La república sin aire, por Roger Merino

En el Perú del bicentenario los ciudadanos, sobre todo los más pobres, mueren por falta de oxígeno medicinal. O sobreviven sobreendeudados, en una situación más precaria de la que ya vivían. Esta tragedia tiene raíces en varios años de acciones y omisiones del Estado.

Estudios realizados por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard encontraron que el nivel de contagio y muertes por COVID-19 está correlacionado con altos niveles de contaminación del aire. Otros estudios muestran que el virus afecta desproporcionadamente a sectores que sufren de hacinamiento y falta de servicios básicos.

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El país ya cumplía con todas las condiciones para la catástrofe. Además del déficit de insumos médicos, vivienda digna y saneamiento, en el último reporte mundial sobre calidad del aire (AirVisual, 2019), el Perú tiene el peor desempeño en la región. Otro estudio publicado en la revista científica Lancet (Achakulwisut et al., 2019), encontró que Lima es la ciudad con mayor tasa de asma infantil causada por contaminación del aire a nivel mundial.

Además, Lima ocupa el último lugar en el Índice de Ciudades Verdes de América Latina. Mientras solo cinco distritos pudientes alcanzan los nueve metros cuadrados de espacio verde por habitante recomendado por la OMS, los más pobres viven en una suerte de apartheid ambiental.

Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) definen el nivel de contaminación que pueden tolerar los componentes del ambiente. En el caso del aire, establece parámetros máximos para distintas sustancias contaminantes (dióxido de azufre, plomo, entre otros). Los ECA son instrumentos que ayudan a diagnosticar la realidad, pero también deberían contribuir a definir objetivos ambientales y acciones concretas en ámbitos como el parque automotor, reducción de actividades contaminantes, cinturones verdes, entre otros.

Sin embargo, en el Perú los ECAs solo son una fotografía del momento que justifica actividades que pueden generar impactos significativos en el mediano y largo plazo. Si bien varias ciudades tienen planes ambientales, estos carecen de acciones y metas concretas. En la experiencia internacional, los ECAs están vinculados a planes territoriales con acciones específicas, plazos y metas de reducción de contaminantes.

Esta inercia parece derivar de la idea de “gradualidad de desarrollo”, según la cual solo países con mayor desarrollo económico pueden ambicionar mejores estándares. Esta idea es cuestionable porque los costos ambientales están distribuidos desigualmente en la sociedad, de tal forma que, si bien tolerar estas externalidades puede contribuir al crecimiento en el corto plazo, lo afecta en el mediano y largo plazo al profundizar la desigualdad y los conflictos sociales. Esta perspectiva evade, además, la búsqueda de alternativas para mejorar la calidad ambiental.

En el estudio “Prospectiva de la Calidad del Aire” que elaboramos con Gonzalo Delgado para la Agenda Bicentenario de la Universidad del Pacífico, proponemos medidas concretas para que los ECA aire contribuyan a mejorar nuestra calidad de vida. Si queremos mitigar la actual tragedia y evitar que se repita en el futuro, debemos actuar ahora. Un país que no asegura el derecho a respirar a sus ciudadanos no es realmente una república.

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