Corredor rojo en la mira: ataque a unidad se dio tras revelarse infiltración de choferes informales

El transporte informal en Lima, como se ha revelado anteriormente, durante años ha financiado una red de cobro de cupos para tener el derecho a operar en diferentes rutas. Este modelo ilegal de cobro de cupo ha prosperado al operar de manera paralela al transporte formal, donde las minivanes informales de la avenida Javier Prado son protegidas por extorsionadores que cobran a los conductores para permitirles circular.

El reciente ataque ocurrió cerca de Ceres, en Ate, precisamente donde comienza la ruta del corredor rojo de la avenida Javier Prado, una de las zonas de mayor demanda de transporte público, pero también un punto crítico donde miles de minivanes informales operan sin regulación. Estas unidades, controladas por redes de extorsionadores, se benefician de la protección mediante el pago de cupos, una práctica que genera tensión en el sector del transporte en Lima.

El bus de la línea 201 del Corredor Rojo fue atacado por presuntos extorsionadores en el óvalo Huarochirí, Ate, luego de que el conductor rechazara un paquete que le intentaron entregar. Los atacantes dispararon al vehículo, pero afortunadamente no hubo heridos. La policía cercó la zona y comenzó las investigaciones, incluyendo el análisis de cámaras de seguridad. Este es el primer ataque a un bus del corredor formal administrado por la ATU, y se produce en medio de un estado de emergencia prorrogado y medidas de seguridad en Lima.

Una investigación de la campaña #notepases de El Comercio revela la infiltración de una red de colectivos informales, cuyo objetivo es boicotear las operaciones de las compañías legítimas y desestabilizar su servicio. Este grupo se ha introducido en las planillas, empleando tácticas para favorecer su propio servicio ilegal poniendo en jaque la seguridad del transporte urbano.

Las alertas detonaron cuando un grupo de choferes del corredor rojo comenzó a coaccionar a otros para unirse a un paro de 24 horas que iba a realizarse el lunes 20 de mayo.

“Yo llevo a una ‘batería’ de Villa El Salvador. De que metemos plomo, metemos plomo”. “Despierten. Si van a seguir escondiendo la cabeza como avestruces, no jodan pues”. Los audios llegaron a un chat de WhatsApp de choferes del corredor rojo la segunda semana de mayo. Eran nuevos choferes del grupo que buscaban el apoyo de los conductores más antiguos para que se unan a esta medida. El paro nunca se concretó, pero los mensajes dejaron una mala señal: una promoción nueva de trabajadores de esta flota estaba comenzando a promover graves actos de violencia para desestabilizar la empresa.

Este Diario tuvo acceso al chat donde estos nuevos sujetos reclutados -con poco tiempo en la flota- azuzan a otros conductores de mayor experiencia en el corredor rojo.

Cuando la gerencia de operaciones comenzó a vigilarlos más de cerca, empezaron a mostrar una actitud abiertamente agitadora: perjudicaban las frecuencias de los buses para diluir la rentabilidad en toda las cuatro rutas de este servicio (Callao hasta Ate, San Miguel a La Molina, Pachacamac a San Miguel y de San Miguel a Ate). Según la gerencia, estos sujetos generaban retrasos, ausencias, conducción imprudente, maltrato a pasajeros, incitación a paros, hostilidad y hasta fuga de información.

La gerencia del corredor rojo admite que estos azuzadores habían pasado todos los filtros para el ingreso a las planillas: no tenían papeletas vigentes y sus licencias de conducir estaban al día. Sin embargo, la empresa había detectado que, en paralelo a su labor como choferes, la nueva promoción de choferes reclutados ofrecían el servicio de colectivo. Ahora, adentro, buscaban favorecer al gremio informal perjudicando las operaciones del corredor que tiene, por concesión, la vía exclusiva.

