceda.

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La inclusión de Cerrón generó polémica: ¿por qué dar cabida a un sentenciado por corrupción?, fue el reclamo airado. ¿Pero es posible “cancelar” al líder del partido oficialista? ¿Es una posición sostenible?

Legalmente, una sentencia no prohíbe la libertad de expresión. El siglo XX es pródigo en ejemplos de peruanos presos que ejercieron el derecho a manifestarse en prisión o clandestinidad, entre los que se encuentran varios de los políticos del APRA auroral y del socialismo. Incluso en el siglo XXI, el expresidente Alberto Fujimori, encarcelado por crímenes gravísimos, ha podido publicar sus memorias sin que nadie sienta que con ello se menoscaba el debate nacional.

En términos políticos, la República es la arquitectura que permite y fomenta este disenso, mientras que la democracia es el ideal que lo explica y justifica. Tratar de restringir la opinión ajena, así esta sea “peligrosa”, es oscurantista. De Voltaire en adelante se sabe que los campos editoriales, políticos y académicos son los espacios de confrontación intelectual en los que se exponen argumentos e ideologías, reparos y críticas. La vida política y cultural de un país depende de la prosperidad de estos intercambios. Proscribir un partido o intentar silenciar a quien precisamente ostenta el poder impediría cuestionarlo, exponerlo y obligarlo a rendir cuentas. La discusión argumentada es la única manera de moderar a los extremos y de encontrar consensos mínimos.

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Lo que ocurrió en El Virrey, cuando un grupo enardecido impidió la asistencia de Cerrón y luego acosó, hostigó y agredió a los asistentes que querían escuchar un debate, es un síntoma de degradación. No es un caso aislado. Desde hace años, varias presentaciones de libros vienen siendo atacadas desde la intolerancia y el fundamentalismo. Se ha perdido el viejo horizonte ilustrado que consiste en defender el derecho a escuchar a quien no piensa lo mismo que uno, a quien no defiende lo mismo que uno; defender, en suma, el derecho a disentir.

El derecho a la protesta, también legítimo, no debe ser una excusa para justificar la violencia contra, entre otros, mujeres y estudiantes. Tanto librerías como bibliotecas deben mantener su condición de refugio; de no ser así, el ciudadano corre el riesgo de escuchar solo a sus pares idénticos, un efecto burbuja que polariza y empobrece con resultados que, lamentablemente, ya recogemos. El peligro es grande: limitar nuestros derechos, pero también convertir nuestra vida nacional en un parte policial.

Jerónimo Pimentel es director de la editorial Penguin Perú.

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