Durante las últimas semanas, Alejandro Aguinaga, quien busca un tercer período en el Parlamento, ha continuado su campaña en Lambayeque visitando a las madres de los comedores populares en Chiclayo y a pequeños grupos de militantes de Fuerza Popular. El médico del encarcelado expresidente Alberto Fujimori también ha brindado sus descargos ante la dirigencia del partido naranja por haber recibido la vacuna del laboratorio chino Sinopharm. Aunque su situación aún no está del todo clara.
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El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, indicó que su agrupación continúa a la espera que se hagan públicos los anexos del informe que realizó la comisión liderada por el exministro de Salud, Fernando Carbone. El estudio, que fue presentado a fines de febrero, concluyó que 101 personas fueron inmunizadas de manera irregular. Pero la lista con los nombres y apellidos de estos hasta el momento no se conoce.
“Él ha dado su versión, nosotros estamos esperando el informe complementario del doctor Carbone, él informe que presentó a los medios de comunicación es general. Aguinaga, como descargo, ha dicho que él fue consultor [del estudio]. Queremos conocer si dentro del informe está ese detalle”, manifestó Galarreta en comunicación con El Comercio.
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El expresidente del Congreso dijo que Fuerza Popular respetará el debido proceso y la presunción de inocencia del candidato.
“Si el informe fuese distinto al descargo [de Aguinaga], eso ya implica un proceso interno”, refirió, para luego precisar que el fujimorismo no puede hacer nada para retirar la candidatura del también exministro de Salud. Esto debido a que el plazo para las renuncias se cumplió el último 10 de febrero, días antes de que se conociera el “vacunagate”.
“Nosotros no vamos a hacer la finta que está haciendo un candidato que bota a su vicepresidenta de la nota a la mañana. Existe un estado de derecho. Definitivamente, en materia electoral esto [las renuncias o retiros] ya está terminado. Aquí no hay que engañar a la gente […] Legalmente, nosotros no podemos hacer nada”, expresó.
Galarreta adelantó que, si algún postulante de su partido llega al Congreso con una mochila o con un acto de “indisciplina”, “no vamos a estar con medias tintas, preferimos perder a un congresista, sea quien sea”.
Al ser consultado por este Diario si el manejo dilatado sobre la situación de Aguinaga no contradice el discurso de “mano dura” de Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, el secretario general fujimorista dijo que esa línea de acción no significa patear el tablero, ni violentar el estado de derecho.
“Al día siguiente [del “vacunagate”] se le pidió sus descargos a Aguinaga, nosotros estamos esperando que el gobierno en lugar de jugar a las escondidas con el informe culmine los anexos. Que diga ‘esta gente sí, esta gente no’. Tenemos que contrastar. No podemos decir que ‘ya, mientras salga el resto del informe te sanciono’. El señor ya dio su descargo, ahora nos falta la otra parte”, remarcó.
El Comercio pudo acceder a parte de los anexos del informe Carbone. Y en el 252 se encuentra una lista depurada que la Universidad Peruana Cayetano Heredia remitió a la comisión investigadora. En este documento se establece que Aguinaga fue “consultor”, pero no se detalla cuál fue su participación, como sí se hace en otros casos.
La casa de estudios también refiere que la relación laboral con el candidato fujimorista al Parlamento fue “previa”.
La UPCH debe aclarar su rol
El exministro Carbone, en diálogo con este Diario, indicó que la Universidad Peruana Cayetano Heredia debe informar sobre cuál fue la labor que cumplió Aguinaga como “consultor” en la vacuna del laboratorio chino Sinopharm.
“La comisión señaló claramente que el fin de las 3.200 dosis [de la vacuna] era para proteger a los investigadores y al personal relacionado con el estudio. ¿Cuál estudio? El ensayo clínico. Si el señor Aguinaga era parte del estudio la universidad tiene que informar qué hacía el señor, la universidad sabe quiénes son parte del equipo de investigadores”, subrayó.
Carbone refirió que la universidad “puede tener un montón de investigadores”, pero debe detallar quiénes estaban dedicados al ensayo clínico de la vacuna china.
“Tiene que informar cuál era la labor de esta persona y dónde están las evidencias”, complementó.
Por ejemplo, a César Loo Cárdenas, el dueño del Chifa Royal, la universidad también le da el estatus de “consultor”.
El portavoz de la bancada de Fuerza Popular, Diethell Columbus, quien a fines de febrero solicitó los anexos, informó a este Diario que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) envió estos documentos al Parlamento. Agregó que los files están en poder de la comisión que investiga el “vacunagate”, que dirige Otto Guibovich (Acción Popular).
Aguinaga, en diálogo con El Comercio, dijo que él no le ha “robado ninguna vacuna a nadie”. Agregó que él fue parte del equipo de investigación en calidad de consultor.
Aunque al ser consultado por este Diario sobre el rol específico que cumplió, evitó ofrecer una respuesta y dijo que eso ya lo ha aclarado la universidad. “Es un secreto profesional, no te puedo decir. Yo he sido ministro y me preguntan sobre temas de salud pública. [La universidad] no emite [un comunicado sobre mi rol] porque no puede violentar la confidencialidad de los estudios, la investigación es reservada”, acotó.
Este Diario intentó comunicarse con Germán Málaga, ex investigador principal de los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 de Sinopharm, a fin de consultarle sobre la labor de Aguinaga en los estudios, pero no respondió a nuestras llamadas.
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Fabienne Weber, esposa de Aguinaga, también está en la lista que la universidad envió a la Comisión Carbone. Ella fue inmunizada en calidad de “entorno cercano”.
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