Veinte comunidades indígenas de Loreto expuestas al COVID-19 tras llegada de once casos positivos a su territorio

La angustia era evidente al otro lado de la línea telefónica. “Tenemos miedo. Nos da escalofríos cuando escuchamos de esa enfermedad”, dice Daniel Ahuite, de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (Feconaco) sobre la preocupación que tienen los miembros de su comunidad Nuevo Porvenir, en la región Loreto, de que se presenten casos de COVID-19.

El miedo se debe a que, hasta el momento, once de las 21 personas de la comitiva de la Municipalidad de Trompeteros que viajaban en la embarcación Tocache para entregar víveres a las comunidades nativas del río Corrientes, han dado positivo a la enfermedad causada por el coronavirus.

Jacson Shuña, director encargado de la Red de Salud de Nauta, confirmó a Mongabay Latam que hace una semana recibieron la alerta del personal de Salud de la comunidad nativa de Pucacuro —otra localidad visitada por la comitiva de la Municipalidad de Trompeteros— sobre la presencia de cuatro personas que presentaban síntomas de COVID-19.

Los cuatro fueron trasladados a Nauta donde se les realizó la prueba molecular para descartar la presencia del virus. Los resultados que recibieron el martes 28 de abril confirmaron que los cuatro eran positivos para el COVID-19.

Pero el problema parece ser mayor. Dos días después, el jueves 30 de abril, otro grupo de ocho personas, entre ellos el alcalde de Trompeteros, Lorenzo Chimboras —que permanecía en la embarcación Tocache, anclada en Pucacuro—, arribó a Nauta también con síntomas del virus. Por la noche se les hizo la prueba molecular y los resultados, llegados el fin de semana indican que siete de ellos también son positivos para COVID 19.

Entre el viernes 1 y sábado 2 de mayo arribó a Nauta un último grupo de cuatro personas miembros de la nave que visitó por lo menos 20 comunidades del río Corrientes. “A todos les hemos hecho la prueba molecular y estamos a la espera de los resultados. Todos permanecen en cuarentena aquí en Nauta”, precisa el director del Centro de Salud.

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Sin medidas de prevención

“Estuvieron aquí hace más de una semana y caminaron por la comunidad. Les pedimos que se queden en el barco, pero algunos bajaron. Trajeron fideos, atún y unas cuantas cosas más”, agrega Ahuite sobre la llegada de la comisión municipal que les llevó la denominada canasta familiar, es decir, alimentos básicos que el gobierno dispuso se entregue a las familias de menos recursos.

Ahuite reclama por la falta de previsión de quienes llegaron llevando los alimentos y asegura que, pese a que les pidieron que no bajasen de la embarcación, algunos funcionarios municipales y tripulantes lo hicieron. “Estuvieron aquí cerca de cinco horas. Han recorrido unas 20 comunidades y nos han puesto en riesgo. Ahora no sabemos qué hacer”, agrega.

Shuña señala que tras recibir la alerta informaron a la Fiscalía, la Policía y el Ejército pues considera que la autoridad municipal no fue responsable en el proceso para entregar la ayuda. “Se trata de un atentado contra la salud de los más vulnerables. Por una irresponsabilidad no se puede sacrificar a toda una cuenca. El populismo político puede perjudicar todo un sistema”, dice con relación al recorrido que hizo el alcalde de Trompeteros en las comunidades del río Corrientes.

El responsable del centro de salud de Nauta comenta que todos los que han llegado procedentes de la embarcación Tocache presentaban tos y otros síntomas comunes al COVID-19. “Hasta ahora todos están estables y los primeros que arribaron ya se están recuperando. Les estamos dando tratamiento y permanecerán en cuarentena en el centro de aislamiento que hemos instalado en Nauta”.

Entre las 16 personas que permanecen en cuarentena hay miembros de las etnias kukama y achuar —señala Shuña— que provienen de las ciudades de Iquitos, Nauta y Trompeteros, esta última es la capital del distrito al que pertenecen todas las comunidades a las que llegó la comitiva municipal. Shuña precisó que de las 21 personas que viajaban en la embarcación Tocache, cinco han regresado a Iquitos.

Gerardo Seminario, asesor del Despacho ministerial de Salud, dijo a Mongabay Latam que la Dirección de Salud de Loreto está organizando un recorrido por todas las comunidades que visitó la embarcación Tocache. “Saldrá un bote llevando insumos, medicinas y se harán pruebas para diagnosticar el COVID-19”.

Seminario cuestiona que no se hayan tomado las medidas adecuadas antes de salir a repartir los alimentos. “No se sometieron a ninguna prueba ni pasaron por una verificación de la autoridad sanitaria antes de que la embarcación zarpe a las comunidades”.

