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Luego de que el Congreso aprobara por insistencia el proyecto de ley que suspende el cobro de los peajes, la presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), Leonie Roca, señaló que está peligrando la inversión privada que será uno de los pilares más importantes para la recuperación económica.
“¿De qué reconstrucción económica vamos a hablar? Tenemos un Estado empobrecido que tendrá que recurrir a la inversión privada, pero ¿cuál? ¿Qué inversionista va a apostar por el Perú con este precedente, donde la naturaleza es aprobar rápidamente normas sin sustento? Esta actividad está en riesgo”, remarcó en diálogo con El Comercio.
La presidenta de AFIN comentó que ajenamente a los argumentos legales, en los que se incluyen potenciales demandas millonarias ante el Estado, se critica que el Legislativo no haya seguido los protocolos para aprobar una ley.
Roca añadió que -de darse el espacio para el debate técnico- “los argumentos de esta ley se hubieran caído por su propio peso”.
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“Se habla de que se quiere evitar potenciales contagios en la transacción del cobro y no hay evidencia de eso. Hay más riesgo de que alguien se contagie de Covid-19 al recoger el delivery en su casa que un transportista pagando su peaje. También se habla de proteger a todos los peruanos, pero estamos en un estado de inmovilización social obligatoria. Por estos puntos pasan mayormente transportistas de carga”, detalló Roca.
La presidenta de AFIN agregó que esta ley “tiene nombre propio” y que beneficia justamente a los transportistas, quienes han mantenido el cobro de los fletes y trasladado el costo de los peajes a los usuarios finales.
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“Al saltarse el protocolo, no se levanta información de quiénes realmente se benefician, con cuánto y cuáles son los riesgos para los trabajadores de los peajes. [En esta línea], el Congreso entonces deberá encargarse de reducir los montos que cobran los transportistas”, manifestó Roca.
DESCONCIERTO
A su turno, Verónica Zambrano, presidenta del consejo directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), mostró su “desconcierto” ante lo que pueda ocurrir en las próximas semanas bajo la responsabilidad del Congreso.
Esto, debido a que los contratos firmados entre el Estado y los concesionarios autofinancidos prevén que se dé mantenimiento a los casi 3.000 kilómetros de carreteras, pero ahora no habrá un reconocimiento a la contraprestación.
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“Esto es inviable desde el punto de vista contractual. Afecta a los usuarios porque no se dará mantenimiento a las vías. Ellos [los concesionarios] legítimanente podrían no cumplir con su obligación y el Estado debería asumirlo”, indicó Zambrano en conversación con este Diario.
“Me preocupa el mensaje del Congreso que le da al inversionista y al país. La norma es inconstitucional, es un mensaje de incumplimiento, abiertamente una expropiación. El Estado principalmente debe respetar los contratos. El mensaje es contrario al de un Estado de Derecho”, complementó la presidenta de Ositran.
Por último, Roca indicó que si el Ejecutivo es consistente con la observación a la autógrafa de esta norma establecería una acción de inconstitucionalidad. “Debería hacerlo porque se está violando flagrantemente la ley”, apuntó.
PEAJES QUE NO COBRAN
De los 78 peajes en el país, 56 han suspendido sus cobros luego de resoluciones del Ejecutivo. Estos son administrados por Provías Nacional y concesionados bajo contratos cofinanciados.
En los 22 restantes, que abarcan 3.000 kilómetros, no puede darse esta figura porque son concesionarios autofinanciados. Es decir, los recursos que captan sirven para prestar mantenimientos de vías, atención de emergencia, recojo de basura y desmonte, entre otros.
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¿Qué es la covid-19?
La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.
El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.
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