La sanción ha demorado mucho. Desde hace más de una década la vieja casta europea ha resentido el ingreso de las casas saudí y catarí a sus feudos a través del Manchester City y el Paris Saint-Germain, respectivamente. Ningún poder, en ningún ámbito, cede terreno sin librar una lucha.
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La constitución de las reglas del ‘fair play’ financiero de la UEFA, cuyo propósito consiste en asegurar que los clubes no gasten más de lo que reciben orgánicamente a través de taquilla, derechos de transmisión y márketing, nace con un buen propósito: evitar que dinero extrafutbolístico infle el mercado y cree burbujas y desequilibrios artificiales. Sin embargo, una institución con ese poder es también un arma política: al investigar, acusar y dirimir, el ente es también un instrumento para mantener los antiguos equilibrios y contener las ambiciones de los ‘nuevos ricos’. El Manchester City lo ha entendido así, tal como señala en su comunicado de respuesta, y por eso apelará al Tribunal de Arbitraje Deportivo de Suiza (TAS), un viejo conocido de la afición peruana por el caso de Guerrero.
El PSG tuvo mejor suerte: fue absuelto de maquillar sus cuentas a través de patrocinios falsos. Hay, sin embargo, algunos hechos que ponen en duda la suerte judicial: el presidente del equipo francés, Nasser Al-Khelaïfi, es miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, sirve de ministro sin cartera en su país –organizador del próximo Mundial– y es dueño de BeIn Media Group, empresa propietaria de los derechos televisivos de la Champions League y de la Copa del Mundo en Medio Oriente y el norte de África. Una sanción a los parisinos habría tenido el mismo efecto, para la UEFA, que dispararse en propio pie.
Al no haber mezclado sus intereses lo suficiente con el brazo europeo de la FIFA, el Manchester City luce como un rey desnudo: en doce años su dueño, Mansour bin Zayed, miembro de la familia real de Abu Dabi, ha invertido más de 2 mil millones de euros en contrataciones. Sin embargo, las inconsistencias contables son evidentes: solo entre el 2012 y el 2016 invirtió 700 millones de euros en compras (Fernandinho, Navas, Negredo, De Bruyne, Sterling, Sané, Stones, Gündogan, ¡Guardiola!, Laporte, Mendy, Walker, Silva, Ederson) y solo recuperó 200 millones en ventas. El resultado deportivo ha sido impresionante en el ámbito local (cuatro Premier Leagues), pero no hay trofeo que cubra un forado de medio billón de euros.
Si la sanción se mantiene, el daño para los citizens será grave. Dos temporadas sin fútbol europeo implica una pérdida de 300 millones de euros en ingresos, a los que habría que añadir 32 millones más de multa. Nada que asuste al emir. Pero el verdadero peligro es institucional: los agentes se frotan las manos a la espera de negociar la salida de sus estrellas, la prensa británica especula con ver al City degradado a la Cuarta División, a la vez que se leen amenazas de retirarles el título del 2014. El catastrofismo es vendedor, pero improbable; la penalización se encontrará en un punto medio ejemplar, aleccionante, pero no terminal.
Desde Perú, estas noticias se consumen con envidia y escepticismo. Ningún empresario en sus cabales ve el fútbol aquí como un negocio rentable económica, social o políticamente. Las empresas históricamente comprometidas con este deporte, como Backus, se distancian en silencio. Si al menos los jeques árabes supieran cuántas insignias se pueden comprar por estos lares con las propinas que dejan después del café…
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