Las cuatro rutas del corredor rojo tienen algo en común: atraviesan la Av. Javier Prado, una de las principales y con mayor demanda de pasajeros, pero a la vez, tomada ilegalmente por una red de colectiveros informales que compiten con el servicio formal desde el 2014. Se calcula que, en esta avenida, por cada bus del corredor pasan 12 colectivos informales y, según una investigación de #notepases realizada en el 2023, la mitad de los choferes de este servicio prohibido conduce sin licencia y protegidos por una red de nueve cabezas que concentran la propiedad de la mayoría de vehículos.

Hasta la fecha, la gerencia del corredor rojo ha denunciado penalmente a dos de estos choferes por los delitos contra el cuerpo, la vida y la salud, y por coacción: Galindo Perez Tananta y Juan Francisco Naola Yucra. Este último es quien dice “de que metemos bala, metemos bala”. El paralelo, investigan a otros conductores con conductas similares.

Durante las convocatorias al violento paro que buscaban promover, surgió un personaje: Humberto Perez Fry, un sujeto de 64 años que se define como especialista en “custodia de mercadería de tránsito”. No tiene vínculos formales con el corredor rojo pero, ante los choferes de este servicio, se autodefine como su “asesor técnico”. Ha defendido a los taxis colectivos, tiene un programa digital de entrevistas y su trabajo reciente ha sido difundir comunicados de un supuesto “sindicato en formación” que promovía el paro que iba a realizarse el 20 de mayo.

En el chat de WhatsApp, Perez Fry dice abiertamente: “No se desinflen, arranco en breve mi programa de TV. Estoy haciendo los contactos con algunos dirigentes de los taxis colectivos y me han ofrecido ayuda para los paros”. Este último mensaje es el más peligroso: en Lima, los paros de transporte más violentos han sido promovidos por las federaciones del taxi colectivo. Solo en el paro de abril del 2022 se reportaron saqueos y bloqueos en una semana de paralizaciones que dejaron cinco muertos, varios heridos y buses incendiados.

Fuentes de El Comercio vinculadas al sector del transporte sostienen que desde abril del 2024 grupos de azuzadores también han ingresado con actitud de coacción a los equipos de choferes del Metropolitano y del servicio regular de buses de transporte urbano gestionado por la Autoridad del Transporte de Lima y Callao (ATU). El objetivo es el mismo: obstruir las operaciones e interrumpir el servicio para dar pase libre al servicio informal.

Gerardo Hermoza, representante del corredor morado, sostiene que en el 2018 sus flotas también comenzaron a sufrir una infiltración de colectiveros en sus planillas. “Promovían paros, nos hacían marchas y pagaban gente para que se unan. Rompían lunas de buses”, nos cuenta. En medio de esas paralizaciones, la gerencia decidió no detener el servicio y gestionar rutas expresas y rutas anillos para no poder en riesgo a los pasajeros. “Denuncié que sus marchas no estaban autorizadas. Los dejaron paralizar la primera marcha pero cuando vieron que vandalizaban nuestros buses, en un segundo paro sí fueron dispersados por la policía (...) He sacado a 60 conductores por robo, mala atención a usuarios y porque querían sabotear la operación”.

Martín Ojeda, presidente de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), de la cual Perú es miembro, confirma la existencia de redes de transporte informal que se infiltran en las planillas de las flotas formales para perjudicar sus operaciones.

“La falta de pilotos en el mercado formal les facilita la infiltración así como la pésima evaluación de practica y conocimiento (para emitir licencias) que el estado de manera negligente permite. Es una nueva variante de la conducta ilegal de la informalidad e ilegalidad. Haciendo esto se muestra claramente que su conducta es anti social porque el perjuicio es para la sociedad en general, atacando el sistema que se ha podido escindir de la operación informal. Saben que por la incompetencia de la autoridad el sistema está en crisis por la antigüedad y van a tratar de aprovechar esto y precipitar su colapso, no solo infiltrándose en las empresas, usando redes sociales así como medios de comunicación que sin conocimiento alguno se prestarán en esta campaña de desprestigio a favor de sus intereses nada sacros en la lucha por la seguridad vial”, sostiene.