Menos del 27% del presupuesto del sector salud se utiliza para el cierre de brechas: ¿qué hay detrás de la lenta ejecución?

La emergencia sanitaria originada por el COVID-19 incrementó el gasto en salud hasta alcanzar cifras históricas. A la fecha, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) en este rubro a nivel nacional (que incluye los tres niveles de gobierno) bordea los S/28.817 millones, cifra mayor en 37% al Presupuesto Inicial Asignado (PIA) para el 2021 (S/20.991 millones). La marcada variación también ocurrió durante el 2020, en el primer año de la pandemia, cuando esta variable pasó de S/18.495 millones hasta S/27.157 millones, aumentando en 45% [ver infografía].

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En los últimos dos años, el Gobierno Central administró cerca de la mitad del presupuesto en salud. En tanto, las regiones tuvieron a su cargo el 45% y los municipios el 5% restante. A la fecha, los dos primeros han ejecutado solo el 66% de su PIM, mientras que los gobiernos locales están más rezagados y aún no llegan al 50%.

Estas deficiencias en la ejecución presupuestal se deben a que el PIA para toda la función salud no es suficiente para cubrir los gastos. Esto obliga a que las inversiones presupuestadas por las entidades del sector sean ineficientes y deban esperar a que se les entreguen más recursos.

De este modo, al tener un presupuesto limitado a pesar de que sea mayor al de años anteriores, la ejecución es lenta a inicios de año. “De los 12 meses del año, prácticamente los dos primeros meses no son muy útiles para ejecutar el gasto. Vamos viendo que siempre el primer semestre está en un curso ascendente y recién hacia el tercer o cuarto trimestre que ya se ha dado una gran aceleración en cuanto a la ejecución del gasto”, afirma Virginia Baffigo, expresidenta de EsSalud.

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Esta situación no permite una planificación eficiente de cara a la operación diaria y a la reducción de brechas del sector. “En el primer trimestre uno planifica con el presupuesto que le han dado. Esto es que en el presupuesto [de las entidades del sector] se considera solo el PIA y eso produce unos baches que en la gestión son sumamente complicados. Uno, quiera o no, recorta. Recorta en personal, recorta en compra de insumos, por lo tanto se recorta bienes, servicios, que ahí están los CAS, que representan el 35% del personal”, remarca Óscar Ugarte, exministro de Salud.

Esto genera que en ocasiones los centros de salud públicos sufran deficiencias en personal o en equipamiento, lo que perjudica el servicio brindado a los ciudadanos. “Si falta equipamiento es porque [los centros de salud] no están adecuadamente implementados, porque no han sido mantenidos, y eso es una negociación directa entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas. El mayor aprendizaje en la pandemia es que se necesitan establecimientos en las mejores condiciones, no solamente hablo de equipos, sino en infraestructura”, señala Silvia Pessah, exministra de Salud.

Por rubros

Precisamente la inversión de la función salud en infraestructura es la tercera con mayor participación del total. Esto se debe a la mencionada dificultad para planificar las inversiones frente a las necesidades de la operación y del personal a diario.

Para Pablo Lavado, director de la Maestría en Economía de la Universidad del Pacífico, se deberían automatizar los procesos burocráticos del sector para ahorrar los gastos del personal e invertirlos en el cierre de brechas. “El 30% del costo de una consulta son por gastos administrativos en los hospitales de Lima. Esos gastos tienen que estar por debajo del 15%. Hay muchos gastos administrativos, hay muchos procesos ineficientes, mucho papeleo, mucha burocracia y mucho servicio contratado por tercero es personal administrativo o logístico. Eso se debe automatizar, hacerse más eficiente”, resalta.

La cuenta para la contratación de bienes y servicios aumentó de S/4.487 millones hasta más de S/11 mil millones este año. Dentro de esta destaca la compra de suministros médicos, indispensables en el marco de la emergencia sanitaria, donde se gastaron más de S/3 mil millones, así como los contratos de servicios (principalmente para el personal de primera línea) donde se ha invertido más de S/4 mil millones en lo que va del año.

Este rubro, junto con el pago de personal y pensiones, concentran el 73% del gasto en salud. Mientras, el gasto de capital (que abarca el 27% restante) destacan la construcción de edificios e infraestructura (S/2.700 millones) y la adquisición de nuevos equipos (S/1.600 millones).

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Por su parte, Ugarte resalta que en comparación al PIM que cerrará el 2021, el PIA del 2022 volvió a reducirse [ver infografía]. Esta situación propiciará que siga habiendo dificultades en el cierre de brechas. “En 2022 otra vez lo tienen recortado, en S/22 mil millones. Ese es el problema que no permite implementar políticas de mediano y largo plazo, contratar personal, y realizar inversiones para cerrar la brecha. Ahora solo se puede proyectar a mediano plazo. El cierre de esa brecha va a tardar más que un periodo de gobierno y el presupuesto 2022 se hizo cometiendo el mismo error”, advierte.

Más datos

El gasto en salud durante la pandemia llegó hasta el 12,7% del presupuesto final del 2020 y actualmente representa el 13,2% del presupuesto correspondiente al 2021. Ambas cifras están por encima del 10% promedio alcanzado en relación al presupuesto durante la década pasada.

Si bien en los últimos años se han registrado incrementos en la función salud, la inversión en este sector continúa por debajo de los estándares internacionales, estimados en 6% del Producto Bruto Interno (PBI). Antes de la pandemia, el gasto total en salud estuvo usualmente por debajo del 3% del PBI, e incluso en el 2020, año marcado por la abrupta contracción económica y el notable aumento de los recursos para atender la emergencia, dicho indicador subió solo a 3,84% del PBI.

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