Instituciones, energía y crecimiento económico, por David Tuesta

La historia y los hallazgos de la teoría económica han concluido unánimemente, que la fortaleza de sus instituciones son parte central del camino a la prosperidad. Douglass North, premio Nobel de Economía, definía las instituciones como las guías diseñadas por las sociedades para estructurar su interacción económica y social, donde las reglas acordadas definen sus conductas. Así, estas terminan definiendo las elecciones de los agentes económicos, los costos de transacción, los costos de producción, los beneficios económicos y la viabilidad de involucrarse en una actividad productiva en el largo plazo.

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Por el contrario, si las instituciones son fallidas surge la incertidumbre; la desconfianza de los que se atuvieron a sus reglas cae; sus compromisos económicos se contraen; y, es finalmente toda la sociedad quien se ve expuesta a sufrir negativas consecuencias. Esto último, describe perfectamente lo que viene sucediendo en el Perú luego de la decisión de la Corte Suprema que, bajo interpretaciones dudosas de la aproximación marginalista de la teoría económica y el rol de los costes variables, decidió poner en vilo el margo legal del funcionamiento del mercado de generación eléctrica; el mismo que ha regido durante casi tres décadas, y que ha sido una de las piedras angulares del beneficio económico-social experimentado por el país en toda su historia republicana.

Un factor clave que permitió que el Perú superara las décadas perdidas de los setentas y ochentas, donde las instituciones económicas del país se pusieron de cabeza, fue la introducción de la Ley de Concesiones Eléctricas de 1992, que trajo competencia en el mercado de generación y donde la eficiencia de los participantes era el principal incentivo para su actuación. Como se sabe, para que una legislación se plasme en un elemento transformador requiere su vigencia y cumplimiento a lo largo del tiempo, lo que al final la termina convirtiendo en prueba viva para la sociedad de que los diferentes intereses pueden alinearse y hacer que el motor de crecimiento generalizado se active.

Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema de tirar al tacho la teoría de determinación de precios y las eventuales acciones que se tomen por el gobierno central, supervisores y reguladores, pueden terminar poniendo en riesgo todo el beneficio ganado por la sociedad peruana. Por ello, los que son ahora responsables de reforzar la institucionalidad regulatoria deben dejar de lado las presiones que seguro surgirán por parte de los agentes que no han podido ser eficiente bajo las reglas en vigor. La teoría de la organización industrial deja en evidencia que las empresas ineficientes suelen ser las primeras en quejarse del marco regulatorio cuando ya nos les favorece en los ciclos económicos malos. Y en lugar de mejorar su gestión, sus recursos son usados para ejercer presión sobre los que tienen el poder de modificarlo a fin de obtener el “extra” que no se logró en buena lid en el mercado.

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Y es que no podemos dejarnos confundir. Las firmas saben que el gran determinante a largo plazo en este sector es el funcionamiento de la oferta y la demanda, por lo que deben estar preparadas para enfrentar diferentes situaciones. Adicionalmente, tenían que estar atentos a cualquier intervención por parte del gobierno de turno que puede terminar afectando a todos, como fue la introducción de la Prima RER o como cuando este tomó decisiones poco acertadas sobre sus empresas estatales. Siendo esto así, no se puede cambiar las instituciones que benefician al país por la mala gestión de unos pocos. No se puede caer ante el juego maniqueo de que el incremento de la Primar PER (cargo en el recibo para subsidiar a la oferta de energía renovable) se debe a la aproximación teórica de los costes variables, cuando en realidad se debe al propio mecanismo elegido por el Estado. Cuando el Estado intervino de esta forma, fueron las empresas más eficientes las que se prepararon mejor para enfrentar el nuevo escenario. Las ineficientes no.

Y es falto de la verdad señalar que la introducción de costes fijos en la construcción de precios de las generadoras que usan gas natural permitirá mejorar los precios de los consumidores, con el contrasentido de una subida artificial de los costes marginales que haga que el cargo por la Prima RER disminuya. Por el contrario, las consecuencias de la decisión de la Corte Suprema pueden terminar derivando en incrementos tarifarios de 15% para las familias y un golpe a la industria y sector minero con incrementos de precio de cerca del 50%. ¿Así pretendemos crecer y recuperar el empleo de la economía peruana? Este es un tema país, que requiere la mirada atenta no sólo del Ministerio de Energía y Minas, sino también del Ministerio de Economía y Finanzas. Si queremos crecer a largo plazo, las instituciones se deben respetar.

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