Surera Ward lleva cuatro años al mando de un servicio de reparación tecnológica en Filadelfia, Pennsylvania, llamado Girls Fix It. En ese lapso, ella y su equipo han logrado entender mejor los dispositivos electrónicos que llegan a sus talleres. Pero no ha sucedido lo mismo con su arreglo. “Se está volviendo más y más difícil reparar los diferentes dispositivos”, comenta.
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No se trata solo del acceso a importantes piezas de los equipos lo que Ward encuentra difícil, ya que muchas vece tiene que importar herramientas especializadas de China para que ella y su personal puedan trabajar. Una vez ellos hayan terminado la reparación del teléfono de un cliente, por ejemplo, muchas veces el dispositivo lanza mensajes de error que han sido codificados dentro del aparato por los fabricantes para disuadir al usuario de acudir a un experto no autorizado.
Las reparaciones se han vuelto más difíciles gracias a la creciente práctica de “maridaje de partes”, que vincula piezas individuales con los dispositivos con los que se envían, usando números de serie específicos.
Pero, ¿cómo podría cambiar la naturaleza de la industria de tecnología a medida que en Estados Unidos y Europa se promueven nuevas leyes para darle a los consumidores más poder para reparar sus dispositivos?
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La esperanza es que pueda ayudar a reducir el impacto ambiental de la tecnología haciendo que los dispositivos duren más. ¿Podría también mejorar los productos que compramos?, o ¿tal vez sería simplemente una manera para que los fabricantes suban sus precios al consumidor con la venta de “kits de reparación” y repuestos caros?
La empresa de Ward y otras similares suelen cobrar hasta 50% menos para el arreglo de un dispositivo que un agente autorizado, como el Genius Bar de Apple. Pero muchos clientes no acuden a ella porque temen que les salga un mensaje de error o que alguna funcionalidad de su aparato quede inhabilitada después de un “arreglo no oficial”.
El alto costo de los servicios de reparación oficiales de los fabricantes, combinado con la dificultad de tener acceso a estos, frecuentemente hace que los consumidores se den por vencidos y simplemente reemplacen su dispositivo con uno nuevo.
Y todo eso se traduce en que con más frecuencia los botemos a la basura.
“Estamos viviendo en una época donde nuestro modelo de crecimiento básicamente gira en torno a deshacernos de las cosas”, dice René Repasi, un miembro alemán del Parlamento Europeo que lidera los esfuerzos para aprobar una ley que establezca el derecho a reparación para los consumidores europeos. “Básicamente, cada dos años compramos un nuevo producto y la capacidad de producción de nuestra industria está basada en este tipo de modelo”.
Muchos de los productos electrónicos en nuestros hogares, desde televisores hasta aspiradoras, se usan en promedio 2,3 años menos que la vida útil para la que están diseñados, según un informe de la Agencia Ambiental Europea.
Eso resalta el problema del aumento de la obsolescencia, donde los productos pasan de moda a los ojos de los consumidores -que son instados a comprar modelos más nuevos- o los equipos se vuelven incompatibles con las actualizaciones de software.
Algunos fabricantes también dejan de publicar actualizaciones de seguridad para el software de aparatos más viejos y algunas de las principales empresas han sido multadas por ralentizar los dispositivos adrede con software de actualización.
El impacto que esto tiene sobre el medio ambiente es profundo, tanto en términos del desperdicio electrónico que produce (se estima que se desecharon 53 millones de toneladas en 2020) y de la extracción de metales de tierra rara necesarios para fabricar los nuevos dispositivos.
El rápido ritmo al que cambia el software para los dispositivos de consumo ayudó a fortalecer la capacidad de las compañías para restringir la reparación de los productos. Y esa capacidad ha aumentado con el tiempo, aunque también ha generado una reacción opuesta de los consumidores que están hartos del eterno círculo vicioso de comprarle a las compañías nuevos productos, dice Aaron Perzanowski, profesor de la Universidad de Michigan y experto en el derecho para reparar.
“Hay un par de explicaciones de por qué pienso que hemos visto un cambio de ímpetu en años recientes”, señala.
Una es la manera agresiva en que las empresas están desarrollando la obsolescencia, exigiendo que los usuarios vayan a lugares autorizados para cualquier arreglo de sus dispositivos o haciendo imposiblemente caros los repuestos.
Es parte de una medida más amplia dirigida a disuadir la reparación de un dispositivo a cambio de reemplazarlo por uno nuevo.
“Las compañías se volvieron demasiado agresivas, demasiado voraces y abarcaron demasiado en algunos aspectos importantes”, dice Perzanowski, señalando como muestra las impresoras con cartuchos de tinta instalados que no imprimen si el usuario descontinúa su suscripción al servicio.
