En Perú, más de un cuarto de millón de mujeres han abortado entre el 2016 y el 2021, de acuerdo al último estudio de la organización Justicia Verde. Pero estas cifras no revelan a las otras miles de mujeres que, bajo la clandestinidad y desinformación, han optado por vías ilegales frente a un Estado que al día de hoy tiene vigente una ley que hace del aborto libre una práctica ilegal. En el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto, conversamos con dos especialistas en el tema para conocer cuál es la situación actual y real del aborto en el Perú.
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De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), entendemos al aborto como la interrupción espontánea o inducida de un embarazo. El espontáneo se da de forma natural, ya sea por causas genéticas, hormonales, metabólicas, infecciosas, entre otras. El inducido (comúnmente tipificado como libre o terapéutico), mediante el empleo de medicamentos o procedimientos quirúrgicos.
Así mismo, distingue dos métodos de aborto inducido: el médico (a través de la toma de medicamentos como la mifepristona -aún no legal en el Perú- y el misoprostol) y el quirúrgico (legrado, aspiración o dilatación y evacuación). La difusión de este tipo de información aún continúa siendo escasa en un país como el Perú.
Situación médica y social
En los últimos años, la desinformación ha ocasionado que se genere un perfil estigmatizado de la mujer que desea abortar ante un embarazo no deseado. De acuerdo a Cynthia Núnez Curto, activista y representante de CLIM (Colectiva por la Libre Información para las Mujeres), quienes optan por abortar no pertenecen a un solo grupo etario ni cuentan con el mismo nivel socioeconómico. Hay diversidad. “Se piensa que hay un perfil de la mujer que aborta: que debería ser una mujer en situación de precariedad o ser muy joven, pero no es así. Al día de hoy, quienes llaman a la línea solicitando información son mujeres que ya tienen hijos, mujeres que ya han acabado su educación secundaria, mujeres que están en la universidad, mujeres que son profesionales que trabajan. Son personas de diferentes estratos”, revela Núnez Curto. “Y no solo hablamos de mujeres que han tomado la decisión de abortar, sino también de mujeres muy jóvenes como niñas y adolescentes”, agrega.
Restringir el derecho a la salud, a la formación, a tener una vida digna también tiene un efecto sobre la libre determinación, pues “el querer saber cuántos hijos se desean tener y cuándo quieren hacerlo es sumamente importante”, en palabras de la activista.
Además, dar a luz es considerado de igual importancia que gestar. “El proceso de gestación no está libre de peligros. A veces se romantiza, pero hay que entender que es un proceso que involucra todo el cuerpo. El cuerpo de una niña o adolescente siempre va a estar en riesgo. Parir a corta edad está relacionado a padecimientos de anemia, infecciones, preeclampsia, cesárea e incluso depresión postparto, algo de lo que no se habla. Por eso, eliminar las restricciones al aborto tiene un impacto positivo en la reducción de la mortalidad materna. Eso es algo que nadie puede negar”, afirma.
Estas cuestiones se relacionan directamente con los retos que aún están pendientes a resolver como sociedad. Así revela Brenda Álvarez, abogada y presidenta de Proyecta Igualdad y Justicia Verde: “En el país es aún un desafío enfrentar el machismo, y la división entre Estado e Iglesia. Aún cuando estamos en el 2022, se sigue pensando que se debe legislar con la biblia o que se deben imponer planes de vida a las personas. Se señala que las mujeres abortarán “indiscriminadamente”, el asunto es que nadie se embaraza para abortar y que quien lo necesita debe poder hacerlo en condiciones absolutamente seguras y libres”.
Situación legal
Actualmente, el aborto libre es ilegal en el Perú. De acuerdo al Capítulo II del Título I del Código Penal entre los artículos 114 y 120, todos los tipos y métodos de aborto están penados, a excepción del terapéutico. Este último es legal desde 1924, pero recién en el 2014 se implementó con el protocolo de aborto terapéutico estandarizado. “Después de casi 100 años, no han existido reformas del Código Penal en el sentido de ampliar el acceso al aborto”, revela Álvarez. Y a pesar de que hace poco se ha presentado un proyecto de ley que propone despenalizar el aborto por violación (por la congresista Ruth Luque), este aún no ha entrado en agenda de discusión.
Y aunque la ley permanece firme en su negativa a legalizarlo, esto no ha sido impedimento para que miles de mujeres opten por abortar de forma ilegal. “Lo que causa la limitación del aborto libre es que quienes necesiten este servicio acudan a servicios inseguros que ponga en riesgo su vida y su salud”, afirma Álvarez. Y aunque no se cuenta con cifras exactas de los abortos practicados desde la clandestinidad, sí los hay cuando estas mujeres tienen que enfrentar procesos judiciales. De acuerdo a recientes investigaciones de Proyecta Igualdad y Justicia Verde, los casos denunciados ante la policía ascienden a 1517, siendo en su mayoría por autoaborto y aborto consentido.
Además, para el aborto terapéutico (aunque sea legal y cuente con protocolo), el acceso a este continúa siendo restringido por barreras, tanto institucionales como sociales. De acuerdo a Álvarez, son varias las razones por las que aún es complicado acceder a él. “En primer lugar, podríamos decir que es el que menos responde a los estándares de garantía de derechos humanos de la región. En segundo lugar, el MINSA no ha realizado esfuerzos reales para garantizar su aplicación en los hospitales a nivel nacional. En tercero, los estereotipos de género del personal de salud impide que este sea no solo ofrecido sino también practicado. Y cuarto, no hay un estándar diferenciado para garantizar el acceso a niñas y adolescente”, afirma. “Podría continuar con la lista pero preferiría señalar a quien lea este texto que es su derecho pedir y exigir acceder a un aborto terapeútico”, agrega.
Contrario a la creencia de que un aborto legal no garantiza que sea seguro, la abogada revela que “la legalización del aborto libre tiene una relación directa con la reducción de la muerte materna, pues tal es el punto que, en Uruguay, posterior a la despenalización del aborto, la muerte materna se redujo a cero”.
Además de los colectivos de mujeres y otros frentes con la misma perspectiva, la OMS también recomienda la despenalización total y el libre acceso al aborto. Así lo detalla en sus nuevas recomendaciones en “Directrices sobre la atención para el aborto”, con la finalidad de proteger la salud de las mujeres y las niñas y ayudar a prevenir los más de 25 millones de abortos no seguros que se producen actualmente cada año.
Es así como colectivos y organizaciones como las mencionadas continúan su lucha por poner en la agenda nacional la discusión sobre el estado actual de un tema tan complicado como el aborto. Y no necesariamente desde un punto de vista feminista, sino humano, en defensa de los derechos de la mujer, como han señalado las entrevistadas.
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