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El Gobierno ratificó su interés por el destrabe de Chavimochic III la semana pasada, aunque el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) no envió la adenda al contrato de concesión del proyecto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
En primer lugar, el Ejecutivo promulgó la ley que declara de interés nacional la reactivación del proyecto agrario. En segundo lugar, el viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, Hugo Obando, señaló en una reunión en Trujillo que la semana pasada enviaría el documento al MEF. Hasta el viernes dicha entrega no se concretó.
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“El MEF en 10 días hábiles debe pronunciarse, pero hay compromiso de hacerlo en menos tiempo”. señaló el miércoles 10 de agosto. A pesar de su declaración, la adenda no llegó al despacho del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, hasta el final del viernes pasado.
El Comercio buscó la versión del Midagri y del MEF para este informe, pero no obtuvo respuesta.
Plazos
Según Yuri Armas, gerente de la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible, gremio que agrupa a empresas exportadoras y agrícolas de La Libertad, el plazo máximo para solucionar las controversias es el 9 de setiembre, es decir, contando el lunes 15 de agosto solo quedan 20 días hábiles para que se apruebe. “Los plazos del arbitraje internacional son cortos y la maquinaria estatal es lenta”, advirtió.
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El Consorcio Chavimochic, integrado por Odebrecht y Aenza, inició un arbitraje contra el Estado en marzo del 2017 por presuntos incumplimientos del contrato. Desde diciembre del 2016 el encargado de la obra dejó de construir debido a los incumplimientos. La demanda tiene un valor de US$124 millones y el 9 de setiembre es el plazo máximo para la lectura de sentencia que dio el tribunal arbitral de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. “El plazo ya no se puede ampliar”, agregó Armas.
Luego de negociaciones entre ambas partes, el consorcio desistirá de la demanda si se aprueba la adenda. Para que ello se dé, el MEF debe aprobar el informe que sustenta la adenda en un plazo de 10 días hábiles. Tras su visto bueno, el documento será revisado por Contraloría, que tiene otros 10 días hábiles para responder.
“Sería raro que el MEF no apruebe la medida, pero como los plazos están al límite no se puede asegurar [el destrabe]. Si el Midagri no tiene la información o demora, hay riesgo”, indicó Ronald Fernández Dávila, socio de Infraestructura y Proyectos en el estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.
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Fernández Dávila también advirtió que tanto el MEF como la Contraloría pueden solicitar información adicional que explique los motivos de la aprobación de la adenda. Estos pedidos no están incluidos en el plazo de 10 días hábiles que tienen para responder. “La demora puede deberse a la inexperiencia de los funcionarios que ingresaron con el reciente cambio de ministro [el 6 de junio pasado] o con que el ministerio se está tomando el tiempo para recoger toda la información necesaria y que no sea devuelta por el MEF. Es muy importante la presentación del expediente para que no se tenga que sustentar otra vez”, añadió.
El proyecto Chavimochic III supondrá una inversión total de US$750 millones. Hasta 2016 las obras de la presa de Palo Redondo tuvieron un avance del 30%, aún no se determina si hubo un deterioro de las mismas desde esa fecha. El acuerdo entre el Consorcio Chavimochic y el Midagri aprueba el destrabe de esta construcción y deja abierta la puerta para que pueda seguir en las siguientes etapas del proyecto.