Ese modelo de cobrar, llamado de “cuchilla y filo”, donde el usuario está sujeto a suscribirse a un servicio para un dispositivo que le pertenece, se ha vuelto prevalente en toda la industria de la tecnología. Está como ejemplo el servicio de subscripción de almacenamiento en la nube que libera espacio en la memoria de los dispositivos. Si la cuenta se cierra, el consumidor podría perder sus datos almacenados o, si cambia a un dispositivo rival, ya no tendría acceso a ellos.
Estas situaciones han llevado a ciertos reguladores a intervenir para frenar los excesos de la cultura del consumo y a abogar por el derecho a reparar.
La Unión Europea ha tomado un importante liderazgo en la promoción del derecho a reparar y otra legislación similar que permite a los consumidores librarse de quedar atrapados en un ecosistema costoso de los fabricantes de dispositivos.
Ya se está viendo el impacto de esas exigencias legislativas para el beneficio de los usuarios. El más reciente móvil de Apple, el iPhone 15, incluye un puerto de carga genérico USB-C, en lugar de su patentado y exclusivo puerto lightning.
El cambio se hizo en respuesta a las reglas de la UE que exigían conexiones genéricas para dispositivos electrónicos para que los consumidores no tuvieran que comprar múltiples y costosos cables y cargadores especializados para sus dispositivos. En Reino Unido, un cargador lightning cuesta US$22, mientras que un cable genérico USB-C se pude comprar por una décima parte de ese costo.
Ahora se espera que la ley del derecho a reparar se promulgue a comienzos de 2024, después de un voto este noviembre en el Parlamento Europeo.
Mientras tanto, los países están tomando medidas a nivel nacional para concientizar sobre el daño de desechar dispositivos en lugar de repararlos. Desde 2021, algunos dispositivos que se venden en Francia, incluyendo teléfonos inteligentes, lavadoras, portátiles, cortadoras de césped y televisores, vienen con una calificación que indica cuán reparables son, con la esperanza de estimular la compra de los que tienen mejor calificación.
En California, EE.UU., se aprobó la Ley del derecho a reparar, siguiendo legislaciones similares en Nueva York, Colorado y Minnesota. Estas exigen a los fabricantes hacer disponibles las herramientas, repuestos y software apropiados para poder reparar los dispositivos. Ya se ha visto a empresas como Apple desarrollar programas y kits de reparación con sus instrucciones correspondientes.
El presidente Joe Biden también emitió recientemente una orden ejecutiva con miras a darles a los consumidores en EE.UU. el derecho para reparar sus propios dispositivos, una medida que ha sido apoyada por algunos de los fabricantes.
Perzanowski cree que la situación está mucho mejor que hace unos tres o cuatro años, pero todavía a un largo trecho por recorrer para asegurar los derechos de los consumidores. “Este es un problema complicado que no será resuelto solo por una regla o por un caso en un tribunal o por una legislación”.
Se espera que estas medidas a nivel del consumidor, junto con nuevas regulaciones, cambien la manera en que los productos se fabrican, se venden y se usan, estimulando más las reparaciones que los reemplazos de dispositivos.
Surera Ward, de Girls Fix It, señala que es poco lo que se necesita cambiar a nivel de equipos para que los dispositivos sean más reparables. “Con la tecnología que tenemos, ellos pueden aplicar estos cambios sin afectar los dispositivos”, afirma. “Algunas de estas cosas están más relacionadas con el software. La manera en que funciona el teléfono no cambiaría”.
Para el parlamentario europeo René Repasi el cambio es inevitable y cree que regresaremos a los dispositivos que vienen con baterías intercambiables, como era el caso con los móviles y portátiles de primera generación.
Sin embargo, el cambio duradero también dependerá de quién tendrá el derecho a reparar dichos dispositivos. “Si yo tuviera un producto defectuoso, podría ir a una tienda de reparación local, a cinco minutos de distancia, dejarlo allí, tomarme un café, y tener mi producto de vuelta una hora”, explica.
Esa rapidez en el tiempo de entrega podría ser posible, opina, con productos impresos en 3D bajo pedido, sacados de bases de datos para repuestos centralizadas. Otros dispositivos podrían ser diseñados de manera modular, para que se puedan cambiar componentes defectuosos en lugar de cambiar todo el dispositivo.
Eso, en general, bajaría los costos, pero Repasi se imagina un futuro en el que las reparaciones están subsidiadas por los fabricantes como un incentivo para que las industrias se vuelvan ecológicamente sustentables. Indica que ya existe un programa parecido en Alemania y Austria que permite a los usuarios de bajos recursos beneficiarse de las reparaciones.
El futuro ya viene, expresa Repasi y nuestros dispositivos y la manera como interactuamos con ellos cambiarán pronto. “Este es uno de los desarrollos más interesantes en términos de lo rápido que se revolucionará la manera en que los mercados se comportan”, asegura.
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