Caso emblemático de crimen contra líder indígena llega, por primera vez, a un tribunal federal

Hace tres años, el líder indígena Paulo Paulino Guajajara fue asesinado en una presunta emboscada de madereros en la Amazonía brasileña. Era miembro de los ‘Guardianes del Bosque’, un grupo de 120 indígenas guajajara que, con gran riesgo personal, luchan contra la tala ilegal en el territorio indígena de Arariboia, en el estado nororiental de Marañón. A pesar de una intensa protesta nacional e internacional que exigía justicia —y las promesas del gobierno de hacer que los perpetradores rindieran cuentas— los asesinos han quedado impunes hasta la fecha.

La falta de justicia de este caso parece emblemática dentro del patrón de impunidad de los crímenes contra defensores ambientales en Brasil. En los últimos 20 años, más de 50 personas guajajara fueron asesinadas en Marañón, sin que ninguno de los presuntos perpetradores haya ido nunca a juicio, dicen los defensores.

Pero el caso de Paulo Guajajara podría romper esta cultura de impunidad, según líderes indígenas, fiscales federales y grupos de derechos humanos. Esto se debe a que se espera que el caso sea el primer asesinato de una persona indígena que se juzgue ante un jurado en un tribunal federal, lo que podría sentar un potencial precedente para el asesinato de otros líderes indígenas y también para casos como el reciente asesinato del periodista británico Dom Phillips y el defensor de los derechos indígenas Bruno Pereira en la región del Valle de Javarí, del estado de Amazonas.

“Tuvimos una victoria al haber logrado llevar este juicio al jurado [federal]”, dijo a Mongabay en una entrevista telefónica el jefe indígena Olímpio Iwyramu Guajajara, quien fue líder de los Guardianes del Bosque hasta hace poco. “Espero que la justicia prevalezca. Este tema hay que considerarlo, pues es una lucha colectiva. Que se castigue a las personas que asesinaron tanto a Paulo Paulino Guajajara como a los demás [líderes guajajara]”, agregó notablemente emocionado y aseguró  que también harán todos los esfuerzos para llevar otros casos ante la justicia.

Paulo Guajajara tenía 26 años cuando fue asesinado, en noviembre de 2019, en el resguardo de Arariboia, uno de los territorios indígenas más amenazados del país. Las imágenes satelitales muestran el área como una isla verde completamente rodeada por un mar de deforestación. Laércio Guajajara, otro guardián del bosque, también recibió un disparo en el incidente, pero pudo escapar y sobrevivió.

El hecho de que el asesinato esté ahora ante un jurado federal es muy significativo, dicen los defensores, dada la falta de justicia para varias decenas de líderes guajajara asesinados en el pasado.

En Brasil, solo ha habido algunos otros casos de presunto homicidio que fueron llevados a un jurado federal por tratarse de violaciones graves a los derechos humanos. Uno de ellos fue el juicio de 2015 contra cinco personas acusadas del asesinato del abogado Manoel Mattos, a quien mataron a tiros en el estado de Paraíba en 2009 por su trabajo en la lucha contra los ‘escuadrones de la muerte’ —paramilitares— que operaban allí. El jurado federal condenó a dos de sus asesinos y los sentenció a más de 20 años de prisión.

Alfredo Falcao fue fiscal federal en el caso Mattos y ahora estará a cargo del caso Paulo Guajajara. Sobre este caso, Falcao dijo que se requiere un jurado en la corte federal cuando lo determina la ley o si un caso se eleva de la corte estatal a la federal.

“La ley dice que cuando se trata de asuntos relacionados con pueblos indígenas, tiene que ser juzgado por un tribunal federal”, señaló Falcao a Mongabay en conversación telefónica. “El caso [de Paulo Guajajara] fue a un tribunal [federal] por eso. Porque las víctimas tenían el rol social de defender la integridad física de la comunidad indígena. Y, en consecuencia, [eran] también defensores de los pueblos indígenas en el sentido cultural”.

Falcao dijo que el asesinato de Paulo Guajajara y el intento de asesinato de Laércio Guajajara representaron una agresión contra toda la comunidad indígena Guajajara y la cultura indígena. Por ello, los fiscales encargaron, como parte del caso, un informe antropológico sobre cómo estos crímenes afectaron a la comunidad indígena.

