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Barcelona (EFE). El Barcelona se expone a ser multado con un máximo 54,6 millones de euros, a resultas del 'caso Neymar', después de que, según el fiscal, el club azulgrana incurriera en un supuesto fraude tributario de 9,1 millones de euros.
Todo radica en la consideración fiscal que el Barça hizo de los 37,92 millones pagados en la operación al jugador -10 millones en 2011 y otros 27,92 millones en 2013 para asegurarse su fichaje- y que, según Hacienda, deberían tener una retención.
Las citadas cantidades tendrían que ser consideradas como una prima de fichaje -cantidades que se abonan a los futbolistas que llegan a los clubes sin que sea preciso un traspaso entre clubes- y por lo tanto deberían tener su correspondiente retención como rendimientos del trabajo.
Una vez conocida la cifra, el club azulgrana depositó en Hacienda 13,5 millones de euros para "dar cobertura a las eventuales interpretaciones que se puedan dar a todos los contratos firmados" en la operación Neymar.
En cualquier caso, el articulo 305 del título XIV del Código Penal, referente a los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, establece que quien por "acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal (..) cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta (..) será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía".
La resolución del caso es compleja, ya que por primera vez se ha producido una imputación de delito a una persona jurídica, en este caso un club de fútbol.
"Es una figura nueva y no hay jurisprudencia sobre condenas al respecto", ha asegurado el abogado Xavier Albert Canal, experto en derecho deportivo, en declaraciones a 'Rac1'.
El citado abogado recuerda que en el caso de las personas jurídicas podría llegar desde la inhabilitación hasta la disolución de la entidad -"cosa que no pasará"-, según advierte.
En el caso de Sandro Rosell, Canal considera que es "el instrumento que ha utilizado el club para defraudar" y recuerda su imputación por "la comisión del delito fiscal".
"Además de las sanciones económicas, podrían recaer, una pena condenatoria, pero no de privación de libertad y la entidad (el Barça) podría pedirle responsabilidad civil a Rosell por los daños ocasionados", asegura.
El caso Neymar puede suponer una nueva brecha en el seno del club. El socio Jordi Cases, quien abrió todo el asunto al presentar una querella por supuesto delito de apropiación contra el expresidente Sandro Rosell por la que ha sido imputado, pedirá en los próximos días la imputación del presidente Josep Maria Bartomeu por una presunta "administración desleal".
La misma sería ampliada al vicepresidente económico Javier Faus, quien también firmó algunos de los contratos del astro brasileño. Cases considera que los pagos realizados en esta operación los tendrían que asumir los directivos implicados en el caso, pero a título personal, puesto que el club no tendría que hacer frente a las citadas cantidades.
Canal avala esta posibilidad y asegura que cualquier socio podría pedir responsabilidad por los daños ocasionados. "No solo por el perjuicio económico causado, sino también por los daños de imagen que ha sufrido el club en estas operaciones que han sido conocidas en todo el mundo", ha dicho
