La conservación de los bosques en el Perú articula dos estrategias: por un lado, la protección estricta de áreas naturales –como el Parque Nacional del Manu– y la utilización sostenible de recursos. Específicamente, en este segundo punto, se encuentran los Bosques de Producción Permanente (BPP): un poco más de 15 millones de hectáreas a nivel nacional destinadas para el aprovechamiento de madera.
Mediante la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, a partir del año 2002, se comenzaron a concesionar distintas hectáreas de terreno, en una búsqueda de aprovechar –bajo un criterio de sostenibilidad– los recursos que allí crecían.
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¿Cuán eficiente ha sido este modelo en el Perú? ¿Por qué se han expresado críticas desde distintos gremios? ¿Ha crecido el aporte del sector forestal al PBI nacional?
A la fecha, la data actualizada muestra la existencia de 804 concesiones forestales, según precisa a Día1 Miriam Cerdán, directora general de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).
De este número, 291 están caducadas y 513 se encuentran vigentes. En cifras más desagregadas, en esta última clasificación encontramos concesiones vigentes activas e inactivas. En el caso de la primera, suman 125; la segunda, incluyen 388. Se trata, así, de un poco más de siete millones de hectáreas puestas en concesión.
UN DIÁGNOSTICO
Si bien los números dados a conocer anteriormente representan indicadores para evaluar cómo ha avanzado el sector, vale poner especial atención en aquellas áreas que aún no han sido concesionadas y en donde, además, existen distintas amenazas como invasiones o la tala ilegal.
En este panorama, los cuestionamientos a la modalidad de concesiones introducida por la ley forestal han expuesto una situación de ineficiencia en cuanto al aprovechamiento de los recursos, pues habrían sido entregados a personas sin experiencia en términos técnicos o sin la suficiente capacidad financiera.
“Las unidades de aprovechamiento [hectáreas] eran muy pequeñas para un manejo sostenible y rentable. Por otro lado, se otorgaron concesiones a empresas o personas que no tenían capacidad técnica ni económica para hacer un buen manejo forestal”, comenta Alfredo Biasevich, presidente del Comité Forestal de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
“En Madre de Dios, el 65% de las concesiones forestales está activa y en Loreto, un 5%”, acota.
Para atender la observación del experto con respecto a las áreas concesionadas, desde el Serfor, Cerdán aclara que a partir del 2011 han “pasado de un esquema de entregar concesiones forestales de 1.000 hectáreas –que era el esquema anterior– a concesiones forestales con mucha mayor dimensión”.
José Luis Capella, director del Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), enfatiza, además de lo ya mencionado, que en estas áreas se requiere de una inversión “importante”.
“Desde el comienzo se prefirió entregar concesiones a diferentes actores. [...] Eso tiene que empezar a cambiar porque si seguimos entregando concesiones a personas sin la capacidad financiera para manejar un espacio así, va a ser muy difícil que cambien las cosas”, subraya.
A esta lista, los especialistas suman como tema prioritario la sobrerregulación que gobierna en la actividad forestal.
“Nuestras normas en los últimos veinte años han tendido a ser punitivas hacia el formal. Sí tenemos un sector que está bastante sobrerregulado en términos de fiscalización y poca asistencia técnica y búsqueda de mercado. Por el lado de la promoción, desde el año 2007-2008 le pasaron todas las competencias a los gobiernos regionales y no han hecho mucho”, dice Capella.
Estas deficiencias eran ya conocidas en el sector; sin embargo, otra arista que se asoma para tratar de realizar un diagnóstico a esta situación es la necesidad de incrementar el presupuesto destinado a la actividad forestal en la Amazonía, teniendo en cuenta que las regiones con mayor producción maderera son Loreto, Ucayali y Madre de Dios.
“No solamente es el modelo de negocios que aplica el concesionario, sino también la inversión que se le pone como país a una actividad”, afirma Cerdán.
“Es muy difícil que desde el Estado se pueda dar competitividad al sector […], garantizando a la vez el origen legal de la madera que se va a comercializar con estos presupuestos tan exiguos”, agrega.
EXPERIENCIA Y CONTROL
Desde los años que opera en este rubro, un empresario dedicado a la actividad forestal precisa que, además de ello, tienen que asumir costos relacionados a prevenir, por ejemplo, la tala ilegal en sus zonas de concesión –en su caso, suman 74.000 hectáreas hace 10 años en Ucayali–.
“Compré concesiones a gente que no quería trabajarlas. Entonces, consolidé cuatro [espacios]. Cuanto más grande es la concesión, más fácil es hacer la sostenibilidad”, resalta.
Biasevich de la SNI explica que la sostenibilidad de los terrenos se garantiza mediante la extracción de árboles con valor comercial mediante ciclos de veinte años.
“Complementariamente, cuidas el bosque y vas rotando el área de trabajo. [Con ello] después de 20 años, vuelves a la primera área donde has trabajado”, especifica.
Desde la experiencia del empresario, no fue “nada sencillo” consolidar dichas concesiones debido a que, en algunas oportunidades, los bosques eran innaccesibles o lejanos.
En línea con ello, Cerdán indica que atender estas dificultades resulta particularmente importante en un sector generador de una cadena de valor que aporta, en buena cantidad, al crecimiento regional.
“Cuando vemos el aporte de la actividad forestal en el PBI nacional, es 1% de todo lo que contribuye a la economía. Pero si nosotros vemos las cifras de lo que es el PBI forestal en cada una de las regiones, puede llegar a calcularse entre un 25% a un 30%”, anota.
Asimismo, la atención de estos puntos pasa por un mayor control del Estado sobre la actividad. “En particular, que se acredite el origen legal con mecanismos viables y simples, y no complicados, que eventualmente alejen las inversiones”, sugiere Biasovich.
Además de ello, el especialista enfatiza en la creación de modelos de negocio para que “las comunidades nativas que cuenten con extensiones considerables de bosques, las activen”. Y finalmente, promocionar el consumo nacional. “Hoy en día, se importa mucho más que lo que el Perú exporta. Hay poca credibilidad con nuestra madera. No nos reconocemos como un país forestal”, observa.
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