En nuestro país, cada año se conforman 150 mil hogares que necesitan una vivienda adecuada. Entre casas convencionales y de interés social, las familias acceden solo a 50 mil propiedades formales. Esto conlleva a que, 100 mil familias se queden sin un techo dónde vivir, por lo que sucumben ante las mafias de traficantes de tierras y el hacinamiento. Esto no es justo.
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Lejos de ser acortada, la brecha habitacional en el Perú- cada año- crece más. Para solucionar este gran problema social se requiere generar 200 mil domicilios anualmente, lo cual nos permitiría cerrar este déficit cuantitativo de 500 mil, en un periodo de 10 años y cubrir la necesidad anual de las nuevas familias.
Actualmente el presupuesto destinado para vivienda social es visto por el Estado como un gasto y no como una inversión. En el 2022 los programas sociales de subsidios para los hogares se quedaron sin dinero a mitad de año. Los presupuestos que gestionan tienen un límite de tiempo muy corto para su ejecución. El sector requiere un plan de vivienda a largo plazo que parta de un fondo multianual de bonos otorgados por el gobierno.
Se debe multiplicar en 10 veces los recursos que se destinan para las familias que requieren acceder a una vivienda, de lo contrario, al ritmo que vamos, la brecha no se cerrará nunca, y cada vez más peruanos verán como única salida la oferta informal de terrenos, viviendo sin la dignidad que toda persona merece.
Aunque parezca increíble, algunas autoridades locales han salido a cuestionar la facultad del Poder Ejecutivo de promocionar la Vivienda de Interés Social, desconociendo que el Tribunal Constitucional ha zanjado este tema, reconociendo la facultad del Ministerio de Vivienda en materia de vivienda social. Las autoridades y la clase política deben comprender que invertir en vivienda es darle al ciudadano lo que más necesita para mejorar su calidad de vida y para alcanzar en gran parte, la ansiada paz social.