El resultado del juicio también podría ser clave para garantizar la supervivencia del pueblo Awá Guajá, un grupo indígena que también vive en la reserva de Arariboia, que ha optado por permanecer aislado. Estos cazadores y recolectores son considerados el grupo indígena más amenazado del planeta, de acuerdo con Survival International, una ONG que aboga por la protección de los indígenas.

“Por supuesto, los Awá no contactados de Arariboia no saben [que] este [juicio] con jurado [federal] se va a llevar a cabo, pero es de gran importancia para ellos y su supervivencia”, comentó Sarah Shenker, activista de Survival International, en una entrevista telefónica con Mongabay. Sin los esfuerzos incansables de los guardianes guajajara como Paulo y Laércio en el monitoreo de la reserva y el patrullaje contra las invasiones, dijo Shenker, “el territorio seguramente estaría mucho más destruido y los awás no contactados bien podrían haber sido aniquilados. Sin el trabajo de los guardianes, quién sabe si los awás no contactados de Arariboia seguirían vivos”, agregó Shenker.

A diferencia de los awá, los guajajara de Marañón han estado en contacto con la sociedad exterior desde su primer encuentro registrado con los colonizadores portugueses en 1615. A lo largo de los siglos, han estado sujetos al proselitismo forzado de los misioneros, la esclavitud, las enfermedades infecciosas, la persecución, el conflicto y sequías extremas que devastaron a la tierra. Es una rama de la familia Tupí-Guaraní, que se autodenominaba Tenetehara pero durante el proceso de migración pasaron a llamarse guajajara, en Marañón. Los que fueron a Pará hoy son llamados Tembé.

Este contacto con el exterior ha tenido un costo devastador para la comunidad de Guajajara, con varios casos históricos de masacres, según Lucimar Carvalho, abogada del Consejo Indigenista Misionero (CIMI) —grupo de defensa afiliado a la iglesia católica— quien se desempeñará como asistente de los fiscales en el próximo juicio.

“No se juzgó ningún caso. Ningún caso llegó al final”, dijo Carvalho a Mongabay vía telefónica y calificó el asesinato de Paulo Guajajara como “una muerte anunciada”, dado que estaba en proceso de ingresar a un programa de protección estatal. “Incluso en estas condiciones, todo esto sucedió”, afirma.

Cuando esta reportera siguió a los Guardianes del Bosque en patrullaje para un documental en enero de 2019 —el mismo mes en que Jair Bolsonaro asumió la presidencia de Brasil— Paulo Guajajara habló de las muchas amenazas que enfrentó en su trabajo como guardián, incluida una emboscada en la que madereros ilegales les dispararon, y la falta de apoyo de las autoridades.

“[Nuestro trabajo es] muy peligroso. Uno de los guardianes ya ha muerto. Su nombre es Alfonso. El talador lo mató y no pasó nada. El [sistema] de justicia no hizo nada”, dijo Paulo Guajajara en el video.

“Cerca de nuestro pueblo hay un hombre blanco que prometió matarme… porque yo defiendo el bosque. No arrestan a los madereros, pero sí quieren arrestar a los guardianes. Nos sentimos muy solos aquí. Sin ayuda. Necesitamos mucha ayuda y apoyo en esta tierra”, agregó.

Violencia en aumento

El ataque a Paulo y Laércio Guajajara fue noticia internacional porque puso en evidencia  la creciente ola de violencia en la Amazonía en medio de la falta de aplicación de la ley para proteger las reservas indígenas, así como la creciente vulnerabilidad de los pueblos originarios ante los invasores. La protesta también fue una reacción contra el gobierno del presidente Bolsonaro, quien se ha pronunciado en contra de los derechos indígenas y ha presionado para abrir las reservas indígenas a la minería y otras actividades de explotación.

En 2021, se deforestaron más de 3000 hectáreas de tierra en reservas indígenas que albergan a grupos aislados como los awá, de acuerdo con el Instituto Socioambiental (ISA), una organización sin fines de lucro que defiende los derechos de los pueblos indígenas y tradicionales. La reserva Araribóia fue uno de los territorios más afectados, con más de 380 hectáreas deforestadas, según muestran los datos de ISA.

Junto con la deforestación, la violencia contra las comunidades indígenas también ha aumentado bajo la administración de Bolsonaro. El año pasado, 35 personas fueron asesinadas en conflictos relacionados con la tierra en áreas rurales, un aumento del 75 % con respecto a 2020, según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), afiliada a la iglesia católica, que ha seguido este problema desde 1985. No hubo condenas en cualquiera de esos casos, según los registros del propio gobierno. En la Amazonía brasileña, ha habido más de 300 muertes relacionadas con conflictos por la tierra desde 2009, según un informe de Human Rights Watch. De estos, solo 14 casos, el 5 %, fueron llevados a los tribunales.

