IPE: Informalidad laboral llega a 2,6 millones de jóvenes de la zona urbana

Los jóvenes han sido uno de los grupos más afectados por la pandemia, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además de la interrupción abrupta de sus procesos formativos, enfrentaron mayores dificultades para conseguir empleos de calidad en un contexto de crisis.

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En el Perú, la evidencia revela que el COVID-19 empeoró las dificultades de este grupo para acceder a mejores puestos de trabajo, lo cual aumenta su vulnerabilidad en un contexto de alta inflación y desaceleración económica. Sin políticas adecuadas que reviertan estas consecuencias, miles de jóvenes corren el riesgo de experimentar secuelas permanentes que los podrían excluir de oportunidades para mejorar su futuro y desarrollar su potencial.

Recuperación informal

Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), casi un millón de jóvenes entre 18 y 29 años del área urbana perdieron su trabajo en la primera mitad del 2020 debido a las medidas que se aplicaron para contener la pandemia. Con la flexibilización de restricciones, el empleo juvenil comenzó a revertir estas pérdidas, aunque a una menor velocidad que en el caso de la población adulta. Entre enero y junio de este año, el número de trabajadores jóvenes en el área urbana se ubicó 3,8% por encima del nivel alcanzado en el mismo período del 2019, avance inferior al registrado en el grupo de 30 años a más (5,8%).

La recuperación del empleo juvenil se ha dado a costa de una mayor precariedad laboral. Durante la primera mitad del 2022, el número de jóvenes en el área urbana con empleos informales se incrementó a casi 2,6 millones, cifra que equivale a un aumento de 9,2% respecto a los niveles prepandemia y que constituye un máximo histórico para el país. Con ello, la tasa de informalidad laboral juvenil urbana se ubicó en 74,8%, una cifra superior a la del primer semestre del 2019 (71,1%) y también a la que se registra en el caso de trabajadores adultos (64,1%).

Este avance contrasta con la dinámica de los empleos juveniles formales, que aumentaron 5,6% respecto al primer semestre del 2019, de acuerdo con la planilla electrónica, pero son una minoría.

Menor calificación

Otro aspecto que revela la mayor vulnerabilidad laboral de los jóvenes tras la pandemia está en la recuperación según nivel educativo. En el 2020, casi 400.000 jóvenes tuvieron que interrumpir sus estudios. Al primer semestre del 2022, ello se refleja en un retroceso del número de trabajadores jóvenes calificados –con educación superior completa– de 3,1%, lo cual difiere del mayor número de trabajadores jóvenes no calificados (+6,3%). En el mismo período, uno de cada tres jóvenes no estudian ni trabajan (32,7%), denominados ninis, proporción que aún se encuentra ligeramente por encima del nivel prepandemia (31,6%).

En este contexto, los ingresos laborales de la población más joven se encuentran lejos de recuperar sus niveles prepandemia. Según la Encuesta Permanente de Empleo, los salarios reales de los jóvenes en la capital son 7,5% menores que en el 2019, lo que equivale a una pérdida de capacidad adquisitiva de S/114 por mes. Cabe mencionar que la fuerza laboral juvenil percibe apenas tres cuartos de los ingresos que reciben los trabajadores de 30 años a más.

Propuestas y riesgos

En la plataforma Desafío Perú, el investigador principal de Grade, Miguel Jaramillo, señala que, si bien las transiciones entre empleos formales e informales son muy limitadas, la juventud es la etapa más propicia para invertir en la formalización de los trabajadores. Ante la mayor precariedad laboral juvenil, desde el Ejecutivo y Legislativo se vienen planteando medidas, tales como subsidios a la planilla y beneficios tributarios, que buscan incentivar la contratación formal de los segmentos más vulnerables de este grupo de la población.

Sin embargo, estos incentivos serán insuficientes si es que desde otros ámbitos se debilita la capacidad de la economía peruana para generar empleos de mejor calidad a partir de una mayor inversión del sector privado. El crecimiento de esta última no solo ha perdido dinamismo a lo largo del 2022, sino que su panorama se ha tornado menos favorable debido al persistente deterioro de las expectativas empresariales, que hasta setiembre del 2022 acumulan 18 meses consecutivos en terreno pesimista según el BCR. Tal como advierte el Consejo Fiscal, de no revertirse este resultado generado por la inestabilidad política y la aprobación de normas que han incrementado la rigidez regulatoria laboral, se podrían registrar menores inversiones.

De acuerdo con proyecciones del IPE, la caída de 3,1% que registraría la inversión privada en el 2023 evitaría la creación de casi 5.000 empleos formales para jóvenes el próximo año. Ello representa un poco más de la mitad (56%) del número de puestos de trabajo formales que se generaban anualmente para los jóvenes en los tres años previos a la pandemia.

Este resultado evidencia que mejorar las condiciones laborales de los jóvenes no solo depende de esfuerzos de política, sino también de reactivar nuevamente el motor de la inversión del sector privado.