El ministro de Vivienda, Edmer Trujillo Mori, también se refirió a las quejas del sector privado sobre la poca coordinación con el Gobierno sobre los temas inmobiliarios y señaló que eso no sucede.
El subsidio del Bono del Buen Pagador (BBP) ya no subsidiará viviendas de más de S/150.100, con el fin de atender a personas con menos recursos. Pero los desarrolladores inmobiliarios señalan que no se pueden generar proyectos para esas personas por falta de suelos (que no cuentan con agua ni saneamiento). Además, critican que las medidas adoptabas tendrán efectos contraproducentes para el desarrollo inmobiliario. Dicen que no ha habido una coordinación entre el sector público y el privado.
Obviamente, los inmobiliarios defenderán su posición, ellos eran los beneficiados con este bono. Lo cierto es que ellos nunca pensaron en la vivienda social. Y un tema clave es la vivienda social: cómo llegamos a aquellos que tienen menores posibilidades de acceso al crédito.
¿Cuáles son los problemas de la vivienda social?
Son dos. Uno, no genera interés para las instituciones financieras. Y así, no hay posibilidades de acceso al crédito para esas personas.
¿Y cómo se resolverá la falta de acceso al crédito?
Hemos anunciado dos fondos. El primero cubrirá el riesgo para la incorporación de nuevas instituciones financieras, como las cajas municipales [de ahorro y crédito], por ejemplo, y otras más. Estas instituciones son menos exigentes en su evaluación de riesgo crediticio. Lo esperamos implementar el segundo semestre del próximo año.
¿Ese es el seguro de riesgo crediticio anunciado?
Sí.
¿Cuál es el segundo fondo?
Apuntamos que a finales del 2017, para comenzar el 2018, el Fondo Mivivienda no trabaje colocando solo sus recursos a entidades bancarias, sino que sean estas últimas las que realicen los préstamos con sus propios recursos. Los fondos de Fondo Mivivienda garantizarán esos créditos. Se busca multiplicar los recursos.
¿Y en relación a la falta de suelo?
Es verdad que existe falta de suelo. Para eso tomaremos las siguientes acciones. Primero, planificación. Ya tenemos 46 localidades que vamos a trabajar y en las que invertiremos más de S/21 millones para tener una acción proactiva en la formulación de proyectos de planes urbanos de las diferentes ciudades del país. Asociada a ello, viene la generación del suelo urbano: identificar terreno, público o privado, que pueda estar disponible para la construcción de vivienda. Lo ideal sería que pudiéramos darle todos los servicios. Ese es un proceso al que queremos llegar. Pero inicialmente nosotros trabajaremos para gestionar los permisos, certificaciones y demás documentación que se requiera para poner en marcha un proyecto. Aspiramos que para el 2018 podamos hacer que inclusive podamos hacer la habilitación urbana, y se pueda construir la vivienda social.
¿Cómo se mitigará el interés más alto que cobran las cajas municipales y demás microfinancieras?
Con el fondo de cobertura de riesgo buscar permitir que esas tasas de interés de esas instituciones se reduzcan [y no sean tan altas].
¿Y cómo se evitará dar crédito a personas que no tienen la capacidad de pago?
Todo tiene sus límites. Por eso es que demora la formulación del producto. Nosotros estamos trabajando la estructuración [del producto].
Pero en cambio, la reasignación el BBP sí empieza a aplicarse a partir del 1 de enero, es decir, en unos días. Entonces, ¿cómo se dará el calce de las personas que ya no podrán acceder al bono pese a que ya lo tenían planificado y las que ahora sí podrían, pero no tendrán la oferta inmobiliaria?
Insisto. Creemos que los recursos del Estado tienen que ser focalizados. Tienes razón al preguntar qué pasará con estas personas [que estaban en proceso y ahora ya no tienen el bono]. Pero recuerda que entre las medidas adoptadas –que son aplicables para crédito Mivivienda y Techo Propio— están la ampliación del plazo de hipoteca, de 15 a 20 años, y está la reducción de la tasa de interés de fondeo. Estos son elementos que de alguna manera compensan. Si yo alargo el plazo, el monto de la cuota disminuyo; y si además, a eso, le sumamos la tasa de interés… Claro, nosotros tenemos que hacer el seguimiento para que esa reducción llegue y no se quede en la entidad financiera.
Entonces, ¿sí reconoce que va a haber un impacto en el mercado?
