Control de precios: buenas intenciones, malos resultados; por Oswaldo Molina y Giacomo Puccio*

En los últimos 20 años, el panorama macroeconómico en el Perú se ha caracterizado por mantener un crecimiento económico sostenido y una tasa de inflación relativamente baja. De hecho, en el período entre 2001 y 2020, la inflación promedio ha sido de 2,6%, gracias a la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) y su buen manejo de la política monetaria.

Sin embargo, en las últimas semanas los precios han venido subiendo, hasta el punto que la inflación anual se encuentra alrededor de 3,8%, un valor por encima de la meta de inflación que manejan las autoridades.

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Ante esta situación, se ha planteado recientemente la creación de una comisión que defina medidas para mitigar el efecto de la inflación sobre las familias. Esta discusión ha vuelto a poner sobre la mesa un fantasma que los peruanos creíamos haber dejado en el pasado: los controles de precios.

Primero, entendamos por qué vienen subiendo los precios. De acuerdo con el mismo BCR, el aumento en la inflación se explica principalmente por un incremento de los precios internacionales de algunos bienes, como el petróleo, el trigo, el maíz y el aceite de soja. Otro factor importante que explica este incremento de precios es el aumento del tipo de cambio.

Parte de esta depreciación del sol sí tiene un componente local, y se debe a la mayor incertidumbre política que venimos experimentando. Y es que, ante la incertidumbre, los agentes económicos suelen ver al dólar como un “activo refugio” e incrementan su demanda por esta moneda. Como es de imaginarse, el aumento de los precios viene impactando negativamente sobre el costo de la canasta de las familias peruanas y, por tanto, sobre su bienestar.

Los controles de precios pueden ser introducidos con buenas intenciones, pero tienen resultados adversos, incluso sobre aquellas familias a las que supuestamente se quiere beneficiar. Para darnos una idea, las principales consecuencias de este tipo de medidas son (i) una menor producción del bien, lo cual lleva a la escasez; (ii) la creación de “mercados negros”, donde las familias se ven obligadas a pagar más por el producto; y (iii) la producción de bienes de menor calidad, que las familias finalmente terminarán comprando al no tener otra opción a elegir.

Ahora bien, uno se pregunta: ¿por qué los controles de precios llevan a estos resultados? Esto ocurre porque los productores del bien cuyo precio ha sido controlado dejan de tener una ganancia por sus ventas, por lo que se ven poco incentivados a seguir produciendo.

O, en cambio, buscan hacerlo de una manera menos costosa y, por ende, venden un producto de menor calidad. A raíz de la escasez generada por la menor producción, surge lo que se conoce como mercados informales o “negros”. En estos se aprovecha la escasez del bien para terminar ofreciéndolo a un precio mucho mayor al consumidor final.

Por otro lado, quienes sí logran hallar el producto en los mercados formales, usualmente se enfrentan a largas colas para poder obtenerlo, y adquieren el producto con una menor calidad de la que tenía previo al control. Para los peruanos, esto es una historia conocida: solo necesitamos recordar lo que ocurrió durante la década de 1980 o ver lo que viene ocurriendo actualmente en otros países que han implementado este tipo de medidas [ver recuadro].

Según el Banco Mundial (2020), a nivel del país en su conjunto, los controles de precios tienen consecuencias negativas sobre el crecimiento económico.

De hecho, los topes de precio podrían desalentar la inversión en el país, la actividad empresarial y, por tanto, el empleo. Otras consecuencias de los controles de precios incluyen aumentos en los niveles de pobreza y desigualdad, mayores requerimientos de gasto público, complicaciones para aplicar una política monetaria efectiva, entre otros.

En estos momentos, toca confiar en nuestras autoridades monetarias y brindarles precisamente las herramientas que requieren para que cumplan su labor convenientemente.

En ese sentido, es fundamental que el gobierno dé señales claras que brinden la predictibilidad que los diversos actores necesitan. Entre las señales requeridas, nombrar un directorio del Banco Central con el perfil técnico necesario es un paso esencial para controlar las expectativas. Nuestras actuales autoridades monetarias cuentan con una larga trayectoria velando por la estabilidad de la economía peruana.

Al respecto, un dato puede ayudarnos a tener una imagen más completa del panorama: como resalta el economista Juan Carlos Odar, desde que Julio Velarde asumió la presidencia del BCR en el 2006, la inflación anual promedio en nuestro país ha sido 2,8% (aproximadamente la tasa de inflación diaria en setiembre de 1988), mientras que la inflación promedio anual en ese mismo período en Chile fue de 3,2%, y en Colombia fue de 3,7%.

Como se puede apreciar, el BCR ha trabajado durante todo este tiempo en favor del bienestar de todas las familias peruanas.

*Este artículo fue escrito con el apoyo de César García y Natalia Guerra García.

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