Alrededor de 86 mil hogares fueron considerados como “pobres” o “pobres extremos” por errores en clasificación socioeconómica

La Contraloría General de la República, mediante una Auditoría de Cumplimiento, alertó al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) que alrededor de 86 mil hogares contaron con una inadecuada clasificación socioeconómica (CSE) de “pobre” o “pobre extremo” en los años 2020 y 2021, lo que afectó la información considerada en el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), ya que los casos detectados debieron de haber sido considerados o actualizados en la CSE de “no pobre”, afectándose así a la eficiente identificación de los grupos poblacionales priorizados para las intervenciones públicas focalizadas.

El Sisfoh es un sistema intersectorial e intergubernamental administrado por el Midis, que provee información socioeconómica a las intervenciones públicas focalizadas para la identificación de sus potenciales usuarios, con la finalidad de contribuir a mejorar la equidad y eficiencia en la asignación de recursos públicos; así como de proporcionar información básica para enfocar toda política de desarrollo e inclusión social.

Según el Informe de Auditoría N° 009-2022-OCI/5788-AC, cuyo período de evaluación va del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021, la Contraloría revisó la aplicación de la metodología para el cálculo de la CSE de los hogares para la elaboración del Padrón General de Hogares (PGH), en el cual se puede encontrar clasificado un hogar como “pobre”, “pobre extremo” y “no pobre”; asimismo, se obtuvo información referida a los registros de bases de datos administrativas (BDA) de diversas entidades del Estado que se utilizan para el proceso de determinación de dicha CSE.

La “Metodología para la Determinación de la Clasificación Económica”, aprobada por el Midis, establece que el cálculo de las CSE de hogares se hace en base a los siguientes pasos: a) Evaluación de la afiliación a seguros privados de salud o el acceso a empresas prestadoras de salud; b) Evaluación de la tenencia de vehículos; c) Evaluación de Ingresos del Hogar; d) Evaluación por el consumo en servicios de electricidad; y e) Cálculo del Índice de Focalización de Hogares.

Inadecuada CSE otorgada por el Sisfoh

En la revisión efectuada por la Contraloría al proceso de análisis para la CSE realizada por la Dirección General de Focalización e Información Social (DGFIS) del Midis, se advirtió que no se utilizó la BDA de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), que es el primer criterio para identificar a hogares que -según la metodología- tendrían la clasificación de “no pobre” al contar con acceso a algún seguro privado de salud.

Por ello, la Contraloría requirió información a Susalud y de la revisión efectuada a esa información, se identificó en el PGH un total de 79 975 hogares que contaban con CSE de “pobre” o “pobre extremo” pero que en los años 2020 y 2021 tenían al jefe de hogar o cónyuge afiliado a un seguro privado de salud; y por tal razón, en atención a la metodología de determinación de la CSE, a dichos hogares les debió corresponder una clasificación socioeconómica de “no pobre”.

Al respecto, la DGFIS reportó que no se ha suscrito un convenio interinstitucional u otro mecanismo de intercambio de información entre el Midis y Susalud, con la finalidad de contar con las BDA de esta última sobre información de las personas que cuentan con un seguro privado de salud.

Falta de actualización

Por otro lado, en la citada auditoría se constató que existe una falta de actualización de los hogares que tienen la CSE de “pobres” o “pobres extremos” en el PGH, que después de haber obtenido dicha clasificación, presentaron ingresos que superaron los umbrales de pobreza establecidos en la misma metodología, con lo cual su CSE debió corresponder ser actualizada a la de “no pobre”.

Esa fue la conclusión a la que se llegó luego de revisar las pautas técnicas establecidas para evaluar los ingresos del hogar, que toma como información fuente las BDA del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Sunat, respecto a los datos del PGH, se identificaron en dichas BDA, 5884 y 103 hogares, respectivamente, conteniendo integrantes del hogar con ingresos que superan los umbrales de pobreza; por lo cual, sobre estos hogares se debió actualizar su CSE a “no pobre”.

Hogares que consumen más energía

En relación a la revisión de consumos de energía eléctrica, que emplea la BDA del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), se identificó a 123 hogares, cuyo consumo de energía eléctrica supera el umbral definido en la metodología para determinar la CSE de hogares, por lo que les correspondía ser clasificados como “no pobres”.

Las situaciones en mención, fueron ocasionadas por la inadecuada aplicación de la metodología para el cálculo del CSE, entre las que tenemos: la no utilización de la BDA de Susalud a fin de identificar a los hogares que cuentan con un seguro privado de salud; se omitió la actualización oportuna del PGH en función a las BDA proporcionadas por el MEF y la Sunat; mientras que, en el caso del consumo de energía, la información de la BDA de Osinergmin fue registrada con retraso.

Incumplimiento de plazos

La auditoría también detectó que la Dirección de Operaciones de la DGFIS, no cumplió los plazos establecidos para la atención de solicitudes de CSE formuladas por ciudadanos integrantes de 40 701 hogares, que equivalen al 21.06% de las 193 228 solicitudes que se presentaron entre los meses de agosto y diciembre del 2021, y provenían de las regiones de Áncash, Cajamarca, Junín, La Libertad, Piura y San Martín.

De las 40 701 solicitudes, se verificó que 35 851 solicitudes correspondientes a hogares del ámbito urbano, fueron atendidas luego de más de 25 días hábiles; mientras que 4850 solicitudes correspondían a hogares del ámbito rural, demoraron más de 40 días hábiles en ser atendidas. Existiendo demoras de hasta 190 días, es decir, más de 6 meses de vencidos los plazos establecidos.

Asimismo, se tiene que de las 40 701 solicitudes, posteriormente un total de 35 274 de éstas, calificaron bajo la condición de “pobre” (22 107) y “pobre extremo” (13 167), conllevando a que obtuvieron su CSE de forma extemporánea, pudiendo haberse visto afectado la posible afiliación oportuna como usuarios ante las entidades del Estado a cargo de las Intervenciones Públicas Focalizadas (IPF), entre las cuales está el Programa Nacional Pensión 65, el Programa Nacional Juntos y el Seguro Integral de Salud (SIS).

Por estos hechos, la Contraloría determinó presunta responsabilidad administrativa en tres funcionarios del Midis, que ocuparon los cargos de Director General de la Dirección General de Focalización e Información Social, Director de la Dirección de Diseño y Metodología y Director de la Dirección de Operaciones de Focalización, por lo que se recomendó al titular de dicho ministerio realizar las acciones que correspondan para el deslinde de las responsabilidades en los hechos detectados.