Todas las medidas tienen un impacto, no solo en este caso. Pero obviamente, ante esas medidas, habrá gente que estará a favor y otra, que no.
¿Cuánto tiempo tomará generar ese suelo y exista la oferta?
Tenemos metas para el 2017 que debemos cumplir, y también para el 2018. Nuestro equipo ya está trabajando para ello. En enero debemos poner en marcha una plataforma que permitirá que tanto entidades públicas como privadas puedan registrar los terrenos que tienen y que consideran que tienen aptitud para la construcción de vivienda. Nuestro programa de generación de suelo urbano será el que administrará esa plataforma pero además cogerá esa información, visitará el lugar, para poner a disposición los terrenos.
¿Para la venta?
No necesariamente. El gran problema en el Perú es saber dónde está el suelo. Entonces, si tienes una plataforma que facilite… Por ejemplo, en Arequipa, el gobierno regional, el municipio o el privado tenga algún terreno, queremos que ingrese a la plataforma e indique dónde se encuentra el terreno, qué características tiene, etc. Y nuestro equipo evaluaría las condiciones de ese terreno: si tiene o no los servicios [básicos], posibilidades de brindarlos, trámites por hacer, cantidad de viviendas permitida, etc.
Entonces, sí habrá un freno en el mercado inmobiliario, una desaceleración.
¿Una desaceleración en qué?
La gente que tenía programado recibir un crédito Mivivienda ya no tendrá el bono...
Pero se le ha ampliado el plazo del crédito [de 15 a 20 años], entonces se disminuirá la cuota.
¿Usted considera que no le impactará al cliente?
De hecho, hay un impacto. Pero mi cuota disminuye, porque el plazo crece y la tasa de interés baja. Pero insisto: siempre hay un impacto. Pero no creemos que sea algo que frene totalmente al sector.
Pero entonces, las entidades financieras tienen un rol esencial, pues son ellas las que tendrán que trasladar esas reducciones de costos. Pero ustedes tampoco les pueden obligar a fijar una tasa determinada…
Pero creo que es ético que si el fondeo del dinero que yo presto viene del Estado y antes me cobraba 7,8% y ahora será 7,1%... Es ético. Así como el sector privado reclama al Estado consecuencia en todo lo que hace, nosotros también les decimos a las entidades bancarias que sean consecuentes: la tasa de interés del fondeo se ha reducido, por lo tanto, ellos deben trasladar eso íntegramente a las personas que acceden al préstamo. Creo que las entidades financieras tienen el deber moral de hacer eso.
Semanas atrás el gobierno señaló que el leasing inmobiliario y el alquiler-venta habían quedado suspendidos, porque eran productos que no funcionaban. Y precisamente, una de las críticas que se les hizo a esos productos desde sus inicios en el gobierno anterior fue que no se había conversado con el sector privado. ¿Usted qué responde ante el temor que existe de que este gobierno tampoco ha conversado con el sector privado para estas medidas adoptadas?
Estamos conversando con ellos. Es más, hemos constituido una comisión consultiva en temas de vivienda, donde el sector privado es parte. Esta comisión consultiva ya está funcionando y estamos conversando con ellos de diversos temas. Y como es obvio, y como ellos mismos reconocen, ellos dicen “nosotros participamos, conversamos, sugerimos; pero es el Estado el que decide”. Y es obvio: el Estado es que el tiene que decidir. No nos parecería coherente que ellos defiendan o pongan posiciones que vayan contra ellos. Efectivamente, el sector construcción es fundamental, y eso nadie lo discute. Pero hay beneficios que como desarrolladores inmobiliarios buscan. Y tenemos muy buena relación con el sector privado.
Cuando se anunciaron estos cambios sobre el BBP y la reducción de la tasa de interés (de 7,8% a 7,1%), el sector privado nos comentó que ellos se habían enterado de estas modificaciones recién con la publicación de la norma, que los había tomado por sorpresa.
No, ellos se han enterado porque nosotros hemos ido a una reunión que ellos convocaron, y nosotros hemos hecho públicas ahí las decisiones que estábamos tomando. Pero, reitero, sí estamos conversando con ellos. No tienen por qué incomodarse los desarrolladores inmobiliarios. Ellos son parte de la comisión consultiva. Vamos a conformar una comisión consultiva en temas de agua y saneamiento.
¿Cuándo fue creada esta comisión con el sector privado?
A finales de noviembre.