Más vale prevenir

Desde hace algunas semanas han cobrado fuerza una serie de campañas que promueven la organización comunitaria para enfrentar la inseguridad ciudadana, a través de la captura de delincuentes con la finalidad de someterlos a castigos físicos brutales.

Los ajusticiamientos populares no son novedad en Perú. Tampoco es novedad la frustración de una sociedad frente a la ineficacia del Estado para cumplir su función de prevenir y reprimir delitos, ni lo son las evidencias de inoperancia y corrupción en importantes sectores del Ministerio Público, policía y Poder Judicial.

Somos testigos de violentas prácticas delictivas de sanción y venganza, que se plasman en condenas al margen de la ley en zonas rurales y urbanas, que hoy son reivindicadas por aquellos que paradójicamente reclaman el imperio de la ley.

Por otra parte, los que pretendemos vivir en un país democrático no podemos claudicar ante nuestras precarias instituciones ni dejar de ser enfáticos en criticar a los que desafían el poder del Estado, violando la ley y suplantando las normas formales, así como los valores que deben imperar en un Estado de derecho. Esto implica renunciar a la organización jurídica y política de poder limitado que consagra nuestra Constitución, así como a nuestro propio desarrollo como civilización.

La seguridad ciudadana es el principal problema del país para la mayoría de peruanos (Ipsos, agosto 2015), por lo que es un tema imprescindible de la campaña electoral 2016.

Asumiendo como referencia las elecciones del 2011, en las que participaron 11 candidatos presidenciales y 13 listas parlamentarias, tendríamos solo en Lima a 468 candidatos al Congreso –el distrito electoral más grande con 36 representantes–, por lo que resulta casi imposible conocer el perfil profesional, los antecedentes personales y las propuestas de cada candidato. Definitivamente uno de los problemas de nuestro sistema de representación proporcional con pluralismo extremo es la relación lejana entre electores representados y representantes electos.

Las campañas electorales son una oportunidad para ejercer nuestro poder ciudadano, demandando a los candidatos propuestas que especifiquen qué harán y cómo lo implementarán (estrategia, plazo, presupuesto y equipos), de manera que ponderemos nuestros votos. Resaltemos que los medios empleados para ejercer y exigir nuestros derechos son fundamentales, pues en democracia constituyen un fin en sí mismos.

Propongo: comprometernos a revisar lo planteado sobre seguridad ciudadana por lo menos por dos candidatos para el 2016. Asimismo, informarnos sobre los antecedentes y logros profesionales de algunos aspirantes al Congreso de las organizaciones políticas que cada uno prefiera.

Recordemos que luego de ser electos, el éxito de nuestros políticos no se mide por su capacidad para bailar en programas de TV, repartir regalos en Navidad ni por repetir frases románticas sobre patriotismo.

Los ciudadanos mediremos su éxito por la aptitud para canalizar nuestras demandas, así como por acciones que desarrollen para resolver problemas concretos, mejorando servicios públicos, para finalmente facilitarnos condiciones de vida.

Les apuesto, estimados lectores, que si cumplimos este compromiso tendremos menos choros.