“[El juicio de Paulo] no debería ser histórico porque, obviamente, si se respetara la ley brasileña, entonces los asesinos de todos los indígenas, incluidos los guardianes de Guajajara, estarían en la cárcel. Y no lo están”, comenta Shenker, de Survival International. “Y sabemos que especialmente ahora con el presidente Bolsonaro y su guerra contra los pueblos indígenas y el genocidio en curso, los criminales que invaden los territorios indígenas y matan a los líderes indígenas son recompensados con impunidad”.

Ni el gobierno brasileño ni FUNAI, la agencia federal para asuntos indígenas, respondieron a la solicitud de comentarios de Mongabay.

Una larga batalla legal

La lucha de años para llevar ante la justicia a los asesinos de Paulo Guajajara se ha visto obstaculizada por lo que los defensores llaman una visión racista de cómo se supone que los pueblos indígenas deben responder a la invasión de sus tierras.

Los dos sospechosos que irán a juicio ante el tribunal federal, Antonio Wesley Nascimento Coelho y Raimundo Nonato Ferreira de Sousa, han argumentado durante mucho tiempo que ellos fueron atacados por los ‘Guardianes del Bosque’ cuando cazaban en la reserva de Arariboia para alimentar a sus familias.

Según la Defensoría Pública de la Unión (DPU), que representa a Sousa, los acusados dispararon contra Paulo y Laércio Guajajara después de ser baleados. La muerte de Paulo, argumentaron, se debió a un “desacuerdo derivado de un hecho aislado de dos indígenas, quienes, abusando de prerrogativas que no les eran conferidas por nadie, cometieron delitos contra el imputado y los demás integrantes del grupo, como los autodenominados ‘Guardianes del Bosque’”. Esto, dijo la DPU, debería relegar el asesinato a un delito “común” juzgado en un tribunal estatal. Un juez rechazó este argumento y procesó a los acusados, dictaminando que “no había duda sobre la existencia material del enfrentamiento violento resultante de la muerte intencional”. Eso allanó el camino para el juicio federal.

Carvalho, del CIMI, coincidió en que el argumento de los acusados contradice tanto la Constitución brasileña como la jurisprudencia internacional, que garantizan la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas dentro de su territorio. Sin embargo, el mismo acto de los guardianes indígenas de defender su territorio ha sido criminalizado por las autoridades legales en Brasil en varios casos, dijo Carvalho, incluida la DPU que los enmarca como una milicia.

“Eso para nosotros es extremadamente grave”, asegura Carvalho. “Terminas observando que es un racismo estructural contra las prácticas de los pueblos indígenas en su autonomía territorial. Terminamos dándonos cuenta de cuánto ese discurso de criminalización de las formas en que los pueblos indígenas se organizan, se articulan y defienden su territorio es visto de una manera extremadamente prejuiciosa, discriminatoria, incluso racista y criminal”.

En una respuesta enviada por correo electrónico a solicitud de Mongabay, la DPU dijo que “no era factible” proporcionar más información sobre el caso. “Este es un tema muy sensible y hay riesgos de que la exposición de datos en el caso perjudique precisamente a aquellas personas que cuentan con la Defensoría Pública de la Unión para protegerlos”.

Sentando un precedente legal

Los líderes indígenas y defensores de los derechos indígenas están presionando para que se resuelva rápidamente el caso que será presentado ante el Tribunal Federal del Circuito de la Primera Región en Brasilia.

“Será un momento histórico cuando el caso sea llevado ante un jurado”, dijo Shenker. “Cualquier retraso, por supuesto, es preocupante, porque los Guajajara, los guardianes, están apelando con razón para que los asesinos de Paulo sean puestos tras las rejas lo antes posible. Ya ha tomado demasiado tiempo”.

Carvalho dijo que la presión pública constante para que se lleve a cabo el juicio es clave para evitar la impunidad en la que terminan la mayoría de los casos. “Si no se hace algo coordinado, pasa el tiempo… y estos asesinatos, esta violencia, se naturaliza y prevalece la impunidad”.

El Fiscal Falcao dijo que confía en el caso contra los acusados. “Existe una alta probabilidad de que las personas a las que consideramos perpetradores lo sean en realidad”.

