Consenso en el Congreso para eliminar cobro por gasoducto

Los grupos parlamentarios Acción Popular (AP), Fuerza Popular (FP), Célula Parlamentaria Aprista y Alianza para el Progreso presentaron desde principios de enero proyectos de ley que buscan eliminar el cobro del cargo por afianzamiento de la Seguridad Energética (CASE) en los recibos de luz, el cual está destinado a financiar proyectos de infraestructura en energía como el Gasoducto Sur Peruano (GSP). 

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La iniciativa legislativa que han asumido las distintas bancadas apunta a eliminar el subsidio que pagan todos los usuarios del servicio eléctrico en sus recibos mensuales y, en algunos casos, ordenar la devolución del importe a los usuarios de este servicio; como lo precisó un proyecto de ley de FP. 

El viernes, los parlamentarios de Acción Popular dijeron que el CASE "es un subsidio a favor de las empresas concesionarias de proyectos de infraestructura en energía a base de gas natural y líquidos de gas natural". En otro proyecto de ley, dicha bancada propone otorgar acciones de capital a los usuarios que han pagado el importe del CASE.

Quien aún no ha presentado un proyecto al respecto es el Poder Ejecutivo, a pesar de que el 9 de enero el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, aseguró que se enviaría esta iniciativa al Parlamento.

El CASE es un cobro adicional a la tarifa de luz eléctrica que se abona a un fideicomiso administrado por Osinergmin para finaciar el ingreso garantizado del gasoducto superuano hasta por un total de US$912 millones. El pago al operador del gasoducto se haría efectivo en la eventualidad de que este no funcione en su total capacidad.

En ese sentido, Thorne también señaló que el ingreso garantizado para el operador del gasoducto podría financiarse con una garantía del Estado a partir de la eliminación del CASE. Ello no comprendería una devolución de lo ya recaudado a los usuarios eléctricos. 

GASODUCTO EN HORA CRÍTICA

El proyecto del Gasoducto Sur Peruano, según declaró la empresa concesionaria, no lograría concretarse en su actual configuración ante la imposibilidad de lograr el cierre financiero antes de la fecha final, que culmina el lunes 23 de enero. 

Graña y Montero, grupo constructor que forma parte del consorcio del proyecto, dijo que es muy difícil conseguir el financiamiento que se requiere al no haber bancos que quieran prestar dinero debido a la presencia de la cuestionada firma Odebrecht. 

La española Enagás, que también está dentro del consorcio GSP, ha expresado también la dificultad que encuentran para financiar el proyecto GSP. Según el contrato de concesión, si no consiguen este financiamiento, el Estado Peruano puede quitarles la concesión. 

Sin embargo, la terminación del contrato con el consorcio GSP no tiene relación con el cobro del CASE, el cual fue establecido por una ley aprobada por el Congreso durante el gobierno anterior.