"Es importante entender que en el mediano plazo deberíamos lograr una mayor participación ciudadana informada en el presupuesto público", indica Gibu. (Ilustración: El Comercio)
"Es importante entender que en el mediano plazo deberíamos lograr una mayor participación ciudadana informada en el presupuesto público", indica Gibu. (Ilustración: El Comercio)
Caroline Gibu
Caroline Gibu

En los próximos días, superada la crisis política, esperamos que se reinicie el debate del 2021 en el y que mayor información pueda ser analizada por expertos, pero también conocida por la ciudadanía.

El presupuesto público es un instrumento difícil, y su lectura requiere un amplio conocimiento de finanzas públicas, de la organización del gobierno, de las diversas formas de financiamiento y de clasificación del gasto, así como de las instancias finales que participan. Es elaborado por especialistas y para especialistas.

Sin embargo, dado que es el principal instrumento para generar acceso a derechos fundamentales –como salud, educación, justicia, vivir en paz y con seguridad, libertad de emprender y para ser propietarios, entre otros– y generar mayor bienestar a la población, resulta sensato pensar que merecemos conocer cómo funciona y en qué medida nos beneficiamos.

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Los esfuerzos por “traducir” el presupuesto público por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) siguen siendo tímidos. Tenemos mucha información en su plataforma web, incluso datos abiertos y una Guía de Orientación al Ciudadano del Presupuesto Público que se publica desde el año 2013 en formato digital y cuya versión 2020 tiene una plataforma web exclusiva pero poco difundida, y aun así se espera que sean los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil quienes actúen de traductores cuando su rol también es de vigilancia y control del uso de los recursos públicos.

En el informe del Open Budget Survey 2019 se indica que, de 117 países evaluados, 72 publicaban un presupuesto ciudadano –una versión amigable del presupuesto– pero solo 16 países contaban con instrumentos para preguntarle a las personas qué temas específicamente querían saber del presupuesto. Así, por ejemplo, Suecia ha establecido un canal de consultas que incluye redes sociales, para responder de manera inmediata preguntas sobre temas presupuestales sin tener que recurrir a una solicitud de acceso a la información. Nueva Zelanda estableció una encuesta en el 2018 para contar con evidencia que le ayude a perfeccionar la forma como comunica su presupuesto, sobre la base de diferentes grupos de interés, y para el 2019 ya contaba con The Wellbeing Budget, un presupuesto consensuado con la ciudadanía y enfocado a resolver los principales problemas sociales.

Pero mejorar la forma de comunicar el presupuesto y cómo funcionan las finanzas públicas es solo un primer paso. Es importante entender que en el mediano plazo deberíamos lograr una mayor participación ciudadana informada en el presupuesto público. Y quizás esto es lo más difícil de lograr para quien desea mantener el equilibrio de las arcas fiscales. Aun cuando hoy contamos con presupuesto participativo en gobiernos regionales y locales, el porcentaje de lo que se consulta es pequeño frente a todo el presupuesto que administran; y la mayor parte del gasto administrado por el Gobierno Central no es sujeto a discusión pública, salvo en el Congreso.

Empezar con pequeños pilotos de información, consulta y participación en sectores críticos para la ciudadanía, ayudará en gran medida a formarnos en finanzas públicas y a evitar mecanismos populistas y sin sustento económico.

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