Para acceder a una pensión del sistema nacional, donde hoy se encuentran 4,7 millones de afiliados, se debe acumular 20 años contribuyendo, es decir, haber efectuado 240 aportes y cumplir 65 años de edad. (Composición y fotos: El Comercio)
Para acceder a una pensión del sistema nacional, donde hoy se encuentran 4,7 millones de afiliados, se debe acumular 20 años contribuyendo, es decir, haber efectuado 240 aportes y cumplir 65 años de edad. (Composición y fotos: El Comercio)
Ricardo Guerra Vásquez

Periodista en Economía y Negocios

ricardo.guerra@comercio.com.pe

La y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del aprobó ayer un dictamen sobre el proyecto de ley 4977, que permite a aportantes activos e inactivos a acceder al retiro de sus fondos en la Oficina de Normalización Previsional ().

En este se detalla que los aportantes inactivos en los últimos 12 meses podrán retirar el 100% del total de aportes realizados. En tanto, los que se encuentren activos accederán a un retiro extraordinario hasta por S/4.300 (1 UIT). Además, se establece que la ONP podrá otorgar un “bono extraordinario” de S/2.000 a los pensionistas, “con cargo a la deuda pensionaria que mantiene el Estado Peruano con el Sistema Público de Pensiones (SNP).

Sobre el procedimiento, para el primer caso, se explica que se dispondrá de tres retiros equivalentes. La primera parte se recibiría en un máximo de 30 días calendarios “después de aprobada la solicitud”. La segunda, 60 días después de efectuado el desembolso y la tercera a los 90 días. Mientras que sobre los aportantes activos, se refiere que el 50% se entregará 15 días después “de aprobada la solicitud” y la parte restante a los 30 días de efectuado el primer desembolso.

Este dictamen, además, es el tercero aprobado hasta la fecha, en el que se han reunido 21 proyectos. Pero los presentados concernientes al Sistema Nacional de Pensiones suman al menos 52.

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Luego de ser aprobado a fines de junio por la Comisión de Economía y en la víspera por la de Defensa del Consumidor, esta propuesta puede ser colocada en agenda para ser debatida en el Pleno, explicó el exoficial mayor José Cevasco.

Agregó que entre las opciones que se tendrá en el Pleno -de ser agendado- estará que se apruebe o que se mantengan en "stand-by" hasta que se analicen también las otras propuestas.

“Este dictamen ya terminó su trámite y no tiene por qué esperar. El resto [de normas en la misma línea] van por cuerdas separadas. Puede aprobarlos o mandarlos a otra Comisión [del Congreso para que se unifique con los otros proyectos]”, detalló Cevasco.

OBSERVACIONES

José Luis Parodi Sifuentes, director general (e) de la dirección general de gestión fiscal de los recursos humanos del Ministerio de Economía y Finanzas (), dijo que la posición de la cartera es contraria a esta propuesta, pues atenta contra el mandato constitucional de que “las modificaciones que se efectúen a los regímenes pensionarios deben regirse por criterios de sostenibilidad financiera y aquel que dispone que los miembros del Congreso no tienen iniciativa para crear o aumentar gasto público”. Añadió que tampoco tienen asidero por el propio régimen de funcionamiento del SNP.

En esta línea, la economista Noelia Bernal, profesora de la Universidad del Pacífico, mencionó que -si bien el objetivo de este proyecto es “proteger la economía familiar” en este contexto de crisis- no puede aplicarse la misma lógica usada para los retiros parciales de las AFP.

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Esto, debido a que la ONP tiene un sistema de reparto y no de capitalización individual, es decir, “no hay un fondo individual, sino que el dinero de los actuales aportantes sirve para cubrir las pensiones de los hoy jubilados”, detalló.

Otra observación de Bernal es sobre la presión fiscal que se generará de aprobarse esta medida en el Pleno.

“La recaudación que tiene la ONP no alcanza para financiar las pensiones de hoy. Si se aprobara esta devolución, al no existir los recursos, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tendrá que transferirlos a la ONP. Ahí se ejerce una presión”, dijo.

La pensión mínima es de S/500 y la máxima de S/893, mientras que la media es de S/784.
La pensión mínima es de S/500 y la máxima de S/893, mientras que la media es de S/784.

En mayo, Victorhugo Montoya, jefe de la ONP, informó que este sistema necesita S/400 millones al mes para cumplir sus obligaciones, pero el promedio –previo al impacto del coronavirus– era de S/300 millones, por lo que lo restante era asumido por el Tesoro Público. En abril, incluso, el monto recaudado de los afiliados se redujo a S/200 millones.

Sobre los costos, el funcionario del MEF detalló a El Comercio que la devolución de aportes a los 2,55 millones de aportantes inactivos (quienes dejaron de aportar por lo menos 1 año) tendría un costo aproximado de S/5.664 millones.

En tanto, la devolución a los cerca de 2 millones de aportantes activos (quienes tienen aportes en el último año) de hasta 1 (una) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) tendría un costo aproximado de S/6.996 millones.

Mientras que el otorgamiento de un bono extraordinario de S/2.000 a los cerca de 576.000 pensionistas del SNP, tendría un costo aproximado de S/1.152 millones.

En suma, las medidas propuestas acumulan un costo de S/13.812 millones, aproximadamente, refirió Parodi, remarcando que esto “contradice el mandato constitucional de ausencia de iniciativa de gasto por parte de los congresistas”.

Por su parte, la ONP estimó los cálculos sobre los otros dos dictámenes aprobados anteriormente a este de Defensa del Consumidor. El primero tendría un costo de S/10.578 millones a efectuarse en el primero año, mientras que el segundo ascendería a S/19.920 millones en los primeros 12 meses y de S/800 millones en los siguientes 10 años.

“No es técnicamente viable aprobar la devolución de aportes al SNP. De aprobase la propuesta, afectaría sustancialmente a los actuales pensionistas y, al mismo tiempo, los aportantes tendrían que laborar períodos adicionales para cubrir los periodos devueltos”, señaló Parodi, añadiendo que de ser aprobada la norma en el Pleno “corresponde observarla”.

Ahora bien, como alternativas a esta propuesta, Parodi señaló “que cualquier modificación a los regímenes pensionarios deben realizarse en el marco de una reforma integral que tome como sustento los criterios propuestos en el informe presentado por el Consejo Evaluador de Pensiones”.

Por su parte, de cara al corto plazo, Bernal señaló que existen "otras maneras" para que se brinde apoyo económico a este segmento de personas, como bonos focalizados.

Además, sugirió que -atentiendo a la demanda de las personas que no llegaron al requisito de 20 años de aporte para acceder a una pensión- el MEF y la ONP “podrían estudiar técnicamente la posibilidad de que se reduzca este límite”, luego de haber identificado el rango de años en el que se encuentran el grueso de este grupo.

“Mi sugerencia es que se podría rebajar el rango a 15 años porque entiendo que el mayor grupo está ahí. El MEF y la ONP podrían realizar un estudio de cuánto sería el costo fiscal de darles una pensión, menor aunque no tanta, a la que brinda el sistema público, pero que retribuya sus aportes realizados”, recomendó.

El Comercio intentó contactar a José Luna Morales, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, pero desde su área de prensa indicaron que se encontraba ocupado. De otro lado, fuentes en la ONP señalaron que no brindarán declaraciones hasta que se unifique una posición al respecto de esta medida.

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