Como se ve en las fotos del Facebook de la Municipalidad Distrital de Trompeteros, subidas el 20 de abril, no todas las personas que reparten los alimentos en la comunidad de Pucacuro llevan mascarillas ni otros implementos de bioseguridad. En una de las imágenes se observa a un grupo de hombres, mujeres y niños en una especie de fila cerca de quienes entregan los insumos y ninguno lleva mascarillas. Igualmente hay un selfie del alcalde Lorenzo Chimboras sin ninguna protección.

Seminario precisa que el protocolo para la entrega de alimentos a los pueblos indígenas preparado de manera multisectorial ya está listo y debe aprobarse en breve. Agrega que, desde el inicio de la cuarentena, las organizaciones indígenas establecieron pautas para el ingreso a las comunidades. “Feconaco reclama porque en este caso las autoridades municipales no siguieron los protocolos que las mismas organizaciones indígenas habían establecido”, dice el asesor ministerial.

“Lo que interesa es el tema de fondo: que las autoridades cuya competencia es controlar y hacer cumplir la cuarentena no están respetando los protocolos. No debe haber estos incidentes que ponen en riesgo a los pueblos indígenas. Las federaciones hemos enviado nuestro protocolo a los ministerios de Salud, de Cultura y a la Presidencia del Consejo de Ministros”, dice Jorge Pérez, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio).

El líder indígena reclama la lentitud de las instituciones del Estado en organizar un plan de atención a los pueblos indígenas. “Hay mucha lentitud. Loreto cuenta con 12 millones de soles para financiar este plan, pero las instituciones no se ponen de acuerdo”

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Vulnerabilidad de los pueblos indígenas

Alicia Abanto, adjunta de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, manifiesta que la Defensoría ha solicitado al Ministerio Público y a la Contraloría que inicie una investigación al alcalde de Trompeteros y a los funcionarios que intervinieron en la entrega de alimentos a las comunidades para ver cuáles son las responsabilidades administrativas y penales de los funcionarios.

“Es una falta sanitaria grave porque están trasladando un virus a un lugar altamente vulnerable”, señala Abanto, quien hace un llamado de atención a otros alcaldes y autoridades para que las acciones destinadas a los pueblos indígenas no incurran en este tipo de irregularidades. “Las normas básicas de protección y seguridad están dadas: guardar distancia, usar mascarilla, guantes y cuidar la limpieza y desinfección. Sumado a ello una adecuada intervención del líder comunal para hacer entrega ordenada de los víveres y que no se produzcan aglomeraciones”.

Loreto es una de las regiones en Perú más golpeadas por el coronavirus, con más de 1500 personas positivas al COVID-19 y más de 50 fallecidos. Los hospitales están desbordados, mientras los contagios van en aumento. El viernes 1 de mayo, el gobierno peruano envió implementos médicos para la habilitación de hospitales de campaña y una delegación médica de alrededor 50 personas.

“En Perú la pobreza y pobreza extrema tienen nombre y apellido indígena”, dice Abanto y agrega que esta pandemia está afectando a las personas más pobres y más vulnerables. “El virus se está expandiendo en las zonas de mayor pobreza, mayor precariedad de los servicios públicos, mayor abandono del Estado. En Lima se ha incrementado en los distritos donde hay más indígenas urbanos”.

San Juan de Lurigancho es el distrito con mayor cantidad de indígenas urbanos en todo el país —señala Abanto— y ellos están en mayor riesgo y vulnerabilidad en las ciudades al igual que en las zonas rurales y la Amazonía. “Si la gente en Iquitos no logra acceder a los hospitales, mucho menos los indígenas que están lejos de cualquier servicio público”.

Para Seminario la situación de los indígenas que viven o se quedaron varados en las ciudades también es preocupante, sobre todo porque ahora están contrayendo el COVID-19. “Hay casos de awajún y wampís en el norte de Perú; Matsés en Iquitos; isconahua y sharanahua del distrito de Purús en Pucallpa. En Bagua hay diez indígenas contagiados que están en albergues porque no les permiten regresar a sus comunidades”.

El asesor ministerial comenta que las organizaciones tienen razón en sus reclamos al gobierno porque “no se reaccionó a tiempo” para atender a los pueblos indígenas. Las carencias en salud y la falta de alimentos están empezando a angustiar a las comunidades, sobre todo en aquellas que cargan con pasivos por continuos derrames de petróleo ocurridos en su territorio.

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El problema del agua en zonas de petróleo

En una carta abierta publicada en redes sociales, el presidente de la comunidad nativa de Pucacuro, Emerson Mucushua, alerta sobre posibles contagios de COVID-19 y manifiesta la alta vulnerabilidad del pueblo y condiciones médicas preexistentes como anemia y desnutrición entre los miembros de la comunidad.

“Nuestra comunidad consta de 388 familias, entre ellos niños, niñas, adultos mayores y madres gestantes que padecen desnutrición crónica, anemia y otras enfermedades atribuibles a la contaminación petrolera”, señala el documento en el que se reclama también por los problemas ambientales generados por la explotación de hidrocarburos.

