Las omisiones de la congresista Omonte

Hace ocho meses, cuando el Congreso decidió dejar de lado a todos los demás actores (como al Ejecutivo, la SBS, la ONP y las AFP) para cargar solitos con la responsabilidad de diseñar una reforma del sistema de pensiones, escribí en esta misma página: “esperar una discusión bien sustentada para la tan esperada reforma previsional debe ser descartado de raíz”.

Ya entonces existían razones para mantener las expectativas bajas. Los parlamentarios no tenían ni un trimestre en el cargo y habían demostrado que no les interesaban los argumentos técnicos. Incluso el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Anthony Novoa, señalaba que si habían logrado aprobar el retiro del 25% de los fondos de las AFP en menos de un mes, una reforma integral la podrían hacer “en dos a tres meses”.

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El Poder Legislativo, por supuesto, cumplió con lo esperado. Así, el lunes de la semana pasada, la comisión encargada de la tarea aprobó una propuesta que incluye, entre otras cosas, que el Estado sea el encargado de administrar los ahorros y definir la inversión para los fondos previsionales.

En resumen, lo que propone la comisión es que los afiliados al sistema de pensiones (tanto público como privado) pasen a un sistema único manejado por el Estado a través de una autoridad que eventualmente sería autónoma. La iniciativa aún debe ser debatida en el pleno, pero ha prendido alarmas por todos lados.

Los motivos sobran, principalmente por el mal desempeño que ha tenido el Estado en el tema previsional. Y no solo porque la opción pública hoy hace agua y requiere transferencias para cumplir con las pensiones de sus jubilados (en promedio, la ONP recibe más de S/1.800 millones en transferencias del presupuesto público cada año). Sino que, además, cuando el Instituto Peruano de Seguridad Social se encargó de las jubilaciones, funcionó de manera política, invirtió mal los recursos y llegó a tener 80 veces más pasivos que activos.

Ahora, en un país en el que las propuestas duran lo que un hashtag viralizado en Twitter, un día después de aprobada la iniciativa legislativa en comisión, ni siquiera la presidenta de ese grupo de trabajo pudo defenderla del todo. Peor aún, queriendo explicarla, , la congresista Carmen Omonte terminó afirmando cosas que el texto no dice en ningún lado.

Así, en una entrevista publicada en este Diario el miércoles pasado, la parlamentaria señaló que el paso al nuevo sistema sería opcional. “Puede que los afiliados quieran ingresar al nuevo sistema. De lo contrario, se mantendrán en su AFP”, indicó.

Lo cierto, sin embargo, es que el texto preparado por la comisión dice que la nueva entidad pública “integra e incorpora” a la ONP, al Sistema Privado de Pensiones, a Pensión 65 y al Programa Contigo. En ningún lugar se lee que estos sistemas pueden coexistir con la nueva entidad.

La propuesta también explica que los afiliados tendrán sus ahorros en dos fondos: uno de riesgo individual que podría ser manejado por privados y otro de riesgo compartido operado por el Estado. Según Omonte, el mayor porcentaje de las contribuciones iría al fondo individual. Aunque, nuevamente, la propuesta aprobada no dice nada sobre cómo se repartirán realmente esos porcentajes.

¿Y por qué la comisión presidida por Omonte ha sido tan descuidada y omitió esos puntos? Uno de los motivos estaría en las respuestas que dio la parlamentaria en la entrevista del miércoles: “Evidentemente, no tenemos tiempo nosotros”, afirmó. Y es que, la verdad, si en el Congreso creen no tener tiempo para debatir a fondo temas tan importantes antes de legislar sobre ellos, no sorprende que las cosas estén como están.

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