El gran reto de la nueva reforma tributaria, por Marcial García

Pese a que el presidente Vizcarra había sostenido que para aumentar la recaudación no era necesario subir los impuestos, sino ampliar la base tributaria y mejorar los controles, sorpresivamente el Gobierno elevó el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

Seguir incrementando la carga impositiva a los mismos contribuyentes de siempre en lugar de enfocarse en quienes no cumplen con tributar sería contraproducente, pues desincentivaría la inversión y propiciaría una mayor evasión.

El sector informal de la economía, como todos sabemos, es la principal fuente de evasión fiscal en el Perú. Según el INEI, el 85,8% de las empresas nacionales opera en la informalidad y no paga impuestos. Algunos estimados indican que como consecuencia se dejan de recaudar unos S/58.000 millones anuales, disminuyendo la posibilidad de ofrecer más y mejores servicios públicos que la población reclama.

La cifra es alarmante. Corresponde a más del doble del actual presupuesto del sector Educación y cinco veces el de Vivienda, Comercio, Cultura, Justicia y Trabajo juntos.

Para poder allanar el camino hacia la formalización no podemos seguir teniendo un sistema tributario que condena a un pequeño porcentaje (el 0,7%) de las empresas del país a aportar la gran mayoría de la recaudación (el 75%) y a soportar un Impuesto a la Renta de 29,5%, que está muy por encima del promedio mundial (22,8%) y de los 35 países más desarrollados del mundo agrupados en la OCDE (21,9%).

De hecho, la tendencia internacional es a bajar los impuestos, no a subirlos. Sin ir muy lejos, desde este año Estados Unidos redujo su impuesto empresarial de 35% a 21%.

Por el lado del IGV (lo que otros llaman IVA), que es el que más peso tiene en la composición de nuestros ingresos tributarios (representa el 60% del total), tampoco hay espacio para elevar la tasa. La de 18% que tenemos no solo es más alta que la tasa promedio de la región (13%) sino del mundo (15%).

Subir el IGV tendría un enorme costo político y social, dado que perjudicaría, sobre todo, a los más pobres.

Las explicaciones detrás de la fuerte caída de la presión tributaria que venimos sufriendo son varias (en el 2017 descendió hasta el 12,9% del PBI, la más baja en 15 años), pero no se puede negar que la informalidad sigue siendo una de las principales.

El problema de fondo parece ser que los ciudadanos y las empresas no perciben que el pago de impuestos reporte mayores beneficios. Así, por lo menos, lo demuestra una reciente encuesta de Pulso Perú, en la que el 86% de peruanos considera que el Gobierno gasta inadecuadamente los impuestos recaudados.

En esa medida, el gran reto de la nueva reforma tributaria que se está barajando es enfrentar la evasión de los informales.

A estas alturas queda claro que las medidas adoptadas en el 2016, bajo la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, no han funcionado, por lo que deben corregirse, y si se aprueba el pedido de facultades legislativas, Martín Vizcarra y su Gabinete tienen una oportunidad histórica de hacerlo y de dejar un significativo legado.

A fin de cuentas, muchos más ingresos fluirán al Estado con más empresas y trabajadores formales.