Por eso es tan importante que el caso se escuche ante un jurado federal, dijo Falcao. “Solo se llega al jurado cuando se trata de un crimen contra la vida”, agregó. “Mientras los jurados se sientan seguros para juzgar, que no consideren que su vida se verá amenazada antes, durante o después, creo que son los mejores jueces, sobre todo para aquellos casos que tienen una repercusión cultural y social muy fuerte”.

También se espera que el juicio siente un precedente para juzgar a los responsables de los asesinatos en junio de este año del periodista Dom Phillips y del defensor de los derechos indígenas Bruno Pereira en la región del Valle de Javarí, en el estado de Amazonas.

Para los defensores ambientales, estos casos están conectados. “La raíz del asesinato de Bruno y Dom es la misma que del asesinato de Paulo, que es el incumplimiento de la ley por parte del gobierno, de sostener su obligación constitucional y el derecho internacional de mantener a los invasores fuera de los territorios de las tribus no contactadas”, dijo Shenker. “El genocidio que el gobierno brasileño está promoviendo actualmente en Brasil es la raíz de estos y otros asesinatos”.

Olímpio Guajajara dijo que Pereira tenía programado visitar la reserva de Arariboia por primera vez en julio para entrenar a los Guardianes del Bosque. Iba a compartir con los Guajajara las experiencias aprendidas de las comunidades indígenas del Valle de Javarí en la defensa de sus tierras. “Los bárbaros no lo dejaron venir”, dijo Olímpio Guajajara, “pero él [y Phillips] no han sido destruidos”.

Pereira también apareció en el documental codirigido por esta reportera. En ese momento, él era el jefe de grupos indígenas aislados en FUNAI y habló sobre los riesgos que enfrentaban los guardianes al defender su tierra. “Es una región extremadamente violenta”, dijo en el video. “Es mejor acudir a los tribunales para obligar al gobierno federal a hacer su trabajo. Pero los resultados no son buenos. La tierra sigue siendo devastada. Tenemos imágenes satelitales que muestran cuánta madera se ha extraído de estas tierras y es absurdo que no haya una respuesta adecuada a esta situación. El gobierno realmente está fallando”.

El propio Olímpio Guajajara ha sido objeto de amenazas de muerte durante muchos años. “Estoy en la mira. El mes pasado, algunas personas me persiguieron dentro del territorio. Pero no pudieron encontrarme”, cuenta. Él atribuye esta hostilidad a su trabajo como uno de los Guardianes del Bosque y dice que proviene tanto de los madereros ilegales como de los agricultores de la región circundante.

El jefe indígena fue incluido en un programa de protección del gobierno del estado de Marañón tras el asesinato de Paulo Guajajara, pero dice que nada ha cambiado desde entonces. “El programa no me protegerá de una emboscada. No existe seguridad por parte del Estado”, agrega. “Debería haber seguridad conmigo las 24 horas”.

El gobierno del estado de Marañón no respondió a las solicitudes de comentarios.

A pesar de todas las probabilidades en su contra, Olímpio Guajajara dijo que él y los Guardianes del Bosque siguen defendiendo su territorio y buscan apoyo para seguir combatiendo los delitos ambientales en Arariboia. Tres años después del asesinato de Paulo Guajajara, comenta, finalmente crearon una asociación para recibir donaciones destinadas a proteger el territorio indígena de Arariboia, llamada Asociación Indígena Ka’aiwar de Guardianes del Bosque del territorio indígena de Arariboia. Ka’aiwar en el idioma Guajajara significa “La Gente del Bosque”.

“Tenemos que organizarnos entre nosotros y armar estrategias de autodefensa para nuestros territorios”, asegura Olímpio Guajajara. “Porque esas personas que están calumniando a los guardianes, que no salen en nuestra defensa, son cómplices de las mentiras y la inacción”.

Artículo original publicado en ingles: https://news.mongabay.com/2022/06/indigenous-advocates-sense-a-legal-landmark-as-a-guardians-killing-heads-to-trial/

Imagen principal: Los ‘Guardianes del Bosque’ Paulo Paulino Guajajara, izquierda, y Laércio Guajajara, derecha, posan para una foto antes de salir de patrullaje en el territorio indígena de Arariboia, en el estado de Marañón, el 30 de enero de 2019. Imagen de Karla Mendes/ Mongabay.

Karla Mendes es editora colaboradora del staff de Mongabay en Brasil. Encuéntrala en Twitter: @karlamendes

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El artículo original fue publicado por Karla Mendes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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