Buenas intenciones, pobres resultados

Toda política pública debiera ser evaluada por sus resultados, no por sus intenciones. Más aún cuando su implementación requiere del uso de recursos públicos que podrían ser mejor aprovechados.

Esta reflexión es oportuna ahora que el Poder Ejecutivo ha dispuesto la ampliación de la vigencia de la inclusión del balón de gas licuado de petróleo (GLP) en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible (FEPC) hasta el 26 de octubre de este año.

Cabe recordar que el FEPC es un mecanismo creado en 2004 con la finalidad de mitigar las fluctuaciones en los precios de combustibles. Así, el mecanismo establece una banda con un tope máximo y uno mínimo. En los casos en que el precio internacional supere el tope, el fondo subsidia el precio del mayorista, y en caso el precio internacional esté por debajo de la banda, el fondo acumula recursos.

A la fecha, los recursos destinados a estabilizar los precios de los combustibles han sido considerablemente mayores a los que el fondo ha acumulado, por lo que en la práctica el FEPC ha operado como un subsidio.

No obstante, desde la inclusión del balón de GLP en el FEPC en septiembre de 2021, el precio que paga el consumidor no se ha reducido. De hecho, este mostró una tendencia al alza durante los primeros 8 meses de vigencia en el FEPC.

Esto se explica por un problema de diseño en el mecanismo. Sucede que el subsidio del FEPC se aplica al precio del mayorista, componente que explica solo uno quinto del precio final que paga el consumidor por el balón de GLP. El resto del precio corresponde a los costos asociados a la cadena de envasado y distribución.

Lo que ha sucedido es que las empresas envasadoras -que son las que pagan el precio de mayorista- no han trasladado ese ahorro a los usuarios finales, de modo que el mecanismo solo ha servido para engrosar sus márgenes. De hecho, las ganancias de las envasadoras se han incrementado en cerca del 60%, mientras que el consumidor final -quien debiera ser el beneficiario de este mecanismo- no se ha visto favorecido.

Solo en 2022 se destinaron S/.1,643 millones al FEPC. ¿Qué sentido tiene destinar una suma tan importante de recursos para solo beneficiar a unas pocas empresas?

Debemos buscar mecanismos más efectivos para impactar a los consumidores finales, y en particular a aquellos de menores recursos. Un ejemplo es el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), que se destina a brindar apoyo directo a la población vulnerable para el acceso a combustibles limpios para cocinar. Para ello, entre otras acciones, otorga un vale de descuento al precio del balón de gas. Así, mientras que el FEPC constituye un subsidio “ciego” (que va a todos por igual), el FISE representa un apoyo focalizado que beneficia a la población vulnerable que realmente lo necesita.

Otro ejemplo es la política de masificación del gas natural, la cual, a través del programa “Bono Gas”, ha acelerado la conexión de miles de hogares en diez regiones del país. A la fecha, tenemos más 1.8 millones de usuarios conectados a las redes de distribución de gas natural que ya no dependen de los vaivenes del mercado de GLP.

Apostemos por la implementación de políticas públicas sobre la base de ciencia y evidencia, que busquen el máximo impacto posible por sol gastado y que tengan como foco al ciudadano.