Daniel Ahuite, de la comunidad Nuevo Porvenir, también habla de las lagunas y el río contaminado por los derrames de petróleo. “No tenemos agua potable. Sacamos de la laguna Sungaruyacu, le echamos lejía y la hacemos hervir para consumir”.

Ahuite menciona que cada vez les resulta más difícil encontrar peces en el río, por lo tanto, no cuentan con la principal fuente de proteínas de las comunidades nativas. Ahora, con la emergencia por el avance del coronavirus, las comunidades nativas afectadas por los derrames de petróleo padecen por la falta de alimentos y de agua potable.

Las comunidades de las cuencas de los ríos Marañón, Corrientes, Pastaza, Tigre y Chimbira llevan muchos años reclamando por una completa remediación de sus territorios afectados por derrames de petróleo desde hace varias décadas.

Aunque en más de una oportunidad se han establecido mesas de diálogo y se han arribado a acuerdos entre las federaciones indígenas y el Estado peruano, la puesta en marcha de estos acuerdos no se ha concretado completamente y, en algunos casos, no se ha iniciado.

Wadson Trujillo, presidente de la comunidad nativa de Cuninico, asegura que la emergencia por el coronavirus no es el único problema que enfrentan. “En Cuninico venimos luchando por tener una mejor calidad de atención de salud, buena alimentación y una adecuada remediación ambiental”, explicó.

Trujillo comenta que en Cuninico si se ha implementado un sistema para proveer de agua limpia a la comunidad. Sin embargo, los insumos para que ésta funcione se están agotando y temen quedarse desabastecidos mientras dura la emergencia. “Estamos racionando el agua porque hace más de un mes que no llegan los insumos”.

Esta comunidad ha decidido no dejar ingresar a ninguna embarcación y se están abasteciendo con lo que cultivan en sus chacras, con plátanos, aves de corral que crían y algo de pescado cuando pueden atraparlos.

Trujillo recuerda que el derrame que afectó Cuninico fue en el año 2015 y que desde entonces reclaman para que se termine de solucionar los problemas generados por el derrame de petróleo. “La remediación no se hizo de manera adecuada. Cuando llueve, el petróleo que está en el suelo vuelve a aflorar. Todo Cuninico está contaminado. En los ríos casi no hay peces, si antes pescaba 50 kilos en un día, ahora debo navegar 10 horas para conseguir dos o tres kilos, y cada uno de estos viajes cuesta alrededor de 40 soles en combustible”.

Por más de 40 años la actividad petrolera ha causado problemas ambientales en estas cinco cuencas —dice el presidente de Orpio, Jorge Pérez. El problema es complicado —agrega— porque pese al tiempo transcurrido no se ha solucionado las deficiencias causadas por los derrames.

Maria Eugenia Ulfe, profesora principal de Ciencias Sociales en la Universidad Católica del Perú, explica que con los derrames de petróleo no solo se contaminaron los ríos sino todo el entorno natural de recursos alimenticios. “Hubo un cambio en la dieta alimenticia porque ahora los niños se alimentan con arroz y fideos”.

Ulfe menciona que las comunidades afectadas por los derrames de petróleo están viviendo una situación desesperada por la falta de alimentos y los problemas de agua. “Lo que sucedió con los derrames es que para cazar y pescar deben ir mucho más lejos. Por lo menos dos días para cazar y alrededor de siete horas en el caso de la pesca”.

Pese a la inmovilización y la emergencia por el coronavirus, algunas empresas petroleras han continuado con sus actividades. La comunidad indígena Achuar de San Cristóbal, en el río Corrientes, tomó el aeropuerto del Lote 8 donde opera Pluspetrol para exigir que la empresa cese sus operaciones.

El líder indígena del pueblo achuar, Wilson Hualinga, ha solicitado que informen qué sucede en el campamento pues han visto que salen camillas y sobrevuelan helicópteros. “Nosotros creemos que ocultan personal infectado con COVID-19. No queremos que nuestras familias se contagien, no tenemos postas médicas”, le dijo Hualinga a los dirigentes de Orpio.

El 16 de abril, la Defensoría del Pueblo envió una carta a la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas para solicitar información sobre el traslado de personal de una empresa petrolera que opera en el Lote 192. En el documento se indica que la Defensoría del Pueblo ha recibido denuncias de que no se realizaron las pruebas de descarte de COVID-19 a los trabajadores antes de su movilización.

La emergencia por el coronavirus está poniendo sobre la mesa los problemas que enfrentan las comunidades indígenas hace muchos años: falta de atención de salud, abandono del Estado y demoras en la solución de los problemas ambientales causados por los derrames de petróleo.

El artículo original de Yvette Sierra Praeli fue publicado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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