Sector forestal: ¿qué barreras existen para la legalidad del aprovechamiento de recursos maderables?

“La condición de legalidad es que [la madera] salga de un área autorizada –una concesión, comunidad nativa o inclusive de una autorización de desboque o cambio de uso–”, señala Jorge Malleux, profesor emérito de la Universidad Nacional Agraria La Molina.

LEE TAMBIÉN: Concesiones forestales: ¿ha funcionado este modelo para impulsar el desarrollo en la Amazonía peruana?

No obstante, el experto enfatiza que una definición más estricta de legalidad en el sector exige evaluar no solo la proveniencia de la madera, sino también que procesos como su extracción hayan cumplido con otras condiciones.

“En la medida que una madera sale de un título habitante, aparentemente es legal; pero al mismo tiempo [podría no haber] cumplido con una serie de requisitos como el manejo forestal sostenible, la extracción adecuada de acuerdo con las normas o el plan de manejo”, precisa.

Así las cosas, las cifras dadas a conocer este año por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) dan cuenta, precisamente, de que un 37% de la madera extraída de los bosques peruanos es ilegal. Ello quiere decir que no solo su proveniencia es ilegal, sino que también, el método de extracción habría recaído en la misma situación.

“Cuando se empobrece un bosque por la extracción ilegal, [este] pierde su valor y el incentivo de protegerlo es menor”, afirma Enrique Ortiz, ecólogo tropical y director senior de Programas del Andes Amazon Fund.

“Grupos de gente entran por los ríos o carretera, bajo permisos usualmente de un propietario o de algunas comunidades, para extraer madera. Luego, buscan y obtienen mecanismos para blanquear esa madera con el fin de que puedan comercializarla”, ilustra Ortiz.

¿Y qué sucede con los 15 millones de hectáreas de Bosques de Producción Permanente (BPP) destinadas al aprovechamiento de madera mediante el modelo de concesiones forestales? Al respecto, el especialista refiere que “existe todo un mecanismo” fuera de las mismas para que estas operaciones sean posibles.

“Estamos hablando de las maderas en las comunidades, que está por ejemplo en las concesiones castañeras. Cada una tiene una legislación que les permite que un volumen [de madera] pueda ser extraído ilegalmente y luego pueda ser blanqueado”, ejemplifica.

Ante el escaso control observado en las regiones madereras –como Loreto y Ucayali–, Ortiz remarca que el costo de la ilegalidad “es tan bajo que vale la pena correr el riesgo”. “Eso está relacionado con un sistema que no está funcionando”, advierte.

¿Cambiar el modelo?

Vale recordar que, a partir del año 2002 mediante la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, se empezaron a concesionar distintas hectáreas de terreno para aprovechar los recursos que allí crecían bajo un criterio de sostenibilidad.

“La elección de los concesionarios no es la apropiada porque se eligen a aquellos que no tienen la capacidad económica para manejar un bosque y que no tienen la capacidad para superar toda la tramitología. Y segundo, no tienen la capacidad de inversión”, subraya Ortiz.

En línea con lo referido anteriormente, Alfredo Biasevich, presidente del Comité Forestal de la Sociedad Nacional de Industrias, señala que se requeriría simplificar el desarrollo de la actividad a todo nivel y motivar nuevas inversiones.

“La autoridad nacional, que es el Serfor, ha trabajado numerosos lineamientos y normas que de alguna manera son medianamente complejas que hacen muy complicada la formalización, en especial para las empresas o personas naturales que tengan títulos habilitantes”, apunta. “Incluso, es difícil de entender y aplicar para las empresas grandes”, agrega.

En agenda

María Fernanda Vale, representante para Latinoamérica del centro de información internacional American Softwoods, menciona que –aunque el impacto a nivel ambiental ya se ha comenzado a sentir–, existen algunos esfuerzos para trabajar en pro de la legalidad y, sobre todo, de la conciencia ambiental.

“Cada vez hay más arquitectos, ingenieros y constructores que especifican maderas y tableros con cierto tipo de certificación, principalmente para garantizar que provengan de bosques sustentables”, comenta Vale.

Así también, los especialistas resaltan que se debe trabajar muy de cerca con los gobiernos regionales, en donde las oficinas forestales se encuentran desfinanciadas; también procurar que exista una normativa que incorpore a la actividad a los pequeños extractores y fortalecer instituciones como el Serfor y Osinfor en vista de mejorar los procesos de gestión y fiscalización forestal.

“En los últimos diez años no hubo inversiones importantes en el sector, a pesar del potencial que hay”, dice Biasevich. “Es sumamente importante que el gobierno entienda su naturaleza y la necesidad de apoyarlo”, concluye.

TE PUEDE INTERESAR

• “La Amazonía brasileña está destrozada y cerca de un punto sin retorno”: ¿es muy tarde para salvarla?
• Narcotráfico en Ucayali: comunidad shipibo-konibo vive amenazada por las mafias que depredan sus bosques
• El incentivo perverso del proceso de formalización minera, por José Caro y Daniel Huamán
• San Martín: incautan 6.000 mil pies tablares de madera de origen ilegal en Yurimaguas
• Camión procedente de Ucayali intentó ingresar a Lima con 15 mil pies tablares de dudosa procedencia