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Todo indica que las advertencias hechas por los actores de la industria informática en el 2012, cuando se estableció un nuevo sistema de compras en el Estado para computadoras, eran acertadas. Hoy, el ministro Jaime Saavedra es objeto de una posible censura por considerarlo responsable político de una compra irregular de equipos que hicieron funcionarios del MINEDU (Ministerio de Educación) al usar un sistema que se advirtió ofrecía deficiencias.
Fue en marzo del 2012 cuando los empresarios nacionales ligados al sector informático manifestaron su preocupación ante la implementación de las nuevas formas de compra en el Estado. Ellos dijeron que el sistema alteraría en forma negativa el desenvolvimiento habitual del mercado, abriría la puerta para el monopolio y, peor aún, permitiría la concreción de negocios ilícitos.
El proceso de cambio en la forma de compra estatal lo inició la OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado) en el 2011 en el rubro de útiles de oficina y se amplió en el 2012 a impresoras (con sus suministros), computadoras y combustibles.
Según la OSCE, las primeras experiencias fueron exitosas porque se consiguió recoger gran variedad de empresas grandes y pequeñas en las órdenes de compra. Además, el 56% de las 106 empresas que participaron en el primer ensayo eran mypes.
Sin embargo, Juan Vicente, entonces gerente general de la ensambladora local Infordata, criticó que los beneficiados de ese proceso fueron los grandes vendedores de útiles (mayoristas). En ese entonces, Vicente dijo que no se debía ampliar el uso de ese mecanismo a las compras de PC.
El cuestionamiento principal que se hizo al método utilizado por la OSCE era que dejaba la puerta demasiado abierta, lo que facilitaba negocios corruptos. El catálogo virtual implementando ese año, informaron los empresarios, ofrecía la ventaja de simplificar el trámite y reducir los tiempos destinados a una licitación, pues cada entidad estatal podía entrar cuando quisiera al portal y escoger entre las ofertas ahí publicadas sin realizar un engorroso proceso de licitación para ello.
No obstante, el problema radicaba en que no existía el debido control para cada proceso de compra y, dados los antecedentes de corrupción del país, se podían facilitar la concreción de fraudes o acuerdos fuera de la mesa sin que las autoridades se dieran cuenta.
Incluso los fabricantes internacionales se pronunciaron en su momento, pues era evidente que los distribuidores mayoristas manejarán siempre mejores precios que los pequeños, quienes solo pueden ofrecer precios más bajos y competitivos cuando saben que postulan a un concurso de grandes volúmenes. Además, advirtieron, no había forma de evitar que algún distribuidor "deshonesto" hiciera un acuerdo de precio por determinado volumen con algún funcionario corrupto antes de que saliera a comprar al portal. A eso sumemos que la falta de supervición para cada concurso hacía difícil detectar que algunos distribuidores deshonestos hicieran "bonos" o "regalos" a los funcionarios públicos para favorecer a un postor.
Carlos Durand, gerente de Advance Computer y ex presidente de la CCL (Cámara de Cómercio de Lima) también se pronunció en aquella oportunidad y pidió que se promovieran mecanismos que garanticen una compra estatal en donde las mypes tengan mejores oportunidades de competir y se fiscalice mejor cada compra para evitar compras irregulares.
Lamentablemente, los reclamos del sector no fueron atendidos en su momento, el sistema entró en vigencia y hoy se presume que hubo algunos funcionarios del Minedu que aprovecharon la libertad obtenida en busca de la simplificación para actos irregulares.
La falta de mecanismos de control de los proveedores del catálogo digital ha permitido que se pongan precios arbitrarios y si lo sumamos a la inexistencia de filtros adecuados ante cada proceso de compra, advierten hoy los abogados, serían las causantes de un problema que se pudo evitar si se hubiera escuchado las advertencias que hicieron en su momento los miembros de la industria.
