El Congreso chileno aprobó en general este jueves un proyecto de ley que busca multar la creación y difusión de imitaciones digitales realistas (‘deepfakes’) creadas con inteligencia artificial (IA) de la imagen, cuerpo o voz de personas.
La propuesta establece sanciones económicas de entre 380.000 y 760.000 dólares aplicables a personas naturales, jurídicas y redes sociales -con excepción de la mensajería privada- y permite que los tribunales dicten medidas cautelares, como el retiro o bloqueo de contenido, para evitar un daño irreparable.
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La Sala de la Cámara de Diputados avanzó con esta legislación que propone proteger el derecho a la integridad digital de las personas con 128 votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones.
El proyecto pasará a la comisión técnica antes de que sea votada en particular por la cámara baja y el Senado.
El texto legislativo pretende normar el uso malicioso de la tecnología con la finalidad de cometer extorsiones, fraudes o afectar la reputación de terceros, pero excluye a las parodias, críticas o expresiones artísticas que deben estar claramente identificables como tales para que no induzcan a error ni causen daño.
El proyecto originado por la diputada del Frente Amplio Gael Yeomans, partido del expresidente progresista Gabriel Boric, contiene que las plataformas deben etiquetar de forma visible todo los contenidos que sean generados con IA y vías directas para denuncias y solicitudes de víctimas de eliminación del material.
Las plataformas digitales extranjeras serán exigidas de tener un representante legal en Chile, y dentro del debate legislativo se cuestionó el poder de las mismas para decidir qué contenidos retirar.
La discusión parlamentaria observó los riesgos a la libertad de expresión y cómo reglas muy estrictas pueden afectar el desarrollo tecnológico de herramientas de inteligencia artificial.
La diputada comunista, Irací Hassler, por su parte, abogó en medios locales por la protección a las mujeres con respecto a este tipo de contenido.
“Niñas, adolescentes y mujeres, son las principales víctimas de la violencia digital. La inteligencia artificial ha potenciado nuevas formas de violencia y desinformación, y frente a ellas, el Estado tiene el deber de actuar”, dijo.
Chile al igual que gran parte de Latinoamérica aún debaten regulaciones sobre este tema que la Unión Europea puso en vigor a partir de 2024, con aplicaciones paulatinas.
La Comisión Europea publicó el pasado lunes recomendaciones para ayudar a los proveedores de modelos de inteligencia artificial (IA) a cumplir con las obligaciones de transparencia.
A partir del 2 de agosto deberán estar claramente identificados los contenidos generados con inteligencia artificial que muestren información de interés general, como puede ser la relativa a procesos electorales, judiciales, a la salud pública o cualquier acontecimiento político, financiero, científico o cultural que pueda ser objeto de debate público.
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