Telefónica del Perú (TdP) informó a través de un Hecho de Importancia que Sunat emitió una Resolución de Ejecución Coactiva (REC) relacionada al Impuesto a la Renta (IR) correspondiente al período 2000-2001.
De acuerdo con la compañía, dicho período formaba parte de una controversia con la administración tributaria que tardó más de 20 años en resolverse en instancia judicial y administrativa y respecto de la cual han pagado entre 2023 y 2024 más de S/1.600 millones.
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Además, Telefónica informó que el monto de la deuda exigible relacionada a la resolución de la Sunat no supone un riesgo para la sostenibilidad financiera de la operación por el posible impacto en el flujo de caja de la empresa.
“Dicho monto se encuentra debidamente registrado en los estados financieros auditados del 2024, los que fueron presentados junto con la solicitud del Procedimiento Concursal Ordinario (PCO). En ese sentido, las condiciones para el pago de esta obligación serán determinadas como parte del procedimiento concursal y de forma coordinada con todos los acreedores”, se lee en el comunicado.
“La empresa confía en que tanto Sunat como los demás acreedores establecerán que la reestructuración financiera iniciada ante Indecopi es la mejor alternativa para asegurar el curso ordinario de sus operaciones y la continuidad en la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, así como fijar las condiciones de pago de las obligaciones pendientes en línea con la generación futura de flujos de caja”, agregó TdP.
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Asimismo, Telefónica consideró, que en el contexto de reestructuración financiera, resulta imprescindible priorizar la prestación de los servicios públicos a más de 13 millones de clientes en zonas urbanas y rurales.
Precisamente, Telefónica Hispanoamérica (casa matriz de TdP) concedió una línea de crédito destinada exclusivamente a cubrir las necesidades operativas de caja para mantener la prestación del servicio, lo cual no cubre el pago de la deuda fiscal o financiera.
Cabe recordar que en febrero la empresa presentó la solicitud para acogerse a un PCO con el propósito de reestructurar sus obligaciones financieras y aquellas derivadas de contingencias.
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