El pasado 8 de junio el congresista de Podemos Perú, Luis Picón Quedo, presentó el proyecto de ley que establece la licencia voluntaria de año sabático no remunerada.
Esta plantea que los empleados del sector público y privado puedan solicitar la licencia por un periodo continuo de 12 meses, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Solo podrán acceder a ella aquellos trabajadores que tienen siete años de trabajo en la empresa, sea de manera consecutiva o acumulada.
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Asimismo, la propuesta señala que este beneficio no estará sujeto “a ningún tipo de condicionamiento posterior para su retorno al centro laboral, considerando el mismo nivel y plaza ocupada previo al acuerdo entre la entidad empleadora y el trabajador”.
En la exposición de motivos del proyecto se señala que busca cubrir la “ausencia de normatividad con rango de ley para que las entidades empleadoras puedan otorgar licencias sin goce de haber por periodos prolongados de un año” para los trabajadores que llevan más de siete años de labores.
La iniciativa todavía no fue debatida en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Parlamento.
Reacciones
Para Alicia Jiménez, asociada principal del estudio PPU, la norma es innecesaria porque actualmente ya se pueden solicitar descansos mediante un acuerdo entre partes.
“La disposición en sí es innecesaria porque se trata en la práctica de una suspensión perfecta de labores que ya tenemos en la legislación. También se establece que las dos partes se pongan de acuerdo. Hoy ya se puede hacer. No se trata de una novedad o de un nuevo beneficio. Por el contrario, suena atractivo pensar que se tiene la oportunidad de tener un año sabático, pero no es un aporte importante“, manifestó.
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Adicionalmente, para Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, la norma también afectaría la productividad de las empresas.
“No es correcto porque el trabajador si tiene un tema médico, físico o agotamiento mental puede pedir un certificado médico hasta por un año, que además es pagado. Además de esto, los trabajadores ya tienen 45 días libres al año entre vacaciones y feriados. Entonces los perjuicios serían gravísimos para la productividad. Además, cuando el trabajador retorne también puede haber perdido competitividad luego de haber pasado un extenso tiempo fuera de sus labores”, indicó.
Además, en caso se apruebe el proyecto, las empresas podrían correr el riesgo de demorar en contratar o no poder contratar a empleados para funciones específicas.
“Aún cuando se necesita el consentimiento de la empresa, la norma generaría un costo para la empresa porque tendría que desprenderse de una persona que conoce los procesos y que está capacitada. Eso implica un costo, bien invertir en la etapa de captación y capacitación. También tiene que esperar la curva de aprendizaje para que tenga las capacidades para laborar. Esto puede ser aún más significativo en mypes”, remarcó Jiménez.
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Asimismo, los puestos de trabajo ofrecidos para cubrir a los trabajadores que salen de licencia serían poco atractivos.
“Es difícil ofrecer ese puesto de trabajo porque el trabajador ya sabe que en un año, salvo sea que se le contratará en una nueva posición se va a tener que ir. Uno puede pensar para qué me voy a cambiar por solo un año. Eso dificultará la búsqueda de trabajadores para ese puesto”, señaló Luis Santa Cruz, consejero del área laboral de Miranda & Amado.
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