Congreso podría derogar normas clave para el prometido destrabe

El grupo de trabajo parlamentario encargado de revisar los 112 decretos legislativos (D.Leg.) que presentó el Ejecutivo en el marco de las facultades delegadas ha culminado ya esta titánica tarea. El Comercio supo cuáles podrían ser derogados o modificados por recomendación del equipo encabezado por la congresista de Fuerza Popular Úrsula Letona. Follow @EconomiaECpe

Algunas de estas recomendaciones ya han sido debatidas por la Comisión de Constitución del Congreso, presidida por el también fujimorista Miguel Torres. El resto se discutirá en los próximos días. De proponerse derogar o modificar los decretos, esto se sometería a votación del pleno.

Este Diario intentó en los últimos días comunicarse con ambos parlamentarios sin éxito, pues atienden la emergencia que sufre el país.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Entre los decretos legislativos a los que la comisión de Letona ha bajado el dedo, uno es particularmente clave para el Ejecutivo: el que crea la APIP, una unidad especializada en el saneamiento y liberación de los terrenos para los grandes proyectos de infraestructura priorizados, cuyo diseño fue trabajado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) junto con el Banco Mundial.

El MEF estima que, a través de esta medida, se reduciría el tiempo de expropiación de predios de tres años a seis meses, lo que ahorraría sobrecostos al Estado y desincentivaría la firma de adendas en los proyectos de infraestructura, pues la demora en la entrega de terrenos para realizar las obras ha sido una causa permanente de cambios en los contratos. El ejemplo favorito del Ejecutivo es el caso de la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez, cuya construcción lleva 10 años de retraso por la falta de acceso a los terrenos.

Sin embargo, tras la promulgación de la medida, voceros de comunidades indígenas y originarias advirtieron que podría afectar sus derechos de propiedad.

Ante la preocupación de las comunidades, el grupo de trabajo presidido por Letona recomendó la aprobación del decreto incluyendo en el texto que “deberá reconocerse el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. El MEF estuvo de acuerdo con el cambio.

Sin embargo, cuando su recomendación se debatió en la Comisión de Constitución, tanto Letona como sus compañeros de bancada votaron por derogar el D.Leg.

Para José Escaffi, gerente general de AC Pública, esta decisión es equivocada, ya que el D.Leg. no cambia el marco legal vigente para las expropiaciones. El experto sostiene que el efecto de la norma es la creación de un equipo de personas especializadas que rectifique planos, haga un diagnóstico sobre la situación legal de los predios y formalice derechos de propiedad. En caso de que algún proyecto de infraestructura que haya sido priorizado involucre a una comunidad indígena u originaria, se seguirán los mecanismos de consulta vigentes, afirma Escaffi.

TRAMITOLOGÍA
Otro de los decretos legislativos en la mira es el que busca eliminar la obligación de presentar una copia de los contratos laborales al Ministerio de Trabajo para efectos de su conocimiento y registro. Por este trámite, la entidad cobra una tasa al empleador (S/11,70 en los primeros 15 días y S/30,15 si se supera el plazo).

Para el Ejecutivo, este trámite era redundante en tanto existe la planilla electrónica, administrada por el Estado, en la que ya se especifican los datos del trabajador, la remuneración, el plazo del contrato y la modalidad.

Quienes se oponen al D.Leg. sostienen que el no presentar el contrato físico al Ministerio de Trabajo afectaría la labor de fiscalización laboral de la Sunafil. En esa línea, en las recomendaciones de la comisión de Letona se afirma que la medida incrementará la informalidad laboral.

Sin embargo, el D.Leg. considera que Sunafil ya tiene acceso a los documentos de la planilla electrónica. “La decisión del Congreso busca proteger los derechos de los trabajadores, como si un trámite burocrático y un sobrecosto para las empresas empleadoras sirvieran para algo”, replica Gianfranco Castagnola, presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría.  
 
LA IDENTIDAD
El Congreso también busca quitar fuerza a uno de los decretos legislativos emblemáticos en cuanto a simplificación administrativa: el que mantenía indefinidamente la validez del DNI vencido para trámites administrativos y comerciales. 
Previamente, si caducaba este documento, uno ya no podía subirse a un avión, cobrar cheques ni pagar con una tarjeta de crédito. Estas restricciones fueron establecidas por el Reniec para facilitar su labor administrativa y, a través del cobro del trámite de renovación, recaudar recursos, afirma Castagnola.

“Estas restricciones son desproporcionadas pues, en la práctica, desconocen el derecho a la identidad protegido por la Constitución”, añade el economista. 
La oposición del equipo de Letona al D.Leg. se basa en que los ciudadanos ya no renovarían el DNI al no tener incentivos para hacerlo. La comisión afirma que esto generaría inseguridad jurídica, pues la fotografía en un documento con muchos años de antigüedad no reflejaría la apariencia actual del ciudadano.

Pero el Ejecutivo ha respondido que se mantiene la restricción de que no se pueda votar con DNI vencido, lo que obligaría al ciudadano a mantener el documento al día al menos en esa circunstancia. Otro argumento del Ejecutivo ha sido que hoy el medio de identificación primordial es la huella digital, ya no el rostro.

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